Gustavo Mulet tiene por delante días movidos. Por un lado, la vigilia de la recuperación de su hija Coty, quien acaba de ser trasplantada en EEUU por una severa enfermedad y por el otro porque la semana entrante deberá explicar su participación en uno de los expedientes del escándalo de las expropiaciones.
El caso de Coty se conoció porque la joven padece Anemia de Franconi y se realizó una gran movida solidaria en toda la provincia para permitir que se realizara un trasplante de médula ósea en un hospital de Minessota, EEUU. La campaña “Solidarios hasta la médula” consiguió recaudar más de un millón de pesos, más de la mitad de lo que cuesta el tratamiento, y un juez federal permitió que el dinero se girara EEUU.
Coty fue operada finalmente esta semana y el resultado aparentemente fue positiva, aunque aún resta conocer la evolución de la compatibilidad para permitir que la joven atraviese con éxito la operación. Su familia está con ella para apoyarla.
Pero su padre, Gustavo Mulet, está citado para el miércoles de la semana próxima a dar declaración informativa en uno de los expedientes del escándalo de expropiaciones, el conocido como “Suraty”. En ese caso, Mulet fue el abogado inicial de sus dueñas originales, las mujeres de la sociedad San Vicente de Paul, que llegaron a tener sentencia de cobro por $1,1 por la expropiación del terreno donde hoy está el barrio Orzali, en Rawson. El asunto es que Mulet y la Sociedad nunca pudieron cobrar porque recibían oposición de la Fiscalía de Estado y así estuvieron durante 7 años. Hasta que vendieron los derechos, el 65% para Miguel Suraty –amigo y cliente de Santiago Graffigna- y el 35% restante para una secretaria de Mulet llamada Mónica Almeida, quien a su vez luego lo cedió a la hermana de un abogado socio de estudio de Mulet.
Cuando vendieron los derechos en $20.000, ya había planilla de cobro por cerca de un millón de pesos. Lo primero que hicieron fue recusar con cusa a la jueza d ese momento Miriam Bettio, y la investigación cayó en manos de Rosalba Marún de Sobelvio, procesada también en el escándalo. Marún habilitó el pago sólo un mes después.
Mulet argumenta que él intervino hasta el año 1997 cuando las mujeres hacen las sesiones de los derechos, y él se aleja. Entendió –dijo- que Graffigna sería quien se haría cargo de la defensa. ¿Y cómo dice lo que dice Mulet? Por medio de un escrito que presentó en el juzgado cuando se enteró que sería citado a declarar y donde afirma que a partir de 1997 ya no tuvo más contacto con la causa.
A los investigadores no les cierra y por eso lo citaron a declarar esta semana. Habrá que ver si está en el país el miércoles. Si no está, debe comunicar al juzgado que no se presentará y allí comienza otra historia, porque ese mismo miércoles será el último día de trabajo de la jueza Rosellot a cargo del juzgado que investiga el escándalo. Junto con Mulet debían declarar en esta tanda José Prividera, quien es el dueño original de la causa “Basáñez”, pero no se presentó por enfermedad. Y el lunes es el turno del propio Alberto Basáñez.
¿Qué pasará con la investigación? La Corte puede resolver poniendo un subrogante –ya estuvo Maximiliano Blejman, pero éste podría apartarse por amistad con el hijo de Macchi si es que ingresa una denuncia en su contra-, podrá hacerse cargo el juez que sigue en nominación, Benito Ortiz, o se entrará en un largo impasse hasta que se designe al reemplazante de Rosellot o hasta que pasen 90 días y la Corte resuelva poner a alguien a cargo de modo interino.
domingo 26 de abril 2026
