Para los mendocinos, el no a la minería es más fuerte que la crisis económica

7722 es el número de ley provincial impulsada por el entonces gobernador Cobos que prohibió en Mendoza la actividad minera con el uso de cianuro. En la provincia vecina hay quienes entienden que hay gestos políticos para hacerla a un lado: por un lado, del gobernador Pérez en su intención de captar una parte de la actividad que se orienta a San Juan, y por el otro unas 40 empresas mineras que están esperando un fallo de la Corte mendocina para declarar inconstitucional la ley.
Pérez oscila entre el activismo antiminero que le fija la agenda con grupos movilizados en rechazo de la actividad, y su propio interés de ir de a poco desatando el nudo que recibió sellado de gestiones anteriores, ante los evidentes beneficios económicos de una actividad que se mueve fuerte en su vecina San Juan. Y se siente atrapado: que por un lado le reclaman cómo no es capaz de captar una porción de esa actividad minera –especialmente en tiempos de vacas flacas como estos-, pero por el otro le marcan la cancha con la ley Cobos.
Algo de eso se vivió en Mendoza el 9 de Julio, cuando el gobernador viajó junto a su equipo al departamento San Carlos, gobernado por el más antiminero de todos los intendentes, el demócrata Carlos Difonso. Allí Pérez habló de las penurias económicas que atraviesa la provincia, nada distinto de las que recita por estos días cualquier gobernador de provincia, San Juan incluida. Y dijo que no habrá más fondos para ningún empleado estatal más. Estricto.
En el desfile, el trago amargo que debió soportar fue cuando llegaron al palco unos 200 activistas disfrazados con máscaras mortuorias y mensajes apocalípticos referidos a la minería. Le entregaron un petitorio y buscaron arrancarle algún gesto, alguna palabra que convalidara la movida, alguna foto.
Paco Pérez no dio margen para nada de eso. No mostró mueca ante los reporteros gráficos que estaban esperando un aplauso del gobernador a la manifestación antiminera, que nunca se produjo. Le preguntaron por el petitorio, que dice que hay presiones para declarar inconstitucional la ley y que pretenden que el gobierno provincial no afloje en la postura impuesta desde hace años.
A Perez se lo vio disgustado y dispuesto a no entregar ninguna concesión a este grupo. Y cuando le preguntaron qué opinaba sobre el contenido del petitorio, respondió seco: “No sé, lo tengo que leer”.