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Veinte tiros y un asesinato en barrio Teresa de Calcuta: una prueba compromete a un acusado

La UFI Delitos Especiales sigue recolectado pruebas para esclarecer este hecho donde hay bajo la mira dos sospechosos, Walter Agustín Barahona y Braian Guajardo.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Por el crimen de Juan Ignacio Martínez (18) en el barrio Teresa de Calcuta de Pocito hay dos sospechosos investigados desde el pasado 8 de octubre. Desde ese momento, la UFI N°3 de Delitos Especiales a cargo de Adrián Riveros se encargó de la recolección de datos para esclarecer este hecho que ocurrió en medio de una balacera donde las pesquisas dijeron que se ejecutaron más de 20 disparos.

En los últimos días se pudo determinar una de las pruebas que pidió la fiscalía, se trata del ahumamiento realizado en las manos del damnificado y al primer detenido de la causa, Walter Agustín Barahona. Esta prueba determinó que los dos tenían ahumamiento en la mano, es decir, que los dos usaron armas y ejecutaron disparos.

A pesar de la gran cantidad de balas ejecutadas solo un proyectil dio contra una persona, fue Martínez quien recibió el disparo mortal en su pecho y que le quitó la vida en el acto. A este joven, “Nacho” para sus amigos, se le extirpó una bala de su cuerpo y está siendo peritada con las armas que se secuestraron en el lugar. Desde la Justicia dijeron que no están los resultados de esta prueba de balística.

De los dos imputados el que está más complicado es Barahona, ya que él manifestó que disparó desde adentro de la casa y que se estaba defendiendo de los disparos que provenían desde afuera. La pericia no está realizada, pero todo indica que la bala que acabó con la vida de Martínez salió del arma que él estaba usando.

Guajardo, que también está imputado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor, se supone que estaba junto a Martínez y que ambos dispararon contra la casa donde estaba Barahona.

Cabe destacar que los dos imputados están con prisión preventiva y que fue impuesta por el juez de Garantías, Matías Parrón. El plazo de IPP que tienen los fiscales -provisoriamente- es de 6 meses.

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