claves para entender

Las 5 incógnitas del escándalo de las expropiaciones

Esta semana fue movida para la mega-investigación: hubo una ampliación de denuncia y el fiscal pidió indagatorias. Quedan una serie de preguntas que sólo el tiempo irá descubriendo. Por sebastián Saharrea.
sábado, 30 de junio de 2012 · 12:09

Por S. S.

1 – ¿Cuál será el desempeño de los fiscales?
Hay que dividir en dos: por un lado, el desempeño del fiscal Daniel Guillén que está a cargo de la causa en el juzgado penal, y por el otro el del Fiscal General, Eduardo Quattropani, que será quien entienda cuando llegue a la Corte la megacausa, o alguna de las investigaciones o resoluciones laterales. O cuando llegue el turno que resolver si se le pide jury a alguno de los jueces civiles sospechados por sus sentencias de pago, porque la Constitución ordena que sólo el Fiscal General es el que puede acusar: ¿qué hará? Igual, Guillén es subalterno de Quattropani y todas las decisiones en la instrucción las toman en conjunto.
Hasta ahora se escucharon quejas de parte de quienes buscan impulsar la causa por los tiempos del fiscal Guillén. Por ejemplo, citan la acusación en la causa lateral contra Graffigna por administración fraudulenta, anulada por la Cámara por la manera en que fue presentada y luego convalidada por la Corte. Lo cierto es que la causa se mueve, y lo seguirá haciendo, según los tiempos del fiscal.
Los fiscales rechazan cualquier objeción a su trabajo y sostienen que han acompañado a la querella. Y ahora llega el momento clave: cuando deberán analizar la conducta de los jueces y decidir si les inician o no juicio político.

2 – ¿Está en condiciones de la justicia de avanzar en la investigación?
Hay varias situaciones que la condicionan. Primero, la jueza a cargo, María Inés Rossellot, está en edad de jubilarse y ya pidió el beneficio de la moratoria para pasar a retiro. No es un buen dato para una causa que acumula pilas de expedientes y que si tiene que enfrentar un cambio de magistrado le llevará horas, días, meses, ponerse al tanto de los avances.
Segundo, el fiscal también se queja por la falta de recursos para llevar adelante una causa tan compleja. Se entiende por recursos a técnicos y ayudantes que le permitan avanzar con mayor ritmo, porque además de la mega-causa de expropiaciones la fiscalía de Guillén lleva adelante una gran cantidad de procesos. Cuentan entre los fiscales que hay distritos o provincias que montan fiscalías especiales para investigar determinado tipo de delitos complejos que demandan mucho tiempo, sin que ese personal se distraiga en otros casos.
Lo mismo le ocurre a la jueza Rosellot. Además de la mega-causa por las expropiaciones tiene a su cargo una larga lista de casos que ingresan a su juzgado, muchos de ellos con necesidad de resoluciones rápidas porque hay gente detenida. Sin ir más lejos, en junio la jueza estuvo de turno, es decir recibiendo todas las investigaciones penales de la provincia.

3 – ¿Qué pasará con los jueces bajo sospecha?
Es uno de los mayores interrogantes. Porque hasta ahora, la lupa está puesta en los movimientos del abogado Santiago Graffigna y su entorno, pero hubo poco avances en las responsabilidades de los resortes del Estado, a excepción del caso de Norberto Baistrocchi, abogado de Fiscalía de Estado –fallecido esta semana- cuya cesantía fue el disparador del caso.
Pero ahora la investigación comienza a involucrar a los magistrados y para juzgarlos hará falta antes someterlos a juicio político. Uno de ellos es Carlos Macchi, titular del Quinto Civil, que emitió los fallos en el polémico caso “Ruiz, Guillermo”, el Parque de Mayo, Canal Playas (Benavídez) y alguno de Cuesta del Viento. La otra es Rosalba Marún de Sobelvio, que falló en el caso sospechado de Forum Shopping (Carabajal, Cuesta del Viento) y en el polémico caso Suraty. También el propio Graffigna dijo que si enjuician a ellos dos, también deberían hacerlo con Roberto Pagés, otro juez civil.
Otro caso pendiente es el del ex camarista Moisés Moya, quien se acaba de jubilar pero fue salpicado por la ampliación de denuncia a causa de su relación con Santiago Graffigna, a pesar de la cual no se apartó de fallar en causas que lo tenían como abogado.

4 – ¿Habrá detenidos?
Eso es lo que supone el abogado Santiago Graffigna. Al menos fue lo que sostuvo en la conferencia de prensa en la que habló del caso y dijo temer por su libertad. Graffigna ya estuvo detenido por la causa lateral a la mega-causa, donde se lo investiga por administración fraudulenta contra su cliente, la familia Manrique de Cuesta del Viento.
Ahora el fiscal pidió la indagatoria de él, de los integrantes del Tribunal de Tasaciones y de la perito Ana María Melvin, de Fiscalía de Estado. También se produjo un hecho desgraciado porque Guillén solicitó el miércoles la indagatoria del abogado Norberto Bastrocchi, pero al día siguiente falleció como consecuencia de una larga enfermedad. En cambio, no pidió la indagatoria de Horacio Alday, citado en la ampliación de la denuncia y que en la causa lateral tuvo pedido de captura.
También habrá que esperar para saber por qué delitos se los indaga. Si es por asociación ilícita, la posibilidad de que algunos de ellos queden detenidos es una alternativa fuerte. Hay que tener en cuenta que mientras no exista sentencia firme contra ellos, lo que deberá tener en cuenta la jueza es si pueden presentar un escollo para la causa en el caso en que esperen el juicio en libertad.

5 – ¿Se puede recuperar la plata pagada?
Es uno de los objetivos en el caso en que se compruebe la presencia de un delito. Pero se trata de una acción complicada porque para eso deberían tener un mapa de la ruta del dinero.
Por lo pronto, habría algún indicio que dinamita la piedra angular donde se apoyan estos juicios: que las expropiaciones nunca fueron pagadas. Hay en algunos casos alguna señal en contra de esa certeza, que invalidaría todos los procesos de cobro que vinieron después.


Una guía para entender

-¿Qué se investiga?
Si hubo una red de abogados, jueces, peritos del Tribunal de Tasaciones y Fiscalía de Estado dedicada a estafar al Estado obligándolo a pagar sumas altísimas por terrenos expropiados hace décadas.

-¿Cómo era la supuesta operatoria?
En la mayoría de los casos se trata de expropiaciones no pagadas en el momento en que se hicieron. Los abogados contestaron la demanda o pidieron directamente que se paguen y se computen los intereses al año en que se expropió. Se investiga también si el Tribunal de Tasaciones “colaboró” para subir el precio y si desde la Fiscalía de Estado dejaron hacer sin poner ninguna traba. Y si hubo jueces que aportaron lo suyo con las sentencias de pago.

-¿Cuáles son los casos?
Hay varios en Cuesta del Viento, por el dique. Allí se expropió pero no se notificó a tiempo a los “expropiados”. Luego hay importantes diferencias de criterios en el precio por hectárea, beneficiando a los casos patrocinados por Graffigna. Y desaparecieron las actas de toma de posesión, que sirven para fijar el precio. Por lo tanto, se tasó a precios posteriores, obviamente más altos.
Luego está el caso “Ruiz, Guillermo”, una vereda por la que se pagaron $25 millones computando intereses desde 1951. Y el caso Suraty, donde un cambio de juez sirvió para que salieran los pagos por más de $ 1 millón que con otro juez no se pagaban. En ambos, la dueña del terreno era la Sociedad San Vicente de Paul cuya titular cedió los derechos por $120.000 entre los dos.
También está el canal Benavídez, una expropiación de hace varias décadas en la que se pagaron curiosas mejoras. Y el Parque de Mayo, que tiene sentencia de pago por $40 millones y debe computar intereses al año 1923.

-¿Cuántas causas hay y quién las investiga?
Está la mega-causa, que es la principal presentada por el gobierno provincial. Denunció esta supuesta connivencia entre abogados, jueces, peritos y funcionarios. Y la investiga la jueza María Inés Rosellot, del Quinto de Instrucción. De allí se desprendió otra causa que fue la denuncia presentada por una familia de Iglesia contra el abogado Santiago Graffigna por administración farudulenta. Por esa estuvo detenido Graffigna y con pedido de captura Alday, su ex socio, y también la investiga Rosellot. Ahora, podrá tener también a su cargo la ampliación de denuncia, si el fiscal la impulsa.

-¿Quiénes son los protagonistas?
Por la querella, intervienen el Fiscal de Estado Guillermo De Sanctis y el abogado Rubén Pontoriero. El fiscal es Daniel Guillén y el fiscal general, jefe de Guillén y que interviene por lo que llegue a la Corte, es Eduardo Quattropani. Los abogados de Graffigna son Rolando Lozano y Fernando Rahmé. Los de Alday son Raúl Alonso (civil) y “Peluco” Echegaray (penal). El abogado de la perito Ana María Melvin es Diego Seguí.

-¿Cuánto dinero se pagó?
Se calcula que entre todos los casos se abonaron alrededor de $200 millones y que una buena parte de esa suma se pagó como consecuencia de los precios inflados.

-¿Cuánto queda por pagar?
Hay muchos casos que fueron apelados y aún están en Cámara o en la Corte. Por ejemplo el juicio Lobbe de Morón –Parque de Mayo- está siendo revisado en segunda instancia y si debiera ser pagado, la suma ascendería a $3.000 millones, impagable para el Estado provincial.


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