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Condena

Zafó de la cárcel una empleada de la Residencia Eva Duarte que estafó a seis ancianos por casi $1.700.000

La Justicia sanjuanina condenó a tres años de prisión en suspenso a Priscila Lissete Orellano, tras admitir los delitos. La joven se apropió de las tarjetas de débito de sus víctimas y realizó extracciones de dinero, además de compras online.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Orellano, quien trabajaba como empleada en la residencia de Rivadavia, admitió su culpabilidad en un juicio abreviado. Según la investigación, la joven se apropió de las tarjetas de débito de sus víctimas y realizó extracciones de dinero, además de compras online, por un monto cercano a los $1.700.000.

El caso se conoció en julio pasado. Fueron cuatro las denuncias contra los acusados, pero fueron seis los damnificados y el dinero que habría sido sustraído en total era $1.700.000. La información la corroboró el fiscal Eduardo Gallastegui y sus ayudantes Federico Pereyra y Federico Martínez de UFI Delitos Informáticos.

Todas las denuncias fueron realizadas por los residentes del Hogar Eva Perón y a cada uno les han sacado montos, que van desde los $173.500 a los $593.000. En aquel momento, Fiscalía dijo que Gustavo Orellano tenía una prueba crucial. El Jefe de Personal del Hogar se encargaba -entre otras cosas- de custodiar las tarjetas de los residentes. La más complicada es su hija, porque se comprobó que en su cuenta de Mercado Pago tenía cerca de 30 tarjetas de débito vinculadas.

El modus operandi investigado es que estas personas usaban las tarjetas de los jubilados y hacían compras online, extracciones o pagos a servicios como telefonía celular o de internet (Personal Flow).

El fiscal solicitó la prisión preventiva para los dos imputados, que la Investigación Penal Preparatoria sea por el plazo de un año y que queden imputados por el delito de estafa (seis hechos) en concurso real, a Priscila Orellano en calidad de autora y a Gustavo Orellano en calidad de partícipe necesario. Los abogados defensores solicitaron que sean investigados en libertad.

La jueza de garantías Flavia Allende, tras escuchar a las partes, definió imputar a los acusados y dejarlos en libertad con medidas coercitivas: no entorpecer la investigación y someterse al proceso, obligación de presentarse una vez al mes en la Comisaría 30ma, no salir de la provincia sin la debida autorización y prohibición de acercamiento con los denunciantes a una distancia de 200 metros y no comunicarse por ninguna vía.

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