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SUSCRIBITEEl imputado, Juan Cruz Marinelli, faltó a la audiencia, fue obligado a presentarse y ahora buscan que una junta médica determine si puede ser juzgado.
El juicio contra Juan Cruz Marinelli, empleado judicial acusado de fraude en el Registro Inmobiliario de San Juan, sumó este lunes nuevos episodios que podrían impactar directamente en su continuidad. La defensa volvió a insistir con un planteo ya conocido: sostienen que el imputado no está en condiciones mentales de afrontar el proceso y pidieron una evaluación médica.
La audiencia comenzó con un contratiempo: Marinelli no se presentó. Ante esa situación, el fiscal Francisco Nicolía solicitó que se lo declare en rebeldía y se ordene su detención. Como justificación, el acusado envió un certificado médico laboral a través de su defensor oficial, César Oro.
El juez Diego Manuel Sanz dispuso entonces un cuarto intermedio y ordenó que la defensa se comunique con el imputado para advertirle que su presencia era obligatoria. Finalmente, Marinelli llegó a la Sala 2 y el debate pudo retomarse.
Sin embargo, el desarrollo de la audiencia tuvo otro momento particular. El acusado se negó a que se le tomaran fotografías y condicionó su participación a la ausencia de la prensa. En ese marco, su abogado pidió que no se difundieran imágenes, argumentando que su defendido continúa trabajando en el Poder Judicial. El planteo no fue objetado por la Fiscalía y el juez hizo lugar al pedido.
El eje de la estrategia defensiva apareció luego. Oro solicitó nuevamente que se conforme una junta médica interdisciplinaria para evaluar la salud mental de Marinelli, al sostener que padece una incapacidad sobreviniente que le impediría afrontar el juicio, en línea con lo previsto en el artículo 129.
No es la primera vez que la defensa intenta este camino. Antes de la elevación a juicio, un planteo similar fue rechazado por la jueza de garantías Gema Guerrero, luego de que informes médicos del propio Poder Judicial concluyeran que el acusado estaba en condiciones de trabajar.
Desde la Fiscalía, Nicolía se opuso al pedido y consideró que se trata de una maniobra dilatoria. Aun así, solicitaron que, en caso de realizarse el estudio, se concrete con rapidez para no frenar el avance del proceso.
Marinelli está acusado de haber realizado cobros indebidos en efectivo por trámites vinculados al denominado “Formulario Verde”, correspondiente a la nomenclatura catastral. Según la investigación, el organismo no maneja dinero en efectivo, ya que los pagos deben efectuarse por vías electrónicas.
La maniobra salió a la luz cuando una usuaria denunció haber abonado 5.000 pesos directamente al imputado. Luego, en un allanamiento, se encontraron trece formularios descartados en un basurero, lo que reforzó la acusación.
El delito que se le atribuye —fraude en perjuicio de la administración pública— contempla penas de hasta seis años de prisión.
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