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SUSCRIBITEA través de un comunicado, la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio pidió justicia por la niña asesinada en Cordoba, convocó a la movilización contra Matias Olmedo y cuestionó el sistema permisivo que hay en la provincia con los victimarios.
En un escenario atravesado por el impacto social que generó el crimen de Agostina Vega en Córdoba, organizaciones de familiares de víctimas de violencia de género en San Juan salieron a fijar una posición pública con fuertes cuestionamientos al sistema judicial y a casos locales aún en trámite.
A través de un comunicado difundido este domingo, la Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor exigió “justicia” por la adolescente de 14 años y apuntó directamente contra el accionar de las autoridades intervinientes en la causa. En particular, solicitaron la inmediata separación del fiscal Raúl Garzón, a quien responsabilizaron por una supuesta falta de celeridad en la investigación.
“Denunciamos con dolor e indignación la lentitud imperdonable de la Comisaría 39° y la total inoperancia del fiscal”, expresaron, al tiempo que reclamaron una condena “estricta y severa, sin beneficios” para el principal acusado del crimen.
El posicionamiento de la organización se da en paralelo al avance de la causa que investiga el asesinato de Agostina Vega, cuyo cuerpo fue hallado este sábado en un descampado de la ciudad de Córdoba, tras varios días de intensa búsqueda.
Según confirmó el propio Garzón en conferencia de prensa, los restos encontrados corresponden “en un 98%” a la adolescente, aunque aún restan pericias definitivas. La causa se investiga como homicidio y tiene a un único detenido: Claudio Barrelier, un hombre de 33 años vinculado al entorno familiar de la víctima.
No obstante, la investigación no descarta la posible participación de terceros. El abogado de la familia, Carlos Nayi, sostuvo que “materialmente es imposible que una sola persona haya llevado adelante semejante actividad criminal”, lo que abre nuevas líneas investigativas.
En paralelo, la situación de la madre de la víctima, Melisa Heredia, agrega dramatismo al caso: permanece internada en terapia intensiva en Córdoba y, según su representante legal, aún no fue informada oficialmente sobre la muerte de su hija debido a su delicado estado de salud.
El comunicado también trasladó el eje del reclamo a la realidad local. Las familias nucleadas en la asociación denunciaron la existencia de un “sistema que falla”, al considerar que en la provincia los casos de violencia de género no reciben respuestas adecuadas ni en tiempo oportuno.
En ese marco, hicieron referencia a situaciones ocurridas en San Juan, como el caso de una joven sobreviviente de un brutal ataque ocurrido en enero de 2025, por el cual se encuentra imputado Matías Olmedo. Según describieron, la víctima continúa con secuelas físicas y psicológicas mientras espera una resolución judicial.
El juicio contra Olmedo se encuentra en su etapa final y se espera que en los próximos días se dicte sentencia, en una causa que lleva más de 500 días de trámite y que ha motivado reiteradas manifestaciones frente a Tribunales.
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue el cuestionamiento a los beneficios que, según denunciaron, se otorgan a personas condenadas por crímenes de violencia de género.
“Con el paso del tiempo terminan otorgando reducciones de pena o privilegios a quienes nos quitaron a nuestros seres queridos”, afirmaron, y remarcaron que los verdaderos perjudicados son los familiares directos de las víctimas.
En ese sentido, citaron el testimonio de la madre de una joven asesinada, quien describió el dolor persistente incluso después del entierro: “Dejamos su cuerpo en el cementerio y, sin embargo, las seguimos velando día y noche en la puerta de los Tribunales”.
En el tramo final del comunicado, la organización convocó a la comunidad a participar de distintas actividades en reclamo de justicia.
Para el martes 2 de junio a las 8:30 está prevista una concentración frente a Tribunales, en coincidencia con la etapa final del juicio contra Olmedo. En tanto, el 3 de junio -fecha en la que se espera la conclusión del proceso- anticiparon que volverán a manifestarse.
“El cambio lo hacemos entre todas. La lucha es de todas”, concluye el documento, que cierra con un mensaje directo hacia los operadores judiciales: “Quienes no sean capaces de impartir justicia con responsabilidad, humanidad y perspectiva de género, deben retirarse de sus cargos”.
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