El abogado del escándalo no tiene un peso: investigan si transfirió sus bienes

No tiene nada a su nombre, ni inmuebles, ni depósitos. El abogado que llevó adelante la mayoría de los casos del escándalo de los precios inflados y que retiró sumas millonarias de Tribunales es insolvente y ahora fue denunciado para que la justicia investigue un misterioso movimiento de propiedades que estaban a su nombre y que fueron transferidas a terceros antes de recibir la denuncia penal: son al menos 9 propiedades a las que apunta la denuncia, 2 de ellas pertenecientes a un fideicomiso.
La denuncia fue presentada por una de sus clientas, Margarita Esquivel de Manrique. Es la misma que le presentó una denuncia por administración fraudulenta en la que lo acusó de haberla presionado para declarar ante un juez, en la causa por la que Santiago Graffigna quedó detenido. Ahora le apuntó a los movimientos de sus bienes, para que se investigue si el abogado cometió una insolvencia fraudulenta. Se trata de una denuncia presentada ante la fiscalía que deberá sopesar la misma jueza, María Inés Rosellot, que tiene en la mira a Graffigna en otras dos causas: la citada por administración fraudulenta y la megacausa. Y podría ser el puntapié inicial del seguimiento de los números del escándalo: a dónde fue a parar el dinero que se cobró.
La presentación, patrocinada por los abogados Diego y Gabriel Sanz, apunta el movimiento de inmuebles y presenta documentación con las transferencias en cuestión. Y apunta a demostrar que Graffigna se desprendió de manera fraudulenta para no ser víctima de embargos o manejos de dinero.
Pero Graffigna es el abogado que cobró personalmente la mayoría de los pagos en los juicios polémicos. Muchos de ellos, en nombre de sus clientes, y muchos de ellos por honorarios o como titular de las acciones. Una pericia que está armando la querella para establecer cuánto se pagó efectivamente en este escándalo ya lleva la cuenta en más de 45 millones de pesos y eso que faltan computar muchos casos. Calculan que la suma superará los $70 millones, y a eso hay que sumarle lo que ya tiene sentencia pero tiene los pagos suspendidos por la cautelar presentada por el gobierno.
La nueva denuncia contra Graffigna lo apunta no sólo por una presunta insolvencia fraudulenta, sino también por haberlo hecho en connivencia con su esposa Elsie Palana y otras tres personas a las que sospecha por haber recibidos las transferencias de esos inmuebles: Pablo Moya –hijo de Moisés Moya, el camarista que justamente fue recusado por su cercanía con Graffigna-, Carlos Vargas Hidalgo y Adolfo Nicolás.
Relata la denuncia que cuando fue procesado Graffigna en la causa por administración fraudulenta, la jueza Rosellot le trabó embargo preventivo en el Registro de la Propiedad y en el Banco San Juan. Pero el registro le contestó que sólo había dos inmuebles a nombre de las hijas de Graffigna con el usufructo para su esposa. Y el banco indicó que no pudo trabar embargo de $500 mil que había ordenado porque no había fondos.
Agrega la denuncia que unos meses antes, el registro de la propiedad señaló que “existen una serie de inmuebles que se encontraban inscriptos con anterioridad a la denuncia penal” a nombre de Graffigna. Y los describe: uno en Capital pasó a nombre de Moya, otro sobre calle Colón pasó a nombre de Nicolás. Y otros dos quedaron a favor de Vargas. Estos dos últimos forman parte de un fideicomiso.
Ante la situación de insolvencia de Graffigna, la denunciante se pregunta cómo pudo haber firmado un convenio con la Sociedad San Vicente de Paul, la entidad de caridad a la que asesoraba y que le cedió poderes por dos terrenos en sumas ínfimas al lado de los millones que terminó cobrando ese acuerdo reservado, que se descubrió la semana pasada, fue por $3 millones. “Lo que demuestra a prima facie que el denunciado ha ocultado y hecho desaparecer bienes en forma maliciosa”, dice la denuncia.
Entre las pruebas que ofrece, aparece la posibilidad de que se inicie la ruta del dinero. Porque pide a la AFIP que levante el secreto fiscal e informe los pagos de impuestos de los últimos 7 años de Graffigna. También pide informes a los bancos y ofrece un testimonio que consideran clave: el del escribano Julio LLoveras, para seguir la pista del fideicomiso y de quiénes eran sus beneficiarios.