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Desembarca en San Juan la organización que sacude a la justicia

Es Justicia Legítima, grupo integrado por jueces y fiscales nacionales que impulsa los cambios en el sistema judiciales. Están en varios distritos y ahora comenzará a formarse en San Juan con funcionarios y abogados de tono crítico. ¿Quiénes son? Por Sebastián Saharrea

Por Redacción Tiempo de San Juan

El día que estalló la grieta judicial entre magistrados alineados con Ricardo Lorenzetti y los encolumnado con el movimiento reformista Justicia Legítima, en San Juan no hubo nadie que saliera a poner la cara por éste último. Al menos, en público.
Ahora ya son varios los que se animaron a sacar la cabeza y ya le dieron forma a lo que será Justicia Legítima filial San Juan, o algo parecido. Una delegación sanjuanina de jueces y fiscales encolumnados en los aires reformistas nacionales, con el patrocinio del gobierno nacional y un discurso claramente enrolado con la necesidad de cambios en el Poder Judicial.
El movimiento nació en la Capital Federal como una respuesta a un movimiento liderado por la asociación de Magistrados, que firmaron una solicitada reclamando por la independencia de la Justicia justo cuando la Cámara Civil falló a favor de Clarín por la ley de medios y levantó quejas políticas en el oficialismo. Pero ese pedido no fue granítico mi uniforme, porque otro grupo de funcionarios judiciales contragolpearon con otra solicitada en la que plantearon la necesidad de independencia del poder político, pero también del poder económico. Quedó configurada así la división entre magistrados: los alineados con la Corte y la entidad más importante del país de magistrados, y la reformista cercana al gobierno y liderada, entre otros, por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó.
A primera vista, en San Juan no había germinado Justicia Legítima. Un primer relevamiento realizado por Tiempo de San Juan indicó lo que era casi obvio: que un grupo fuerte de jueces provinciales enrolados en el Colegio de Magistrados y bajo la batuta de su entonces activo titular Roberto Pagés Lloveras había quedado automáticamente suscribiendo la solicitada de sus colegas nacionales y cercanos a Lorenzetti, mientras que los críticos y reformistas no habían anotado ningún poroto visible.
Pero las cosas cambiaron muchos desde entonces, hace tres meses. Primero, que Pagés Lloveras ya no está más encabezando las tertulias del Colegio de Magistrados local, luego de su exposición en el escándalo de las expropiaciones. Segundo que, lejos de esfumarse, los efluvios de Justicia Legítima fueron cobrando más fuerza. Y, tercero, que un desprendimiento de jueces sanjuaninos inconformes con el Colegio ya están armando la organización nacional para presentarla en San Juan.
Sus promotores son la jueza Margarita Camus y el abogado litigante Fernando Castro. Camus acaba de presentar su renuncia al Colegio de Magistrado, disconforme por lo que considera un desplante de la entidad por no defenderla ante las críticas por su eventual desempeño en el caso de la mujer asesinada por su esposo ante los hijos. Había corrido la versión de que ella lo había excarcelado, lo que no era cierto. Y Camus fue blanco, como suele serlo habitualmente, de fuertes críticas. Por eso se fue, pese a que ya mantenía una relación tirante.
Castro es el abogado de Camus en los juicios por la represión en la dictadura, y fue uno de los promotores de la queja presentada ante la Justicia Federal por las palabras de Alberto Coccelatto, jefe de la armada en San Juan, quien dijo que Videla no era una deshonra para la fuerza.
Camus y Castro se vienen moviendo desde hace tiempo para hacer desembarcar en San Juan a Justicia Legítima, pero estaban esperando el fin de juicio que los tiene como protagonistas, para no confundir los tantos y evitar interferencias -ese juicio que terminó esta semana, con condenas históricas- ahora salieron a mostrarse y a invitar a colegas.
Cuentan que no han tenido mala cosecha pero que hasta ahora no hay nombres concretos porque no los quieren quemar. En los primeros tanteos, han conseguido la venia de varios magistrados enojados con el Colegio y que en voz baja se mostraron cercanos, especialmente varios de las nuevas camadas. También hay fiscales y miembros de las defensorías públicas, teniendo en cuenta que a nivel nacional están en Justicia Legítima las máximas jerarquías de ambos sectores, Gils Carbó y Stella Maris Martínez respectivamente.
Otro motivo para no adelantarse al final de los juicios por la dictadura es que varios de los funcionarios judiciales mendocinos que los llevan adelante están enrolados en la organización en Mendoza. Y la figura más importante de Justicia Legítima en la región es un flamante cortista de esa provincia, Omar Palermo, quien podría estar presente en San Juan cuando sea presentada.
Palermo es el jugador regional más importante de Justicia Legítima, pero no es el único en Mendoza, donde los críticos han reclutado a muchos magistrados, a diferencia de San Juan, donde aún no se hace ver ninguno. La fecha tentativa es apenas transcurrida la feria judicial, para mostrar quiénes son los primeros enrolados sanjuaninos a este movimiento reformista. Buscan hacerlo con una fuerte movida y la presencia de algunos de los más encumbrados miembros: el más posible es Alejandro Slokar, miembro de la Cámara de Casación.

¿Qué es Justicia Legítima?
Se trata de un nucleamiento que respalda los cambios en el Poder Judicial impulsados por el gobierno, pero que no se limitan exclusivamente a ellos. Nacieron como la contracara de los jueces alineados con la Corte, y entre ellos está la procuradora Gils Carbó, la defensora Martínez, el jurista Slokar y una importante cantidad de jueces y fiscales que se han ido sumando con el paso del tiempo.
Llevan ya dos jornadas de debate en la Biblioteca Nacional, donde también sesiona Carta Abierta, y varias jornadas en el interior del país, la última esta semana en La Plata. Si bien no pertenece a la entidad, hay un cortista cercano, Eugenio Zaffaroni.
Postulan el mejoramiento del servicio convirtiéndolo en más accesible para todos, el acceso democrático de jueces y empleados, y apoyan la ley rechazada por la Corte de votar a los integrantes del Concejo de la Magistratura.

 

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