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Expropiaciones

Mega-investigación, a marzo

Un laberinto judicial tiró para atrás la investigación por el escándalo más importante de la historia provincial. Por ahora, no hay detenidos ni indagados. La jueza penal prefirió esperar: ¿seguirá al frente o se quiere ir? Y varios sospechados ya pidieron eximición de prisión. Por Sebastián Saharrea.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Por Sebastián Saharrea

Había fuertes expectativas en la semana que pasó, pero no hubo ninguna novedad. La jueza María Inés Rosellot tiene desde hace 10 días una ampliación del requerimiento del fiscal Rodríguez que le permitía detener a varios de los sospechados, pero prefirió parar la pelota, mirar a los costados y frenar el trámite. La definición de esta semana era importante porque si la jueza no llamaba a indagatorias o producía alguna detención, es posible que la investigación quede congelada hasta marzo: el jueves primero, la jueza deberá entrar en turno y por eso se deberá dedicar todo el mes a las causas nuevas, en diciembre quedan pocos días para la feria y recién en febrero podría estar en condiciones de tomar medidas para reactivar la causa un mes después con la normalización de Tribunales.

Hay diferencias de opinión sobre si puede o no la jueza citar a indagatorias durante el turno. Desde el juzgado aseguran que es imposible, pero varios juristas consultados sostienen que no hay un impedimento legal sino una cuestión de sentido común. Once indagados por un escándalo gigante como las expropiaciones implica paralizar el juzgado y la imposibilidad de abocarse a las causas que entran. La Corte no retiró al juzgado de Rosellot de los turnos, como podría haber hecho si hubiera querido darle oxígeno a la investigación. También le retiró personal. De esa manera, extremadamente dificultoso que pueda avanzar.

Con este panorama, si a principios de semana María Inés Rosellot no resuelve nada, la investigación por el escándalo de las expropiaciones, en la que se trata de saber si hubo una red delictiva destinada a estafar a la provincia con pagos de terrenos expropiados, tendrá una demora que será al menos de tres o cuatro meses. Con un condimento adicional: a la vuelta de la feria, no es seguro que la causa se siga tramitando en el Quinto Juzgado de Instrucción.
Es que María Inés Rosellot tiene pedido el retiro jubilatorio desde hace tiempo y se encuentra en la sala de espera para este beneficio. Si le sale antes de fin de año, como se especula que podría ocurrir, presentaría la renuncia. Hay quienes dicen que la aceptarían sin más, y otros que no lo harían hasta que no produzca las indagatorias y eventualmente las detenciones. Si se va, entonces la investigación debería caer en algún subrogante o pasar al siguiente juzgado de la misma nominación, que en este caso es el Primero de Instrucción. En caso de que eso se produzca, las demoras podrían ser mayores, a no ser que los instructores de la causa pasen del Quinto al Primero.

Este juzgado es el que todavía no tiene titular y en el que se produjo un presunto apriete en uno de los aspirantes, quien se había postulado al cargo de juez y a la semana declinó su aspiración de manera misteriosa. Por eso, la terna volvió al Consejo de la Magistratura y esta semana eligió a Benito Ortiz como su reemplazante. Tiene ese juzgado la posibilidad de heredar la causa más importante de la justicia provincial, y todos miran para ese lado.

Su actual jueza, la doctora Rosellot, está más cerca del retiro y parece haber tomado ya sus últimas decisiones. Si no lo hizo en la semana que terminó, difícilmente lo haga cuando regrese de su turno, en los pocos días de diciembre antes de las fiestas y la feria judicial. Argumentó por lo bajo esta semana que quiere estar segura del encuadre del delito que se le imputa a los sospechados, antes de llamarlos a indagatoria.

Ocurre que el delito original requerido por el fiscal Rodríguez es el de fraude e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, dos delitos que son excarcelables. Pero luego el fiscal Rodríguez amplió su pedido y le dijo a la jueza que los puede indagar por asociación ilícita si le parece, que en algunas funciones no es excarcelable. Se especulaba entonces con que la semana que pasó tomaría las indagatorias y produciría detenciones, pero eso no ocurrió. Ahora, hay que esperar.

En el camino, todo el espinel de sospechados tomó nota de los movimientos. Los requeridos por el fiscal son los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, todos los integrantes del Tribunal de Tasaciones, la perito Ana María Melvin, el ex fiscal de Estado Mario Díaz, y la jueza civil Rosalba Marún de Sobelvio, a quien en un día se le inició y se le cerró el jury (ver recuadro). Alday y los miembros del tribunal Basani y Fernández –el primero de ellos, con una enfermedad- ya solicitaron la eximición de prisión. Y cuando la jueza analice el pedido, debe encuadrar el delito por el que se los acusa, que sigue siendo de penas menores hasta que decida qué hará con la asociación ilícita.

Igualmente, lo que se divisa en el horizonte de esta investigación por sumas que pueden alcanzar hasta los $3.000 millones de pesos es una demora importante y, en consecuencia, de mayor incertidumbre.

La jueza Marún entró y salió del jury
Rosalba Marún de Solbelvio, la jueza del Primero Civil que fue requerida como sospechosa por el fiscal, ya tiene un pie afuera del juzgado y en consecuencia de jury de enjuiciamiento que le iniciaron para quitarle los fueros. El viernes, la jueza penal María Inés Rosellot envió al Jurado de Enjuiciamiento el sumario con el pedido de desafuero, que el organismo deberá diligenciar hasta que Marún permanezca en el juzgado. Pero el jueves, los diputados le aceptaron la renuncia, que Marún había presentado con el argumento de que le dieron la jubilación.

Aunque que parezca mentira, el jury debe avanzar hasta que la jueza permanezca, pero ya Marún tiene la renuncia aceptada y se irá el último día del año. De modo que la presentación del sumario es simbólica. Ahora, la jueza podrá ser indagada sin problemas por su colega penal Rosellot.


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