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el más caro de la historia

70 millones de pesos por un canal, otro escándalo por las expropiaciones

Son tres fracciones del Banavídez por casi dos hectáreas, que ya tienen sentencia de cobro. Para llegar a los más de $50 millones más honorarios hubo presuntas irregularidades escandalosas en el proceso. Dudas sobre el rol de un juez y una jueza. Y una mutual off side. Por Sebastián Saharrea.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Por Sebastián Saharrea

Fue expropiado en 1949, pero nunca la provincia pudo probar que lo pagó. Más de 50 años más tarde apareció un abogado a reclamar y presentó una demanda. En el medio hubo una historia de no creer, un proceso plagado de posibles irregularidades: la aparición de una mutual quebraba que cedió el terreno bajo la atenta mirada de una jueza, el asombroso retiro de la cancha del Tribunal de Tasaciones, la concesión a incorporar en el fallo más terreno del demandado, o la obligación de pagar por veredas y muros que podrían no haber existido e inflaron el precio final. Y el juicio logró prosperar: un juez y una cámara le dieron la razón y le fijaron un precio que ya pasó los $50 millones por el peso de los intereses computados a más de medio siglo atrás. A cobrar, si no fuera porque la provincia apeló a la Corte y el pago está suspendido.

El esquema es muy parecido al de los otros escándalos por las expropiaciones. Es el caso del canal Playas, por el que se llamó al hoy más reconocido como Canal Benavídez y que para el expediente judicial se llama “Yanzón de Graffigna”: es una franja constituida por tres terrenos que no superan las 2 hectáreas. Y en el medio, aparecen los protagonistas de los otros escándalos: el abogado Santiago Graffigna –el abogado que llevó adelante la demanda-, la jueza Marún de Sobelvio o el juez Carlos Macchi. Con otros actores de reparto que también sobrevolaron otros casos: el ex camarista Moisés Moya o los miembros del Tribunal de Tasaciones.

Por la mecánica finamente planificada, el monto en disputa y el comportamiento de los jueces y de los funcionarios, el caso “Yanzón de Graffigna” es un capítulo de los más resonantes del escándalo de las expropiaciones en el que se condenó a la provincia a pagar millonadas por terrenos a los que les inflaban los precios.

Pese a que fue expropiado el lugar en 1949 para hacer el canal de riego, la demanda fue presentada el 7 de abril de 2005, 56 años después. Son tres terrenos cuyos fondos dan al canal: les fue expropiado una fracción a cada uno. Están a lo largo del canal entre la diagonal Viamonte y la calle Colón, justo detrás de los barrios Smata y Mutual del Barrio San Juan y de la bodega Graffigna. El proceso cayó en el Quinto Juzgado Civil, a cargo de Carlos Macchi, y el comportamiento del magistrado en esta causa puede llegar a costarle el cargo.

Los dueños de los terrenos en cuestión son tres: Angel Capriotti, el propio Santiago Graffigna –que cede una porción a Mónica Yanzón de Graffigna y le da nombre al expediente-, y Mario Enrique Graffigna. De acuerdo con los defensores de la provincia, los tres demandantes están flojos de papeles porque ninguno tiene la inscripción a su nombre en el momento de la demanda. ¿Se le pudo pasar eso al juez? Vamos caso por caso.

-El terreno 1 es el de Angel Capriotti, tiene 5.530 m2 y está sobre la diagonal Viamonte. Capriotti llegó como heredero de su madre Josefa López de Ballester, a nombre de quien estaría inscripta la propiedad: ¿Capriotti era el único poderante?
El juez Macchi convalidó esa legitimación. Su secretaria es de apellido Capriotti, igual que el dueño del inmueble, y habría tenido participación en el expediente. No se descarta que se trate de la hija de Angel, de nombre Verónica.

-El terreno 2, de 4.552 m2 y a nombre de Santiago Graffigna y Mónica Yanzón de Graffigna, es el que presenta los mayores interrogantes. Tiene una larga historia porque en 1988, cuando estaba a nombre de Miguel Korich, hubo una diligencia a Hidráulica para saber si se había pagado la expropiación. Le respuesta fue no. ¡Bingo!

Luego, esa propiedad pasó a la Mutual del Personal Banco San Juan, donde esa entidad construyó un barrio en la parte anterior, sobre la calle Sargento Cabral. Pero la fracción en cuestión expropiada para el canal es la posterior, atrás de todo. Y aquí se abren los misterios. Porque la mutual entró a tener problemas financieros y fue intervenida por el INAE, pero el interventor –Leandro Sambrizzi- no logró encaminarla y hubo que liquidarla. ¿En qué juzgado cayó la liquidación? Sí, en el de Marún de Sobelvio.

Cuando se decidió la liquidación, la juaza Marún resolvió en el 2003 ordenar la venta mediante una cesión onerosa de los derechos y acciones por la fracción expropiada, ¿a quién? A Santiago Graffigna. Y le puso precio: $4.000. Lo curioso es que tres años más tarde –en 2006 y cuando ya estaba presentada la demanda- la jueza resolvió transferir el terreno a Graffigna por aquellos mismos $4.000 que Graffigna había pagado por la cesión de los derechos. Dudas por todos lados, con dos agregados.

Uno, que el avalúo fiscal del inmueble en esa fecha era de $12.000 y todos saben que esa suma es inferior al precio de mercado: la jueza lo enajenó en un tercio. Y por esa misma fracción, si el juicio se pagara ahora, Santiago Graffigna obtendría alrededor de $10 millones.

Dos, los especialistas consideran que si se estaban liquidando los bienes de la mutual, lo que debería haber hecho la jueza Marún esa subastarlos, como hizo con otros bienes. Pero a los derechos y el terreno los transfirió directamente a Graffigna sin ninguna compulsa.

-El terreno 3 es que alberga adentro a la Bodega Graffigna y la cancha de Colón, entre otros. En sus fondos está la fracción expropiada para el canal, donde está la usina. Ese inmueble está a nombre de Mario Graffigna por una dación en pago en el marco de un acuerdo judicial con otros familiares. En esa dación intervino el ex camarista Moisés Moya, quien luego tuvo que fallar cuando la expropiación llegó a sus manos, y lo hizo.

La confusión con esta propiedad pasa por la inscripción. Porque Graffigna le cede a la empresa Transporte y Arquitectura Diferenciada SA y ésta se lo devuelve porque dice que no la pudo inscribir a su nombre. Los abogados de la provincia tienen documentación que indica que, pese a lo que dice la escritura, sí se pudo inscribir a nombre de TyA SA.

Hay otras dos cosas que no cierran sobre esta propiedad. Que la superficie demandada es de 9.711 m2, pero el perito de parte (de Graffigna) Fernando Videla –la única pericia válida, como se verá- tasó 14.000 m2. ¿Y por cuanto falló el juez? Por los 14.000. Y que la ley que habilita la expropiación no abarca toda la superficie.

Quedan otras dos perlitas en el proceso que contribuyeron a inflar el precio de una manera bochornosa: el agregado al juicio de más terreno con posterioridad mediante un procedimiento judicial que se llama bonificación de título, y el pase de ballet con el que se sacaron de encima al Tribunal de Tasaciones, el organismo constitucional que debe decir cuánto valen las propiedades.

El primer episodio se dio cuando el perito de Graffigna –Videla- descubrió que el terreno de su propiedad hay una franja de 805 m2 de más, según la mensura. Y pidió que se le sume a su propiedad, como bonificación de título. Pero ese excedente no era de la fracción expropiada sino un terreno fiscal, por lo tanto sin inscripción y de propiedad del Estado. Y pertenecía al cauce donde iba el viejo canal. Pero el juez le dio la razón a Graffigna, lo bonificó, y esa porción terminó empujando para arriba el precio general.

Y por fin aparece la participación del Tribunal de Tasaciones. O su no participación, mejor dicho. ¿Cómo es eso? Aunque parezca increíble, el organismo no presentó su pericia, la perito oficial Ana María Melvin lo hizo más tarde y no fue convalidada, y la única que fue tomada como útil fue la del perito de Graffigna.

El increíble desplazamiento fue posible gracias a una cuestión de plazos. Es que la perito Melvin se enfermó, el Tribunal pidió la sustitución y Graffigna se quejó airadamente porque le estaban “cuidando las espaldas” a la demandada, es decir la provincia. El juez Macchi le dio la razón y no le dio lugar y dio por decaído el plazo del tribunal para presentar su trabajo.

¿Y con qué elementos dicto su sentencia el juez? Sólo valoró la pericia del agrimensor Fernando Videla –presentado por Graffigna- y el testimonio de dos testigos que aparecieron: Nereo Conti y Angel Domínguez, además de fotos aéreas de la época. Y condenó a la provincia a pagar no sólo por las propiedades flojas de papeles y las nuevas extensiones sino supuestas veredas y muros de dudosa existencia que siguieron tirando para arriba los precios.

Parece bastante insólito que una propiedad rural de 1949, en el medio de la nada, haya tenido muros y veredas. ¿Y cómo acreditó el juez su existencia? Con fotos aéreas de la época obtenidas en Catastro: habrá tenido buena vista Su Señoría porque en esas fotos se puede ver cualquier cosa menos veredas. Además del sentido común: veredas de qué calles o de qué línea de edificación, si la fracción expropiada estaba y sigue estando en el medio de la nada.
Lo habrá orientado el testimonio de un testigo, pero de la lectura de su declaración surge otra cosa. Porque a Domínguez se le preguntó para que diga si había veredas y él contestó que sí.

Pero con un problema: le preguntaron si las había sobre la calle Viamonte o sobre la calle Sargento Cabral, no en los fondos de esos terrenos, que fue lo expropiado. Sí, había veredas, pero donde ahora está la bodega. ¿Pudo un error de interpretación haber orientado un fallo donde se juega tanto dinero?

Lo mismo ocurrió en el muro de cierre: nadie lo vio, pero hay que pagarlo. Los testigos dijeron que había alambrados y el juez falló a pagar el muro: cualquiera sabe no sólo que no es lo mismo, sino que no cuestan lo mismo. Y que ese dinero computado con intereses a más de medio siglo atrás termina convirtiéndose en una fortuna.

Así fue, el fallo del juez Macchi fue en diciembre de 2007 y la Sala III de la Cámara Civil –con el voto de Moisés Moya, recusado en otras causas por ser allegado a Graffigna- lo confirmó en marzo del 2010. No corrigió ni siquiera la bonificación de título por ser más de 5% de la propiedad, como esa misma sala hizo en el caso “Badino, Abel”. Ahora, la última palabra la tiene, como siempre, la Corte.

El juego de los parecidos

-Con Ruiz Guillermo (la vereda de Matías Zaballa y San José por la que se pagó $20 millones): Aparece una entidad cedente en el medio. Y los intereses.
En “Ruiz, Guillermo” fue la Sociedad San Vicente de Paul, dueña del terreno, que cede los derechos a Ruiz y éste a Graffigna. En Canal Playas, aparece la Mutual del Banco San Juan que cede a Graffigna con autorización de la jueza Marún de Sobelvio, en lugar de rematar.
El peso de la suma a pagar la dan los intereses, en un caso a 1952 y en otro a 1949.

-Con Suraty (el terreno de barrio Orzali cedido a Suraty -cliente de Graffigna- cuando ya tenía sentencia de cobro): Aparece la jueza Marún.
En Suraty, la jueza Marún de Sobelvio es la que permite el pago –después de que los derechos quedaran en manos del cliente de Graffigna- que la jueza civil anterior frenaba. En Canal Playas, la jueza Marún es la que cede en medio de la liquidación los derechos por el terreno de la Mutual del Banco San Juan.
 
-Con Carbajal (el caso de Cuesta del Viento que motivó la ampliación de denuncia): También aparece la jueza Marún.
En Carbajal, la magistrada fue acusada de haber concentrado en su juzgado otras dos causas que estaban en otros juzgados y que habían desaparecido. Por esa razón, el fiscal y la jueza penal decidieron indagarla y podría enfrentar un jury.

-Con Parque de Mayo (el caso por el que se podrían pagar $1.500 millones por la expropiación de 5 hactáreas donde están los dos estadios): Aparece el juez Carlos Macchi. Se sacan de encima al Tribunal de Tasaciones. Y pesan los intereses.
En Parque de Mayo no tuvieron en cuenta las opiniones del Tribunal de Tasaciones y en Canal Playas tampoco, mediante un mecanismo escandaloso. La diferencia es que en el primer caso se presentó la pericia, pero se la consideró extemporánea. Y en el segundo ni siquiera se presentó.
El peso de la cifra a pagar la dan los intereses. En Parque de Mayo, desde 1923. En Canal Playas, desde 1949.


Las cifras de la sentencia

Inmueble 1 (Angel Capriotti)
Vereda:    $48.084,30
Muro de cierre: $188.854,38
Terreno: $ 978.023,61
Mejoras: $62.255,60
Total:  $1.277.217,89
Intereses
8% anual entre 1-6-49 al 31-03-91 (334,8%):  $4.276.893,72
Tasa activa entre al 31-08-12:    (459,2%)  $5.865.112,27
Total   $11.419.223,88


Inmueble 2 (Santiago Graffigna)
Vereda:   $41.949,90
Muro de cierre: $69.683,44
Terreno:     $963.794,06
Mejoras:         $10.926,57
Intereses
8% anual entre 1-6-49 al 31-3-91 (334,8%)  $3.637.766,52
Tasa activa al 31-8-12   (459,2%)           $4.988.646,07
Total           $9.712.766,55

Inmueble 3  (Mario Graffigna)
Vereda:   $129.818,70
Muro de cierre:   $434.762,44
Terreno:  $ 2.674.813,6
Mejoras:  $34.915,44
Total:    $3.274.310,44
Intereses
8% anual entre el 1-6-49 al 31-3-91  (334,8%)  $10.964.360,80
Tasa activa al 31-8-12  (459,2%)   $15.035.960,97
Total:  $29.274.632,21


Total general:     $50.406.622,65
Honorarios aproximados:  $20.000.000

 

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