Es un cargo de mucho peso judicial que requiere capacidad jurídica, ya que deciden sobre las condenas de las personas y sobre lo que hacen los jueces de primera instancia.
A su vez, calaría hondo la posibilidad de que el nuevo magistrado integre el tribunal que resuelva los planteos pendientes en el escándalo de las expropiaciones, o integre el tribunal del futuro juicio en esa causa judicial, nada más y nada menos que la más importante en la historia provincial, impulsada por el Gobierno Provincial y de la que depende el futuro legal de abogados, ex jueces y funcionarios.
En esa carrera se anotaron 18 postulantes. Entre ellos hay jueces y fiscales de primera instancia, funcionarios judiciales y abogados litigantes.
LOS JUECES
En la tanda de los jueces que se anotaron para que los asciendan a la Cámara Penal (el sueldo es mayor al de primera instancia -supera los 50.000 pesos- y deciden sobre los jueces que instruyen), hay dos lotes: el de los experimentados y el de los que oxigenaron al Poder Judicial y demostraron capacidad de gestión.
Entre los experimentados están Mónica Lucero, del Tercero Correccional, y Guillermo Adárvez, del Tercero de Instrucción. Ambos tienen una extensa trayectoria como jueces de primera instancia y en sus años de trabajo sortearon todo tipo de causas, desde las más enredadas hasta las de mayor impacto social. A juzgar por esa experiencia, es difícil dudar de su capacidad para saltar a la Cámara Penal.
Pero habrá que ver cómo talla en ellos la causa de las expropiaciones. En el caso de Adárvez, ya se inhibió de intervenir en la etapa de instrucción, cuando la ex jueza Rosselot pidió licencia, argumentado amistad con la ex juez Rosalba Marún, quien es investigada en el escándalo.
En el caso de Lucero, si bien legalmente no tuvo que expedirse, en Tribunales aseguran que tendría una relación de amistad con Santiago Graffigna, el principal sospecho y único detenido por ese escándalo, por lo que, tal vez, no podría intervenir si es nombrada jueza.
En el lote de los jueces considerados nuevos, ya que no llevan más de tres años en la primera instancia, están Eduardo Agudo (Primero Correccional); Silvina Rosso de Balanza (Cuarto Correccional); Benito Ortiz (Primero Instrucción) y Maximiliano Blejman (Cuarto de Instrucción). Todos ellos llegaron tras la jubilación de otros jueces.
A nivel de exposición pública, debido a la gravedad de los delitos que investigan, quienes demostraron un alto desempeño y resolución con una velocidad mayor a la que tenían sus antecesores, son los jueces Blejman y Ortiz. Éste último, antes de ser juez, fue Secretario en dos salas de la Cámara Penal y hasta en la misma Corte de Justicia; antes fue diputado provincial por el radicalismo.
De todas maneras, ése es un dato más que hace al desempeño de los jueces, lo que no quiere decir que sí o sí son los que tengan en cuenta quienes tienen la misión de seleccionarlos y elegirlos.
En la tanda de los "jueces nuevos” la causa de las expropiaciones también tendría puntos a favor y en contra. En el caso del juez Ortiz, fue subrogante en el Quinto de Instrucción y dictó un procesamiento contra el ex juez Macchi y Graffigna, por lo que podría llegar a ser cuestionado para que intervenga en segunda instancia. Aunque en Tribunales explican que lo hizo sobre la base jurídica de la ex jueza Rossellot, por lo que ese punto no está del todo claro.
En el caso de Blejman, oficialmente no le tocó tener que decir legalmente si puede o no intervenir en las expropiaciones. La única oportunidad en la que tuvo que intervenir fue durante una feria judicial de enero que estaba en turno y la negó a Graffigna el pedido de ir preso a su casa, lo que luego terminó otorgando la Sala II.
Aunque, según fuentes estrechamente vinculadas a la mega causa, dicen que tendría una relación de amistad con la familia del ex juez Macchi.
En ese marco, Blejman, al igual que Mónica Lucero, nunca afirmaron o negaron legalmente si pueden o no intervenir en la mega causa.
En el caso de los jueces Agudo y Rosso de Balanza, a simple vista no tendrían impedimentos para la mega causa.
LOS FISCALES
Los dos fiscales que pretenden ser juez de cámara son Daniel Guillén, Fiscalía de Instrucción N° 1, y Graciela del Pié, Fiscalía Correccional N° 5.
Ambos tienen una extensa trayectoria en el Poder Judicial con experiencia en temas penales.
Respecto de su vínculo con la causa expropiaciones, en el caso de Guillén se inhibió por amistad con la ex jueza Marún cuando el Gobierno Provincial hizo la denuncia penal. Mientras que Graciela del Pié tuvo y tiene una intervención directa con la mega causa, debido a que fue nombrada como ayudante del fiscal Carlos Rodríguez, por lo que hay hasta dictámenes con su firma. Tal vez esa gestión la pueda complicar a la hora de tener que intervenir en la mega causa si es fuera nombrada como jueza de cámara.
LOS FUNCIONARIOS
Entre los funcionarios judiciales hay dos anotados: Juan Bautista Cuart y Ramón Alberto Caballero.
Cuart es el actual Secretario del tribunal de la Sala III, en el que se produjo la vacante. Es un funcionario con mucha experiencia en el manejo de la Cámara Penal, goza de excelente reputación entre abogados y jueces y no tendría impedimentos en la causa de las expropiaciones.
Mientras que Caballero también es un funcionario de experiencia, pero en la primera instancia.
Si bien no es funcionario, en ese bloque de empleados del Poder Judicial que aspiran al cargo de camarista entra Daniela Pringles Pinazo, una empleada de la fiscalía.
LOS ABOGADOS
En el lote de los abogados litigantes considerados de mayor renombre en el fuero penal están Ricardo Moine, Diego Sanz, Rolando Lozano y Fernando Echegaray. En Tribunales les reconocen a todos ellos una capacidad suficiente para ser juez de la Cámara Penal.
De ellos, Moine es quien no tuvo una intervención directa con la causa expropiaciones. En el caso de Sanz, fue querellante en la llamada causa conexa, por lo que legalmente tampoco está impedido de actuar, si es que lo nombran juez de cámara.
Mientras que Lozano (además de ser muy respetado, durante los últimos dos años representó al Foro de Abogados en el órgano que hacía las ternas de las que se elegían a los jueces) y Echegaray sí podrían tener un obstáculo con la mega causa: Lozano es el abogado de Graffigna. Y Echegaray del otro abogado investigado, Horacio Alday. Eso implicaría que ambos no podrían llegar a intervenir en la causa de las expropiaciones como jueces de cámara.
A la lista de los 18 aspirantes la completan el abogado penalista Carlos Daniel Rivadeo, Diego Raúl Molina (hijo de un fallecido juez de la Sala I) y Javier Cámpora, quien fue juez del Tercero Correccional y lo destituyeron.
