La intendenta de Rivadavia tiene en su contra una sentencia para indemnizar por $90.000 al fiscal de Estado, por injurias. Agotadas todas las instancias, ahora todo depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Por Daniel Tejada.
Se cumplieron cinco años esta semana. El martes 11 de marzo de 2008 el titular del Segundo Juzgado Correccional, Eduardo Gil, comunicó su fallo: culpable. Ana María López de Herrera, ya convertida en directora de Defensa del Consumidor, era penalmente responsable por haber injuriado a Guillermo De Sanctis.
La sentencia remitía al episodio ocurrido en septiembre de 2006, cuando la combativa líder sindical docente había descargado su esgrima verbal contra el dirigente justicialista que José Luis Gioja había elegido como ministro de Educación. De Sanctis se bajó del puesto antes de asumir y llevó a la secretaria general de UDAP a la Justicia.
Aquel fallo penal en primera instancia que encontró culpable a Ana María terminó, de apelación en apelación, en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal le devolvió la causa al juez Gil para que lo analizara a la luz de la nueva legislación vigente y el magistrado declaró el caso prescripto en mayo de 2012. En el medio del litigio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había promovido alivianar el delito de injurias en el Código Penal. Detalle no menor.
Pero en 2013 queda otra parte aún pendiente de resolución que mantiene en ascuas a ambos dirigentes del oficialismo provincial. Y nuevamente la Corte Suprema tiene la última palabra. La intendenta de Rivadavia carga con otra sentencia en su contra –confirmada- que le ordenó pagar 90.000 pesos a De Sanctis, en carácter de reparación. Pero el desembolso está frenado hasta tanto haya respuesta a un recurso de queja, presentado hace unos seis meses.
La defensa de Ana María, a cargo del abogado Alberto Marcelo Bustos, cuenta con dos argumentos para revertir la sentencia civil: 1- Que no existió el delito imputado; y 2- Que el fallo civil fue anterior al penal y por lo tanto resulta nulo.
Así lo explicó Bustos a Tiempo de San Juan. “Lo penal quedó terminado. Ella quedó absuelta en la Corte Suprema de la Nación. En el tema civil hubo una condena confirmada en segunda instancia y en la Corte de Justicia de la provincia, por eso llegamos en recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación”, dijo el letrado.
“No hubo delito. La señora López de Herrera tuvo una defensa de la posición gremial. Aparte al despenalizarse la injuria, aún cuando podría haber sido un delito -que no lo fue- no puede decirse desde el punto de vista civil tampoco”, advirtió Bustos.
Sin embargo toda la cadena judicial de la provincia lo entendió en el sentido opuesto, empezando por el fallo condenatorio del entonces titular del Octavo Juzgado Civil, Daniel Olivares Yapur, en 2010. Ahora resta saber qué posición asumirá el tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti, que ya será inapelable por tratarse de la última instancia posible en el sistema argentino.
El Ministerio de Educación había quedado acéfalo a raíz de una serie de problemas de salud que aquejaban a Pedro Mallea. Los días se convirtieron en semanas y las semanas, en meses. Finalmente el jueves 7 de septiembre de 2006 el gobernador Gioja anunció que su entonces asesor Guillermo De Sanctis se haría cargo de esa delicada cartera y que lo pondría en funciones el miércoles de la semana siguiente. Ese mismo jueves estalló el escándalo.
Ese día una gruesa columna de docentes, liderados por la secretaria general de UDAP, Ana María López de Herrera, marchó hasta el Ministerio de Educación. Hubo silbatinas en contra de De Sanctis y un discurso muy duro de la sindicalista con una frase que quedó grabada: “El espanto me enmudece”.
Después vinieron innumerables entrevistas en los medios de comunicación en las que Ana María no ahorró críticas y cuestionamientos subidos de tono hacia el futuro ministro de Educación. Según la denuncia de De Sanctis, la sindicalista también habría hablado de una denuncia por agresión física hecha por su ex pareja cuando era diputado nacional en 2001 y de presuntas vinculaciones con el mundo de la droga.
El día previsto para la asunción, el miércoles 13 de septiembre de 2006, De Sanctis no juró como ministro de Educación. Él mismo, en conferencia de prensa, explicó los motivos de una decisión personal:
"He decidido no asumir tan alta función porque considero que no soy la persona adecuada para construir consensos con un factor esencial del sistema educativo como es la docencia y el sindicato más representativo de dicho sector que es UDAP. Esto, teniendo en cuenta el alto grado de descalificación con el que vengo siendo tratado por la señora secretaria general de UDAP, y por lo tanto no me considero habilitado para comprometer la gestión del gobernador Gioja", dijo.
CLAVES DEL CONFLICTO
1- Asunción fallida. El 7 de septiembre de 2006, en la víspera del día del maestro, el gobernador anunció que designaría a Guillermo De Sanctis como ministro de Educación. Ese mismo día UDAP marchó por las calles con Ana María López de Herrera al frente. La asunción terminó abortada.
2- Esgrima verbal. La entonces secretaria general de UDAP criticó en duros términos a De Sanctis y particularmente recordó las diferencias que tuvieron en los años ’90, cuando era legislador provincial. “El espanto me enmudece”, dijo la sindicalista en la movilización por las calles.
3- Agravios. Sin embargo, De Sanctis recopiló una serie de declaraciones mediáticas de Ana María en las que ella se habría extralimitado al hablar de un episodio de presunta violencia doméstica y hasta una acusación por drogas contra el fallido ministro de Educación.
4- A tribunales. De Sanctis llevó a Ana María a la Justicia por injurias y obtuvo sentencia favorable en el ámbito penal y en el ámbito civil. Sin embargo, la defensa de la actual intendenta de Rivadavia llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La causa penal se terminó cayendo por prescripción.
5- 90.000 razones. La civil todavía está pendiente. La justicia provincial falló a favor de De Sanctis y ordenó a Ana María pagar una voluminosa indemnización. Sin embargo, la defensa volvió a recurrir a la Corte Suprema con un recurso de queja, para que se deje sin efecto la obligación de ese pago.
