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SUSCRIBITELos sujetos que habían sido detenidos en los allanamientos que se realizaron en dos barrios de Pocito se abstuvieron a declarar y, tras ser imputados por encubrimiento agravado, recuperaron la libertad.
Después de quedar detenidos en dos allanamientos realizados en Pocito, uno en el barrio Teresa de Calcuta y otro en el barrio Medalla Milagrosa, los miembros de la banda dedicada al robo de motos en San Juan fueron liberados tras ser imputados por encubrimiento agravado.
Se trata de Alexis Alexander Cano Páez y Rubén Eduardo Vildozo, quienes se abstuvieron a declarar durante la audiencia frente al juez de Garantías, Matías Parrón, que los acusó formalmente por pedido de la fiscalía de pertenecer a la organización que robó motos en diversos puntos de la provincia.
Según relató el fiscal Cristian Catalano y su ayudante fiscal Andrea Gómez, los delincuentes quedaron contra las cuerdas cuando en sus respectivos domicilios les encontraron los vehículos que habían sido denunciados como robados en diferentes hechos. La investigación sospecha que los rodados eran desarmados y, luego, las partes eran vendidas por separado.
La Brigada de Investigación Central y Unidad de Apoyo Investigativo ya había atrapado a uno de los integrantes de la organización criminal, identificado como Brian Gabriel Sandobares. El mismo fue detenido e imputado por hurto calificado, para más tarde quedar liberado.
Si bien no trascendió de qué manera los investigadores dieron con los acusados que tenían en su poder tres motos y accesorios denunciados como robados, cuya procedencia no pudieron explicar, los representantes del Ministerio Público señalaron que hay pruebas que los comprometen y todavía quedan medidas por producir, por lo que solicitaron 4 meses de Investigación Penal Preparatoria.
Los abogados defensores de los malvivientes, Carlos Fernández Torres y Alejandro Castán, se opusieron a los plazos solicitados por los fiscales que les endilgaron el delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la Administración Pública. Finalmente, Parrón resolvió la controversia y le dio el OK a los funcionarios del MPF con su requerimiento, lo mismo que decidió que, para permanecer en libertad, ambos deban concurrir a una sede policial cada 15 días para mostrarse prestos al sometimiento judicial.
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