Para evitar que delincuentes compren uniformes de policías o
de penitenciarios, la Cámara de Diputados aprobó una ley por la cual se crea un
Registro Provincial para la Comercialización de Indumentaria y Accesorios para
las Fuerzas de Seguridad. Todos los locales que vendan uniformes deberán estar anotados
en este listado. Los negocios tendrán un plazo de 30 días después de publicada
la ley en el Boletín Oficial para ajustarse a la normativa vigente.
El proyecto de ley lo envió el Poder Ejecutivo, basado en
una iniciativa de la diputada basualdista Lucía Sánchez. Contó con la
aprobación unánime de los legisladores de todos los bloques. El diputado, José
Peluc, insistió con la necesidad de que se apruebe próximamente una iniciativa
del legislador Pablo García Nieto, quien quiere regular la seguridad privada.
La diputada Mariela Monti, presidenta de la comisión de
Justicia y Seguridad, dijo que se hace necesaria la aprobación de esta ley por
la creciente cantidad de delitos en los que actúan delincuentes vestidos con
uniformes de la Policía, visión con la que todos asintieron.
La ley además de formar un registro también permitirá saber
quién compró un uniforme, qué accesorios decidió adquirir también. Esto
permitirá realizar un seguimiento sobre las prendas vendidas.