El pedido de suspensión al titular del Quinto Juzgado Civil, Carlos Macchi, tomó envión esta semana y podría ser definido el lunes próximo, cuando el Jurado de Enjuiciamiento se reúna para tomar un contacto formal con la acusación que hizo el fiscal penal Eduardo Mallea, subrogante del Fiscal General de la Corte en este proceso de destitución que se inició en el marco del escándalo por la mega estafa contra el Estado por causas de expropiaciones.
Si bien no se conocieron oficialmente los motivos de la acusación formal, tomó estado público que el fiscal Mallea está convencido de que el juez Macchi perjudicó al Estado en las causas que tramitaba Graffigna. Por ejemplo, hubo al menos cuatro causas en que las cifras que Macchi obligó judicialmente al Estado a pagarle a Graffigna fueron exorbitantes e irracionales.
Antes ya habían pedido la suspensión contra el juez Macchi. Lo hizo el Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, el 9 de mayo último. Fue cuando acusó formalmente al magistrado y presentó cajas de evidencias ante el Jury.
Tras modificarse una ley, el Fiscal de Estado puede participar en el proceso de destitución a funcionarios públicos con fueros, una medida que garantizó este tipo de procesos, ya que antes el peso caía sólo en el Fiscal General de la Corte: si acusaba había proceso contra los sospechosos y, si no lo hacía, la denuncia moría en el intento.
De esta manera, los dos representantes de la sociedad en el Jury –el Fiscal de Estado cuida los intereses estatales y el Fiscal General lo hace desde el punto de vista penal-, pidieron la suspensión del juez Macchi y lo acusaron formalmente para que se inicie el proceso de destitución de sus fueros.
En ambas acusaciones se abrió una puerta para que en el futuro el juez Macchi también deba afrontar un proceso penal en su contra, por lo que se sumaría al listado de 12 sospechosos que por ahora está investigando la jueza del Quinto Juagado de Instrucción, María Inés Rosellot.
Cabe recordar que en ese listado hay otro magistrado: Rosalba Marún, quien era la titular del Primer Juzgado Civil, y se jubiló para zafar de afrontar un jury en el que podría haber perdido sus fueros y los beneficios de jubilarse como juez, es decir, con el 82 % móvil de sus ingresos.
Ahora, la palabra final por la suspensión del juez Macchi la tiene el Jurado de Enjuiciamiento, que está formado por Ángel Medina Pala –cortista- como presidente; los diputados Pablo García Nieto y Marcela Monti –en representación de Diputados- y los abogados Carlos Lima y Pablo Ramela, por el Foro.
Ese tribunal puede decidir la suspensión el lunes o en cualquier otro momento, ya que no está obligado a cumplir una fecha en particular. La suspensión pedida por los dos fiscales es para garantizar el proceso contra Macchi, ya que entienden que, estando en funciones, puede recibir, buscar o dar información que podría entorpecer el proceso.
Por otro lado, en el caso de que sea suspendido, no quiere decir que eso implique algún tipo de prejuzgamiento contra el magistrado en cuestión. Incluso, esa medida también está pensada en beneficio del mismo acusado, ya que al estar suspendido podría tener más tiempo para preparar su defensa.
Más recusaciones
Además de tomar un contacto formal con la acusación del fiscal Mallea, el Jury deberá resolver también el planteo de la defensa del juez Macchi, desde donde pidieron una recusación para los dos diputados que integran ese tribunal, para el Fiscal de Estado y para la Fiscalía de Estado.
Ese pedido lo hizo el abogado Guillermo Toranzo, quien sostiene como argumento que esos integrantes del sistema para enjuiciar a los jueces pertenecen a una misma comunidad política.
Ya con anterioridad el defensor intentó apartar del proceso al Fiscal de Estado y no le dio resultado.
Jueces vs. Jueces
Los jueces de primera instancia Benito Ortiz –cuya argumentación fue la base de la decisión- Maximiliano Blejman y Leopoldo Zavalla, definieron que los jueces de la Cámara Penal Juan Carlos Peluc, José Vega y Eduardo Gil debían integrar el tribunal para tratar los recursos que surjan de la investigación que está haciendo la jueza María Inés Rosellot sobre la mega causa de las expropiaciones. Y el argumento fue un revés a uno de los principales motivos para inhibirse: la amistad entre alguno de los 11 imputados y los camaristas. El juez Ortiz argumentó que la amistad que sostenían los camaristas no se encuadraba en el grado que especifican las causales de inhibiciones.
La situación generó una situación muy particular en Tribunales: los jueces de primera instancia le dijeron qué hacer a los camaristas, quienes juzgan lo que ellos hacen.
