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Investigaciones

La Justicia avanza sobre las refacciones en la casa de Adorni y cita al contratista clave

El fiscal profundiza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y busca reconstruir cómo se financiaron las obras en el country.

Por Redacción Tiempo de San Juan

La causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con foco en las refacciones realizadas en una vivienda ubicada en un country de la provincia de Buenos Aires. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas para analizar los trabajos realizados en el inmueble y citó a declarar al contratista responsable.

Se trata de Matías Tabar, titular de una empresa constructora, quien deberá presentarse el próximo 24 de abril en los tribunales de Comodoro Py. Allí tendrá que aportar documentación clave vinculada a la obra, como presupuestos, contratos, facturas, comprobantes de pago y cualquier tipo de comunicación mantenida con el funcionario o su esposa, Bettina Julieta Angeletti, quien figura como titular de la propiedad.

El requerimiento judicial también incluye información detallada sobre las modalidades de pago utilizadas —ya sea efectivo, transferencias, cheques u otros mecanismos— y los instrumentos financieros empleados para percibir los montos vinculados a la obra, con fechas, cifras y origen de los fondos.

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En paralelo, el juez federal Ariel Lijo dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y una empresa familiar, con el objetivo de analizar los movimientos financieros entre 2022 y 2025.

La investigación también apunta a esclarecer la evolución patrimonial del funcionario, luego de una denuncia que advirtió inconsistencias en sus declaraciones juradas y un incremento significativo de sus bienes. En ese marco, la fiscalía busca reconstruir el origen de los fondos utilizados tanto en esta propiedad como en otras operaciones inmobiliarias recientes.

Además del contratista, fueron citados otros testigos vinculados a distintas transacciones, quienes deberán aportar documentación y registros digitales —como mensajes, correos y audios— para avanzar en la trazabilidad de las operaciones bajo análisis.

El expediente se enmarca en una investigación más amplia que examina diversas adquisiciones y movimientos financieros del entorno del funcionario, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades o un incremento patrimonial no justificado.

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