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SUSCRIBITEEl hombre señalado por estafar al Estado junto a una organización criminal culminó su exposición y dio paso al segundo de los procesados más complicados, señalado como partícipe necesario de la defraudación y la asociación ilícita.
Este viernes se llevó adelante una de las últimas audiencias del año del juicio de expropiaciones y en ella se registró el cierre de los alegatos del principal acusado, Santiago Graffigna, quien planteó la nulidad de los actos procesales por el vínculo entre un instructor de la causa y el representante de la querella y, como consecuencia, solicitó la absolución.
Es que el hombre señalado como cabecilla de la asociación ilícita, sospechado de estafar al Estado con terrenos tasados a valores muy superiores de los reales junto a abogados, jueces y demás funcionarios públicos, culminó con la exposición de los argumentos por los que no debería ser condenado y su defensor, Marcelo Fernández, apuntó contra Alejandro Marinelli y Rubén Pontoriero.
El letrado que asistió a quien también asumió el rol de defensa técnica aseguró que el actuario encargado de la mega causa, como lo fue Marinelli, debió inhibirse por mantener una amistad con el abogado de la Fiscalía de Estado y querellante, Pontoriero. Sin embargo, como no lo hizo, ello representó para la defensa una irregularidad tan grande que todo lo actuado posteriormente debería ser anulado y así lo afirmó, tras plantear la nulidad.
Fernández le manifestó al tribunal colegiado, compuesto por Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo, que el empleado del Poder Judicial tenía la obligación de apartarse del caso, tal como lo hizo un secretario de la causa que se excusó por tener una enemistad con Horacio Alday. Esa relación íntima, según indicó, favoreció a la querella durante el proceso de investigación.
Como ejemplo, el defensor sostuvo que no se notificó a las defensas sobre las designaciones de los peritos ni las testimoniales y ello significó que el único en asistir a dichas declaraciones fue el querellante Pontoriero. "El Código Procesal dice que debe citarse a las partes, bajo pena de nulidad. Esto fue algo que se pasó por alto", agregó el mismo que aseveró que se violaron los principios de imparcialidad y de igualdad de armas, entre otros.
Además de expresar que no se respetaron las garantías del proceso y se atropellaron derechos de la defensa, negó la existencia del delito, que hubiera existido un ardid o engaño, lo mismo que desestimó la asociación ilícita. Y para concluir, el defensor citó a un fiscal federal Diego Luciani (que acusó a Cristina Kirchner) y dijo: "Es corrupción o justicia, en ustedes está la decisión".
Tras finalizar Graffigna y su abogado, quien continuó con los alegatos fue Horacio Alday, que está sospechado de ser partícipe necesario en la trama delictiva y afronta una pena que podría llevarlo a prisión. Su intervención resultó llamativa por un cambio en su defensa, pues salió del cuadro Cayetano Dara para darle lugar al hijo del procesado, Natalio José Alday Bonanno, quien dio inicio a la puesta en escena.
El defensor que se valió de una presentación en cartulina, de puño y letra, anticipó que planteará la nulidad de la acusación contra su padre dada la inexistencia del delito en su proceder. Quien, a diferencia de los alegatos anteriores que usaron pantallas, utilizó elementos más rudimentarios para marcar su postura contará con el apoyo del propio Alday, que del mismo modo que Graffigna ejercerá su defensa técnica en lo que vendrá en el debate que se lleva adelante en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Capital.
A poco de terminar con su alegato, el defensor de Graffigna le presentó al tribunal un escrito de la mega causa con una supuesta firma falsificada de Pontoriero. Acorde lo que manifestó, el documento resulta falso porque la rúbrica no la hizo el querellante, sino otra persona.
El principal acusado se paró de su asiento para acercarle a los tres jueces una copia de la prueba y alertarlos sobre el presunto hecho ilícito. Fernández, por su parte, advirtió la obligación de todos los funcionarios presentes de denunciar en caso de sospechar un delito e hizo la reserva de que, si ninguno denunciaba, él lo haría y apuntaría en su contra por incumplimiento de los deberes.
En las semanas previas, la misma defensa había acudido a la justicia penal para denunciar a quienes impulsaron la mega causa, entre ellos el miembro de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis (ex Fiscal de Estado) y el querellante actual Pontoriero. No obstante, su presentación fue rechazada en primera instancia por la UFI de Delitos Especiales del Ministerio Público. Aún así, la parte denunciante insiste con que la sospecha sea investigada.
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