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SUSCRIBITELeginaldo De Oliveira volvió a tribunales y su defensa pidió que se levantara la inhibición de bienes en su finca para que pueda realizar la cosecha de ajo. El juez lo autorizó.
A menos de una semana de que le imputaran el hurto de energía por $489.000.000 y otros delitos, el empresario brasileño Leginaldo De Oliveira volvió a tribunales este jueves. En esta ocasión salió favorecido. Su defensa solicitó que se levantara la inhibición de bienes en su finca para que pudiera cosechar su producción de ajo y el juez de la causa hizo lugar al pedido, dado que la fiscalía y la querella no se opusieron.
La audiencia se concretó este jueves exclusivamente para tratar el planteo de la abogada defensora María Filomena Noriega, en nombre de De Oliveira, quien fue imputado el viernes 20 de marzo por encubrimiento por receptación —tres hechos— y hurto de energía eléctrica. En esa causa también está involucrado Enzo Sebastián Salinas, empleado de la empresa eléctrica Disei, a quien le atribuyen los delitos de encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad —tres hechos—, hurto en grado de tentativa y defraudación en la administración de bienes ajenos.
El caso salió a la luz el 25 de febrero pasado, tras la denuncia por la sustracción de un transformador en el departamento 25 de Mayo. Según la investigación, esa maniobra derivó en una pesquisa más amplia que permitió detectar un circuito irregular vinculado al retiro, traslado y utilización de equipos eléctricos pertenecientes a la empresa distribuidora.
A partir de ese episodio, los investigadores llegaron hasta una finca ubicada en Punta del Agua, donde hallaron al menos tres transformadores que habían sido sustraídos entre 2023 y 2024, junto con un tendido eléctrico de unos 3.150 metros. Ese sistema estaba conectado de manera clandestina a la red de media tensión y abastecía de energía al predio sin medición ni autorización, principalmente para tareas de riego y extracción de agua.
Para la Fiscalía, la maniobra habría sido ejecutada por el operario aprovechando su función dentro de una empresa contratista, mientras que el empresario aparece como el principal beneficiario del suministro ilegal. El perjuicio económico fue estimado en más de $489.000.000, correspondiente al consumo eléctrico no registrado durante los últimos años, aunque el propio De Oliveira sostuvo que desconocía la ilegalidad y afirmó que siempre creyó que todo funcionaba dentro de la legalidad.
Después de la formalización de la causa, Salinas quedó detenido con prisión preventiva, mientras que De Oliveira recuperó la libertad, aunque con la inhibición de todos sus bienes y la obligación de no tocar nada dentro de su finca.
Sobre esto último, la audiencia de este jueves tuvo como fin destrabar esa medida judicial. La abogada Noriega planteó que el empresario invirtió más de 140.000 dólares en esa propiedad y que tenía urgencia en cosechar las plantaciones de ajo antes del 15 de abril; de lo contrario, perdería toda la producción. Argumentó que tenía máquinas, tractores y decenas de trabajadores paralizados que debían retomar sus tareas. Además, solicitó que se le autorizara a poner en condiciones la red eléctrica dentro de la finca para el uso de energía en las labores, con la promesa de regularizar su situación con el servicio brindado por Naturgy.
La fiscal Claudia Salica, de la UFI Delitos contra la Propiedad, no se opuso al pedido, al igual que el representante legal de la distribuidora. De hecho, este último señaló que existían negociaciones con el empresario para solucionar la deuda, reemplazar los transformadores y habilitar el servicio de manera legal. En función de esto, el juez de garantías Federico Rodríguez levantó la inhibición de bienes y autorizó a De Oliveira a poner en funcionamiento la finca y realizar la cosecha.
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