Tiempo de San Juan te lo había adelantado: "El verso de los mendocinos"

Los gobernadores y candidatos coquetearon siempre con las posibilidades económicas de la actividad, pero terminaron chocando irremediablemente contra la pared de la opinión pública y cediendo ante las presiones de algunos grupos de poder.

Hacia atrás
Desde que asumió su gobernación, en 2007, Celso Jaque dijo que iba a propiciar un "mapa minero”,  definiendo una "política de Estado en minería". Pero durante su gobierno los proyectos de minería metalífera no lograron pasar las aprobaciones. El último intento fue la DIA de San Jorge, enviado por el Ejecutivo a la Legislatura en agosto pasado, pero, como ya se dijo, no contó con el aval necesario. 

Un mes antes, Jaque había suspendido la actividad de la brasileña Minera Vale, que opera en el proyecto Potasio Río Colorado, en Malargüe, porque había incumplido con el plan de inversiones y no respetó el “compre mendocino”.

Más atrás, en el 2005, el radical Julio Cleto Cobos, con el traje de gobernador de Mendoza,  firmó en San Juan la adhesión de su provincia al plan de Política Minera Regional. Entonces decía que el turismo y la minería eran dos de los principales generadores de desarrollo para el futuro provincial, motivo por el cual Mendoza tenía que estar presente en la articulación de cualquier política regional en la actividad minera. El actual Vicepresidente de los argentinos aseguró entonces que “ya hay 3.000 empleos en el sector minero, aspecto que se potenciará con un mayor desarrollo”. Pero además destacaba   que con políticas adecuadas, “se debe cambiar el concepto de que la minería significa depredación ambiental y explotación laboral”.

Este romance duró poco tiempo y en el 2007, después de varios movimientos antimineros y presiones de cámara bodegueras y de turismo, Julio Cobos promulgó la Ley de Minería que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico en los procesos de explotación minera en Mendoza. En el decreto Cobos señaló que la nueva norma de minería, "busca garantizar los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, mediante la prohibición del uso de sustancias químicas tóxicas”.

Martínez también recordó esta gobernación. Contó que en el 2005, el entonces gobernador Cobos y el Secretario de Promoción Económica, Alejandro Rodríguez, le pidieron que los llevaran a la conferencia de Toronto, la Meca de los negocios mineros, para que les presentaran empresarios, “porque querían imponer la minería en Mendoza”. Los llevaron y les presentaron lo más granado del mundo minero internacional. “Ante esta actitud, la empresa (Deprominsa) apostó fuerte en Mendoza y en el 2006 logramos que analistas de la bolsa de Vancouver visitaran la provincia donde fueron recibidos por Cobos. Esto fue en marzo, en diciembre salió la ley 7722 que nos suspendió la actividad exploratoria. Fueron años de dinero malgastado que se fue por el resumidero”, dijo Martínez.

Para los mineros mendocinos, la situación por esos años fue “totalmente frustrante”. “Haciendo un mea culpa, nosotros confiamos en la ley y nos equivocamos pensando que con cumplir con la ley era suficiente para desarrollar esta actividad y nos ajustamos a eso. A tal punto que Mendoza se adhirió a ley de Inversiones Mineras durante el gobierno de Cobos y pasamos dos buenos años de gestión con viajes a Toronto, porque era obligación constitucional del Estado poner en valor los recursos naturales para beneficio y desarrollo de la gente”, recordó Zenobi.

En los años siguientes, cuenta el presidente de la cámara, los políticos descubrieron que ponerse en contra de la minería era un buen eslogan y “eso generó algo grave” que derivó en la resolución de que la provincia, como dueña de los recursos naturales, corrió a los departamentos la responsabilidad de que decidan el uso de sus recursos, “para que no se le venga ese problema al Ejecutivo”.  “Con tal de no tener que enfrentar esta realidad y la obligación ética y moral por los cargos que ocupaban, le piden a los departamentos que decidan quiénes quieren minería y quiénes no. Esto pasó al tercer año del gobierno de Cobos”, dijo Zenobi. Los departamentos se empiezan a definir a favor, en contra y algunos que se consideraron no afectados, no opinaron. Esto fue el germen de la ley de emergencia ambiental, se empiezan a promover áreas de reserva y este movimiento terminó desembocando en la ley 7722, que fue conocida como la “ley Cobos”. “Cobos se jactó de haber sido respetuoso de la opinión popular. Después dijo ‘yo no la aprobé’, pero tampoco la vetó, se lavó las manos al estilo del ‘no positivo’ en el Congreso Nacional y nos dejó a nosotros con esta ley y con el decreto 820 que establece que todas las decisiones que tome el Ejecutivo respecto a minería metalífera, debe ser ratificado por la Legislatura. Una aberración”, acusó Zenobi.

Antes de Cobos, otro radical, Roberto Iglesias, gobernador de Mendoza entre 1999 y 2003, fue el responsable de la actualización y oferta del catastro minero de la provincia por Internet, en el 2000. Dos años después se realizaba en Mendoza la Mining 2002, y ahí el ministro de Economía de Iglesias, Gabriel Fidel, dijo que "es muy importante este Mining y esperamos que sea el punto de inflexión para el resurgimiento de la minería en Mendoza", según consta en el archivo de un diario mendocino.

Hoy candidato nuevamente por la UCR, Iglesias vio conveniente seguir la corriente antiminera de su provincia y aseguró que: “Un gobernador responsable debe impedir cualquier proyecto como San Jorge que pueda poner en riesgo nuestros recursos naturales. Hay que cuidar el ambiente, cuidar el agua, cuidar nuestra producción y cuidar nuestro futuro”.

Este rosario de marchas y contramarchas en la historia de la minería metalífera mendocina, fue resumido por el gobernador de San Juan en una frase que los medios mendocinos publicaron hasta el cansancio: "Lo que pasa es que (en Mendoza) no tienen las bolas bien puestas para desarrollarla (a la minería). Ellos tienen más posibilidades geológicas que nosotros, porque la cordillera es la misma y ellos tienen más extensión", dijo José Luis Gioja.

Debajo de la alfombra
En el año 2003, un informe del Instituto Nacional del Agua (INA), reveló que existía contaminación con petróleo en 11 pozos de agua en una zona vitivinícola de la provincia de Mendoza. El informe había sido encargado al INA por la petrolera Repsol-YPF siete años atrás y guardado en reserva por una cláusula de confidencialidad. La presencia de hidrocarburos en muestras de gases del acuífero, recién salió a la luz pública el pasado ese año, por pedido del Departamento General de Irrigación a través de una gestión de la Fiscaliza de Estado. El informe del INA, publicado por el diario Los Andes, detecta la presencia de hidrocarburos totales y determinados compuestos aromáticos en los acuíferos. En algunos pozos seleccionados para muestreo encontraron metales pesados.

En el 2008, la Agencia Federal de Noticias DERF informaba que la empresa multinacional Oxi, que explota el área Piedras Coloradas, había vertido residuos petroleros en socavones que luego eran tapados con tierra. Una comisión de gendarmes cercó la zona, a la altura del kilómetro 50 de la Ruta nacional 40 y a 10 kilómetros al oeste de ese punto, en el departamento de Tupungato, a raíz de la intervención de la Justicia Federal que se produjo como consecuencia de una denuncia del Departamento General de Irrigación. Los arroyos que surcan la zona desembocan en el dique Carrizal.

Los proyectos frustrados
*San Jorge. El pasado 24 de Agosto, y de forma sorpresiva, fue rechazado por unanimidad el proyecto San Jorge en la Legislatura de la provincia de Mendoza. “De ellos, nuestro, es el triunfo, no de los políticos que reaccionaron ante la presión de la gente en la calle y que instaron a rechazar en la legislatura lo que antes, en algunos casos, habían impulsado y defendido desde el Poder Ejecutivo. Es el triunfo de la gente y nadie puede salir a aprovecharse de manera oportunista de lo que se ganó en la calle”, dijeron desde la agrupación Asamblea Popular por el Agua.

*Papagallos. Situado a más de  65 Km de la población de San Carlos, comienza en febrero del 2005, en manos de la firma Deprominsa. Se informa al Intendente del Municipio (Sr. R.Guiñazú, peronista) del plan de explorar la propiedad para yacimientos de cobre. Entre mayo y agosto de ese año se realizan puebladas en San Carlos en las cuales mentirosamente se dice que el proyecto utilizaría cianuro; y contaminaría el agua. Al informar el Director de Minería de Mendoza que aprobaría el Impacto Ambiental presentado por la Empresa, lo cual estaba en regla y era legal, se precipita su renuncia. Desconociendo los derechos adquiridos por la empresa y otros, el 13 de septiembre del 2005 ambas Cámaras de Mendoza aprueban la ampliación del área de Reserva de la Laguna del Diamante, de su perímetro original, que protegía aproximadamente 360 km2 alrededor del Volcán Maipo y la cuenca  centrípeta de la Laguna del Diamante, a un área de más de 1.400 Km2 que abarca todo el drenaje oriental de la Cordillera y el prospecto Papagallos.

*Paramillos Sur.  También de Deprominsa, se trata de un depósito de pórfido de cobre. El proyecto se paró porque la embotelladora Villavicencio decía que se podía contaminar el agua.
Jorge Patricio Jones, presidente de Deprominsa dijo que no había ninguna prueba fáctica de que pudieran  contaminar. “En una etapa como la de exploración es imposible que se contamine. Además, la Secretaría de Minería de la Provincia de Mendoza, que es la que tiene que laudar específicamente sobre cuestiones que hacen al caso, no decide. Las muestras de agua de los dos pozos que Deprominsa pudo concluir y fueron precintadas ante escribano público, fueron analizadas por el INA de Mendoza.  Dicho análisis dio como resultado que el agua de Paramillos es dura, no apta para consumo humano por su contenido de sales y otros elementos como el uranio, etc, así que no puede ser la que Danone envasa. Por ende se comprueba que la Cuenca de Paramillos no drena hacia la vertiente de la que envasa Danone. Por lo tanto Paramillos no puede contaminar el agua de Villavicencio ni ahora ni si hubiese explotación minera”.