Un voto de un docente universitario vale en el cómputo final el doble de lo que vale uno de un estudiante, sin que a nadie le parezca el caso un hecho discriminatorio o arbitrario. Si así lo pensara alguien, se escucharían a lo lejos las quejas. No es el caso.
La curiosa escala de valores en el sufragio parece un aspecto impresentable para cualquier sistema democrático contemporáneo, ni siquiera si se propone como se postula una supuesta igualdad entre estamentos para realizar esa cruda disección. No parece llamar la atención, ni siquiera encuadrar en la definición de voto calificado, esa variedad de ciertos iluminados que se plantean perfeccionar las democracias mediante el desprecio de los sectores menos favorecidos, o al menos de menor instrucción.
Se habrá escuchado algo así últimamente, pronunciado hasta con seriedad y aires de estar entregando gravitantes revelaciones: "Y, qué querés, si con lo que vota la negrada que se deja arrastrar por los planes”. Modo miope de insinuar que las únicas prebendas "republicanas” que hacen mella son las que hacen centro entre los más necesitados, como si no existieran otras esferas que caigan en tentaciones semejantes de dejarse arrastrar en el voto por mera conveniencia. Como los que chupan de la teta por razones varias, contratistas, intereses sectoriales y otras yerbas que suelen deformar la democracia.
Hay este tipo de apelaciones al voto calificado tanto por procedencia social, como regional. También supo escucharse últimamente –se recuerda en especial el furcio del porteñísimo y progre senador Pino Solanas, que como político es un gran director de cine- quejándose de lo que votan los habitantes de provincias como Jujuy y Salta. Porque en el ombligo del país, la recoleta Capital, esos sí que son votos a conciencia.
Un sistema de voto calificado requiere, valga la obviedad, de calificaciones. De franjas arbitrariamente establecidas que alteren una igualdad natural. El actualmente vigente en la UNSJ para elegir rector y para elegir decanos, lo es toda su más amplia definición. Desde hace tres períodos, y por instigación de la conducción ejercida por el ex rector Benjamín Kuchen, subsiste sin objeciones un sistema de jerarquización en el voto que establece que:
-Un voto de un docente vale un 50%.
-Un voto de un estudiante vale un 25%.
-Un voto de un PAU (personal de apoyo universitario) vale un 12,5%.
-Un voto de un egresado vale un 12,5%
A partir de allí, ya no son iguales ante la urna. No lo son ante la responsabilidad y la labor que cumplen en la universidad: unos dan clases, otros están del otro lado del pupitre, otros limpian. Pero además de esa variedad de funciones, alguien pretendió y consiguió darles distinta gravitación en la vida política de la entidad.
Los responsables del sistema electoral prefieren desmarcarse de la definición de voto calificado para encuadrarlo en un caso de voto ponderado. Variaciones semánticas, al fin, que pueden hasta convivir y resultar ambas cosas a la vez. Dicen que fue instaurado así para postularse como herramienta igualadora por estamentos, y por facultades en la definición del rector.
Es decir, darle a cada franja de la población universitaria exactamente la misma participación y el mismo peso: a los maestros, a los alumnos, a los egresados y a los porteros. Pero en esa línea argumental, no aparecen –o no se dicen- los motivos por cuales debería resultar así. O, de otro modo, ¿cuál sería el problema de que los alumnos tengan el mayor peso en la definición democrática de la universidad? Si son más personas.
Por el contrario, si a trazos gruesos hay en la UNSJ unos 5.000 y unos 10.000 estudiantes regularizados para poder sufragar, en lugar de respetar ese mapa cuantitativo independientemente de su procedencia y considerarlos sencillamente como uno en el universo universitario, la resolución fue la de alterar el sistema mediante una fórmula arbitraria para que los docentes no pierdan espacio frente a los estudiantes.
Es decir, importa más de dónde vienen que cualquier otra cosa. Esta suerte de imperio del estamento, donde la propia autoridad universitaria se encarga de subrayar y remarcar los límites y los departamentos estancos dentro del mismo universo, además de dar prioridad a unos sobre otros, es lo que aparece consagrado con la ecuación.
Toda similitud a una maniobra para conservar las definiciones en un mismo puño no será mera coincidencia. El mecanismo lubrica la lógica de que la cosa se resuelva entre pocos, total son los más importantes. Y que, en consecuencia, las definiciones de las mayorías no tengan sentido, si es que para igualar el voto de un docente hacen falta dos alumnos. Y sin importar si esos alumnos son buenos o malos, si rinden materias y si hacen la plancha, buena idea para el próximo intento de seccionar por jerarquías -¿por qué no por capacidades?- a la voluntad popular.
Se simplifica de ese modo la campaña y se potencian los vicios: nace con fuerza la rosca docente. ¿Dónde se potenciará una campaña política universitaria si no es entre los que más peso tienen? ¿Para qué perder el tiempo entre los porteros (denominados elegantemente PAU), los egresados y hasta los alumnos, si la carta ganadora está entre los que cortan el bacalao y tal parece que lo seguirán haciendo sin objeción de nadie?.
Se lo podrá definir como mejor le caiga al cliente, la cosa es que el método de elecciones en el ámbito por excelencia del pluralismo y la igualdad, como es la universidad pública, conserva rasgos discriminatorios en su matriz democrática. Que establece que no todos son iguales como personas involucradas en la vida universitaria, sino que la igualdad que hace falta preservar por encima de todas las cosas es la de procedencia (estamentos) y en la definición de rector la de las facultades que componen la universidad. Lo que vuelve a desvirtuar nuevamente la condición de voto universal. Como antes de la ley Sáenz Peña, que acaba de cumplir un siglo, cuando el sufragio les estaba vedado a las damas y a quienes no pagaran impuestos. Menos mal que la escala con el establecimiento del voto femenino no empezó con ninguna ponderación del tipo 2x1, ni siquiera en aquellos tiempos de Eva Perón, o mucho antes en San Juan con la reforma de Cantoni.
Hay poco antecedente de este voto calificado-ponderado, citan los que saben el caso de la universidad pública cordobesa, como dijeron los participantes al debate que salió al aire en Paren las Rotativas (domingos a las 21, por Telesol).
Sí los hay de voto indirecto, y vale la comparación. Como el caso de los EEUU, donde la gente no vota a candidatos sino a electores que luego votarán a esos candidatos en los colegios electorales. Pero así como en la UNSJ se postula la igualdad de estamentos o de facultades ante la elección del rector, alguien podría postular la igualdad de estados entre sí para que ninguno tenga preeminencia sobre otro en un país que es una unión de estados como lo sostiene el propio nombre.
Pero no: California tiene 55 electores y Dakota (cualquiera de ellos, la del Norte o la del Sur) tiene 3. El que gana el estado, aunque sea por un voto, se los lleva a todos. La diferencia de peso en el Colegio Electoral entre uno y otro es la diferencia de ciudadanos (electores) en cada estado. Nada demasiado difícil de entender, ¿no?.