Pese a que el socialismo de Santa Fe achicó la brecha electoral tras las primarias del 19 de abril pasado, en el plano judicial sumó un problema grave para su candidato a gobernador, Miguel Lifschitz. El fiscal federal con competencia electoral Walter Rodríguez pidió formalmente su desafuero –al igual que el del presidente del partido y diputado nacional Hermes Binner– por negarse a declarar en la causa que investiga "aportes privados" irregulares en su campaña a la gobernación en 2007 por casi $ 2 millones.
Según consignó Tiempo Argentino, una auditoría de la Cámara Nacional Electoral reveló una posible violación de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, la 23.215, que podría inhabilitarlos como candidatos. La justicia entendió que faltaron de manera injustificada a brindar explicaciones por lo que pidió que sean conducidos por la fuerza. Entre las irregularidades detectadas hay aportes de empresas concesionarias de servicios públicos, sindicatos y de una empresa que ganó una licitación para explotar el puerto santafesino y que está bajo la lupa por lavado de dinero producto del narcotráfico.
A través de un comunicado difundido el último día hábil de abril, la fiscalía federal que comanda Rodríguez ordenó que se le quiten los fueros a Lifschitz y Binner por su reticencia a presentarse ante la justicia para ser indagados. La fiscalía con competencia electoral que tiene delegada la investigación sobre los aportes ilegales de la campaña que en 2007 lo catapultó a la gobernación santafesina, los citó en dos oportunidades a declarar.
Nunca se presentaron ni contestaron los requerimientos. Los balances correspondientes a ese financiamiento de campaña que fueron desaprobados a raíz de las irregularidades encontradas, llevan la firma de Binner como presidente del PS, y de Lifschitz como tesorero. Además de las ausencias, ambos propusieron recusar al juez que tiene a su cargo el expediente, Reinaldo Rubén Rodríguez.
Al tomar su decisión, el fiscal destacó que concurrieron a declarar los representantes de otras fuerzas que también presentaban objeciones. Entre ellos también estuvo el candidato del PRO que encabezó las PASO, Miguel Del Sel, que arrastra irregularidades de su campaña a la gobernación en 2011 (ver recuadro). "La fiscalía celebró el acto previsto por el artículo 353 bis del Código Procesal Penal en los casos del Partido del Campo Popular Orden Nacional, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Alianza Santa Fe Federal, Alianza Compromiso Federal, Alianza Proyecto Sur y PRO". Pero agregó que "no así con los referentes del Partido Socialista a raíz de registrar dos inasistencias injustificadas del presidente y su tesorero, que dieron espacio al impulso de la publicación del Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados previsto en la Ley 25.320". Así puso en marcha el pedido de desafuero.
Esa norma prevé que "cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político".
El pedido no tiene un trámite sencillo: deberá ser puesto en la agenda de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados –para el caso de Binner–, emitir un dictamen en 60 días y obtener un tratamiento en el recinto a los 180 días. Lo mismo para el Senado santafesino, donde Lifschitz tiene una banca por Rosario, pero además integra esa comisión clave.
Tiempo reveló el 14 de octubre de 2014 que la causa podía poner en riesgo las candidaturas del socialismo, dado que se les imputa un delito que podría inhabilitar sus postulaciones. Tanto el entonces presidente como el tesorero y hoy aspirante a la gobernación santafesina eludieron el llamado ante lo que podría ser una complicación judicial con incidencia electoral.
En 2008, el auditor León Derhovsepian, que integra el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Electoral, informó en el expediente que "no se acompaña la documentación respaldatoria de los ingresos" para esa campaña, sino "una lista detallada de aportes de personas físicas titulada Aportes Partidarios 2007 que totaliza 781.907,07 y que no coincide con ninguno de los totales detallados".
El balance fue finalmente desaprobado ante la imposibilidad de probar el origen de $ 1.879.207,07 pesos. Como consecuencia, la justicia ordenó el retiro de los aportes estatales al financiamiento partidario del PS. Las irregularidades fueron constatadas –además de por el auditor– por la de los tres fiscales federales que, por el paso del tiempo, intervinieron en el trámite de la causa –Cintia Gómez, Marcelo Del Teglia y el propio Rodríguez– quienes también dictaminaron por cuestionar la documentación y no aprobar los estados contables que le están trayendo un dolor de cabeza al PS.
El revés judicial llega tras el escándalo por el recuento de votos en las PASO y en medio de la peleada campaña para renovar autoridades, el próximo 14 de junio.
Fuente: Infonews
