La Cámara de Diputados convirtió anoche en ley el proyecto por el cual se dispone que el 1° de marzo de 2016 entrará en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que introduce un cambio sustancial respecto del régimen actual al pasar del sistema inquisitorio al acusatorio, en el que los fiscales tendrán un rol central ya que deberán estar a cargo de la investigación de los delitos ocurridos en la justicia federal y nacional.
Además, la Cámara baja envió para su promulgación al Poder Ejecutivo, los que establecen la organización y competencia de la justicia federal penal, la modifican el Código Penal en lo referido a las causales de suspensión del juicio a prueba, el nuevo régimen orgánico del Ministerio Público Fiscal y del de la Defensa y el régimen de subrogancias.
Tras ocho horas de debate, los proyectos fueron votados con disimiles resultados, siendo el de la extinción de la acción penal y la suspensión del juicio a prueba el que recibió mayor cantidad de apoyos: 187 a favor, 29 en contra y dos abstenciones.
Otro de los proyectos que recibió el respaldo de algunos bloques opositores fue el referido al Ministerio Público de la Defensa (163 a 55); en tanto que los cuatro restantes sólo fueron votados afirmativamente por el oficialismo y sus aliados, en resultados que oscilaron entre los 130 y los 133 votos afirmativos y entre los 81 y 88 negativos.
Durante el debate, la diputada nacional Diana Conti (Frente para la Victoria) señaló que la falta de apoyo de la oposición a los proyectos que se debaten hoy "lo único que hace es hundir a la democracia y no respetar la soberanía popular".
"Con este proyecto se busca hacer de un proceso penal algo transparente" a pesar de las consideraciones "difamatorias del Diario La Nación y del monopolio mediático", agregó. Y expresó: "Este proyecto nacional va a seguir andando, asegurando justicia y mayores derechos; porque algo Néstor y Cristina tuvieron la grandeza de tomar grandes luchas populares, hacerlas banderas y llevarlas hasta la victoria."
Por su parte, la también kirchnerista Anabel Fernández Sagasti respondió a los cuestionamientos de la oposición por el no traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, al aclarar que "se ha paralizado la aceptación de un tercer convenio porque no solo reclaman el traspaso, sino también con cargos y presupuesto". Y se preguntó: "¿Por qué todas las provincias tenemos que hacernos cargos de nuestra justicia y a su vez pagarle la de la Ciudad de Buenos Aires cuando se traspase?", por lo que consideró a la demanda como "un planteo que en pleno siglo 21 está fuera de la historia".
En el cierre del debate, el vicepresidente del bloque del FPV, Pablo Kosiner, "los argentinos reclaman una Justicia capaz de dar respuestas a las demandas del pueblo, no hay que legislar para los "operadores de la Justicia".
"Seguimos reivindicando la reforma de la Justicia y la necesidad de democratizarla cada vez más. Los integrantes del Consejo de la Magistratura sean electos por la voluntad popular", completó.
La oposición -encabezada por el radicalismo- hizo hincapié en sus críticas a las reformas introducidas a la Procuración General de la Nación; mientras que el PRO también centró sus objeciones a la organización de la justicia nacional, ya que allí consideró está en juego las atribuciones que se transferirán a la Ciudad de Buenos Aires.
El radical Manuel Garrido dijo que "no se comprende la decisión de limitar la reforma a la Justicia penal nacional que funciona en la Ciudad de Buenos Aires y no aplicarla en los Juzgados Federales que se ocupan de los delitos de criminalidad económica, narcotráfico, corrupción y trata de personas. En lugar de eficientizar la Justicia que afecta más gravemente la convivencia social, estamos modificando la Justicia que se dedica a los delitos contra la propiedad".
En tanto, el presidente del bloque PRO, Federico Pinedo señaló que "esto es un vergonzoso camino de impunidad, porque el Gobierno propone que aprobemos varias leyes que le permitirían al kirchnerismo designar arbitrariamente a los jueces y a los fiscales".
"Lo que no tienen en cuenta es que el derecho a tener fiscales y jueces imparciales, de la ley y no del poder, es del pueblo y los políticos no pueden arremeter contra esto, buscando impunidad de forma abierta o encubierta", aseveró.
Por el Frente Amplio Progresista, Juan Carlos Zabalza (Socialista) expresó que "el paquete de leyes en tratamiento no van en el camino de asegurar una mayor independencia y transparencia de la Justicia; deben incorporar otro tipo de modificaciones".
El proyecto que regula el régimen de subrogaciones para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es una iniciativa que propone que "en casos de licencia, suspensión o vacancia de los jueces de los tribunales inferiores es atribución del plenario del Consejo de la Magistratura designar jueces subrogantes en los casos de licencia o suspensión del titular y en casos de vacancia para los tribunales inferiores de acuerdo a la normativa legal vigente".
Fuente: Minuto Uno
