La Cámara de Senadores de la Nación tendrá este miércoles una sesión más que relevante, donde, a partir del mediodía, tratará el proyecto de reformas al Código Procesal Penal, cuya iniciativa del Poder Ejecutivo ya obtuvo dictamen de comisión la semana pasada.
La reforma central, y que fue debatida desde diversos ámbitos, es el cambio de concepción de la normativa, de un sistema judicial "inquisitivo" a uno "acusatorio" en el que los fiscales tendrán la responsabilidad de la investigación en las distintas causas, mientras que los jueces se reservarán para resolver y sentenciar.
El nuevo Código ingresó al Senado el 22 de octubre y obtuvo el respaldo de la mayoría de los integrantes de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, luego que recibió varias modificaciones tras tres semanas de audiencias en las que se hicieron presentes especialistas en materia judicial, así como el ministro de Justicia, Julio Alak, y el viceministro de esa cartera, Julián Álvarez.
Entre los más de cuarenta cambios introducidos al proyecto, se modifica el artículo 35 referido a la Suspensión del Proceso a Prueba, vinculado a los extranjeros que sean encontrados en flagrancia delictiva.
Asimismo, se mantiene la posibilidad de mantener detenido a quien haya sido encontrado en flagrancia durante 72 horas y se agregó la posibilidad de que el fiscal pueda prorrogar esa detención por 72 horas más.
Otra modificación es la eliminación de la "conmoción social" como uno de los agravantes que debe tener en cuenta el juez para dictar la prisión preventiva.
No obstante, se mantienen otros aspectos a tener en cuenta por el magistrado, como la existencia de peligro de fuga del acusado o que éste pueda entorpecer la investigación en función de la gravedad de las circunstancias del delito, su naturaleza o las condiciones del imputado.
El plenario de comisiones también recortó las facultades que poseía el Ministerio Público Fiscal para distribuir a los fiscales en las diversas causas.
En tanto, los senadores no modificaron la facultad del fiscal de estar a cargo de la investigación preparatoria que puede tardar hasta un año y que concluye con la acusación del imputado, exhibiendo las pruebas pertinentes al juez.
(Fuente: Diario Registrado)
