Debutó Adolfo Caballero al frente de la Corte con un petardo explosivo: señaló a los judiciales como responsables del retraso en Tribunales. Los hechos lo contradicen.
Por Sebastián Saharrea.
A veces se milita con la idea de que los jueces hablen con la gente en español corrido, antes que mediante el contenido de su florida y mayoritariamente retorcida retórica de sus sentencias. Pero otras veces parece preferible que se callen.
Adolfo Caballero es, entre los cortistas, el más proclive al micrófono. Desde hace años que empuja a los jueces a quitarse el miedo escénico y a abandonar la reclusión de sus escritorios. También desde hace tiempo ha desarrollado destreza criolla en el manejo mediático: es nítidamente el cortista con mayor actividad social, desde la presidencia de la Federación Gaucha nacional y sus clásicas cabalgatas a la Difunta, entre otros asuntos de fuerte repercusión que frecuentemente lo encuentran en cámara.
Suele ocurrir que cuando le toca el turno de presidir la Corte, el medio sonríe: sus colegas no acostumbran a pronunciar palabra pública y reducen a la Corte al gris y burócrata despacho del que surgen las sentencias más gravitantes de la provincia, sin un miserable matiz adicional. Por caso, alguna explicación, alguna opinión, algo que los demuestre humanos. El resto de los cortistas mostraron en sus períodos en la presidencia la destreza pública de un elefante en un bazar. Cero contacto social, apenas alguna aparición pública en el estacionamiento del edificio de Tribunales, y píldoras de encuentros formales sin mayor interés que el de salir en la foto.
Ahora volvió a tocarle la presidencia a Adolfo Caballero por obra y gracia del paso del tiempo: un año para cada uno. Y vaya a saber por qué motivo extraño, el presidente de la Corte resulta ser siempre el único autorizado para hablar, como si el resto hubiera sufrido alguna extirpación momentánea. Los hay cortistas que ni aún en turno ensayan el sano ejercicio del contacto. Y los hay verborrágicos, como Caballero y pocos más (más bien, ninguno).
Pero resulta que este año en la presidencia no será para el cortista criollo como ninguno de los años que pasaron, en los que sólo era necesario saber barrenar las olas más fáciles para llegar a aguas mansas sin dificultad. Esta vez será distinto, y el único cortista al que se le conoce la voz lo comprobó de entrada.
Aparecen este año los Tribunales en el ojo de la tormenta, tanto a nivel nacional como provincial. El palacio está en el centro del escenario, y encima se le notan los flecos. Si bien la Corte local sólo tiene jurisdicción en la justicia provincial, la influye notoriamente el estado de ebullición y debate que se presenta en todo el país, con secuelas que seguramente llegarán a los magistrados locales: no sólo aparecen apretados para que paguen Ganancias como cualquier hijo de vecino, sino también para que abandonen otros privilegios a la hora de las designaciones tanto de magistrados como de empleados, un punto en el que la justicia sanjuanina se ha graduado con medalla de honor.
Pero también aparecen bajo la atención pública en San Juan, tal vez como nunca. Porque es ahora cuando los jueces provinciales deben depurar la imagen enturbiada por presuntos delitos cometidos por magistrados en condición de tales, por obra y gracia de la investigación penal más pesada de la historia judicial sanjuanina como el escándalo de las expropiaciones. Otra imagen de marcará la época fue la rebelión de los empleados judiciales, a los gritos en el ascensor contra un integrante de la Corte y en plena movilización interna en Tribunales, como nunca había ocurrido antes.
Delicado momento, nada menos que con la legitimidad y la calidad del servicio en juego, para manejar los hilos del servicio judicial de la provincia y de aparecer como su voz cantante. En ese contexto, el debut de Caballero en ese rol no fue del todo afortunado. Más bien lo contrario: al momento de identificar las causas por las cuales la justicia es tan lenta, dijo sin ponerse colorado que una de esas causas es “el personal”.
No sólo fue una bomba por su efecto en la relación de la “familia judicial” –como se le llama a ese extraño cuerpo de intereses cruzados en los Tribunales-, sino sobre la convivencia y sobre la reflexión profunda del asunto. Sonó algo así como si Bianchi responsabilizara a los jugadores por los tropezones del equipo que él mismo dirige. Aunque en el fondo tenga algo de razón, lejos está de lo aconsejable.
El asunto es que no tiene razón. Como cuando reza el refrán que “el problema no es del chancho sino del que les da de comer”, en las estructuras jerárquicas hay responsables por franjas. Y por alguna razón, los que mandan reciben mejores sueldos: no debería ser por ser amigo de alguien, sino por hacerse responsable.
De los más de 1.200 empleados que hoy forman parte del Poder Judicial provincial, se calcula que al menos un 70% por ciento fueron designados bajo mandato de esta composición de la Corte. Y no precisamente por los medios más presentables. Son los que ingresaron en los últimos 17 años, fecha del último recambio en la Corte, y que siguieron sus directivas para poder tener un lugar en la “familia”: apenas una vez existió un concurso, un tanto sui géneris, para responde a la presión social que despertó el escándalo por un caso en que una concursante recibió, además de las preguntas, también las respuestas.
Luego, cuando esa presión se fue descomprimiendo, nuevamente los concursos pasaron a mejor vida y retornó el viejo sistema de ingresos digitados en los que siempre se quedan con la mejor parte los señalados por amigos o familiares. Ahora, la Corte acaba de anunciar que se abrieron 82 nuevas vacantes y que acaban de decidir regresar al sistema de concursos para permitir que pueda acceder cualquier hijo de vecino. Con semejante anzuelo, la cola de aspirantes será de varias cuadras. Deberán poner esfuerzo en no defraudarla.
¿Y a qué problemas se refiere el ambiente y la misma Corte admite distribuyendo culpas? Ni más ni menos que a la calidad del servicio, que viene resquebrajado desde hace años y que por estos tiempos pasa por sus peores horas, con un protagonismo estelar de la morosidad judicial. Es decir, cuando la justicia llega tarde, o directamente no llega, en cuyos casos debería ser encasillada como injusticia.
Bajo este enfoque, cada día que pasa el problema es peor, sin que el catalejo pueda divisar la proximidad de alguna playa cercana para al menos ocuparse del asunto. El reciente informe de Tiempo de San Juan es lapidario: de los 1.100 presos que había en el penal de Chimbas en agosto pasado, 643 –es decir algo más de la mitad- estaban sin condena, mientras que el nuevo relevamiento de este año señala que los internos sin procesar son 695 entre un universo algo menor, porque ahora los internos del penal son 1.035.
Es decir que en sólo seis meses, creció un 7,5% la cantidad de presos sin condenas, un verdadero despropósito para cualquier sistema judicial civilizado que se propone no mezclar a los presos condenados con los sin condenas, porque éstos últimos son potencialmente inocentes y se los obliga a pagar una pena de años por la que luego pueden ser absueltos.
Pero el asunto es peor aún. Porque de esos 1.100 presos aproximados –el número varía diariamente-, la mitad no está ni quiera procesado, es decir que no pesa sobre ellos ninguna presunción fuerte de culpabilidad. Y muchos de ellos ni siquiera han visto de cerca a un juez.
¿A qué otro factor puede atribuirse esa locura que algún evidente desfasaje en el sistema judicial provincial? Que hay jueces que trabajan a full y son muy laboriosos, que las causas desbordan los escritorios, que hace falta la creación de más juzgados, que los empleados no alcanzan. Todos argumentos tan entendibles como reales. Pero ninguno que exceda lo que la Corte no está facultada para corregir. Y hasta obligada.
