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SUSCRIBITE La causa judicial que tiene en la mira a Mario Parisí, el funcionario judicial acusado por violencia de género, sigue generando polémica porque a pesar del paso del tiempo todavía no encuentra resolución y, mientras tanto, ronda sobre ella el fantasma de la prescripción. Es por eso que se puede afirmar sin miedo al error que, por sus frenos repentinos y presentaciones de las partes, rompe los tiempos promedio de la "nueva justicia".
Fuentes judiciales le comentaron a Tiempo de San Juan que resulta difícil encontrar una causa que haya sido investigada por la UFI CAVIG y que haya demorado los mismos tiempos que la de Parisí. El 24 de noviembre, la denuncia que realizó la víctima cumplirá los dos años y aseguran que no hubo otra investigación del Sistema Acusatorio que haya durado tanto.
Las fuentes calificadas le indicaron a este diario que en promedio un caso más grave, como lo es la tentativa de femicidio, se resolvió en un año y medio. Lo interesante es que esa resolución refiere a una sentencia con fallo firme, es decir que atravesó diversas instancias de apelación y que varios actores judiciales intervinieron en ella. Aún así, el caso con una calificación que supone una pena más gravosa llegó a una conclusión antes que el caso Parisí.
También, los voceros judiciales que aportaron los datos estadísticos señalaron que una causa similar a la que involucra a quien supo ser coordinador de Flagrancia y de la Unidad Conclusiva de Causas tiene una extensión en el tiempo de 6 meses, aproximados, entre que se radica la denuncia, se instruye y se eleva a juicio. Como máximo, según advirtieron, el tiempo mencionado se puede estirar al año.
En base a estas cifras que proporcionaron desde la propia Justicia, queda en evidencia lo distinto que ha sido el desarrollo de la causa Parisí. En off the récord, algunos penalistas afirman que de haber sido así todas las causas, el Sistema Acusatorio habría fracasado en su intención de ofrecer respuestas inmediatas y eficaces a la sociedad. Otros allegados se animan a certificar que es una mancha de la "nueva justicia".
En la última audiencia del 20 de octubre, el Tribunal de Impugnación apartaba de la causa por segunda vez a un juez de Garantías y ello despertó todo tipo de reacciones. Fue Benedicto Correa quien sorprendió a muchos cuando decidió remover del proceso a la jueza Celia Maldonado, al igual que lo había hecho con el juez Matías Parrón. En ambos casos aludió que los magistrados no habían argumentado correctamente sus fallos contra el pedido de probation.
Es que los allegados a la causa y también la opinión pública creían que Correa resolvería el pedido de suspensión de juicio a prueba (probation). Finalmente y después de tantas idas y vueltas, se especulaba que podía resolver para un lado u otro la cuestión que tiene en puja a la defensa y a la fiscalía, seguida por la querella. No obstante, nada de ello sucedió y su sentencia no hizo otra cosa más que alargar los tiempos de la causa.
Esto no cayó nada bien en el Ministerio Público, que en la figura del fiscal Roberto Ginsberg se opone a la solución alternativa de conflicto que propone Parisí, a través de sus abogados Fernando Castro y Nasser Uzair. De hecho, la molestia se hizo pública y evidente el jueves último, cuando en conferencia de prensa el fiscal General se refirió al caso con pudor. "Es una vergüenza", sostuvo Eduardo Quattropani.