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SUSCRIBITEEl sujeto fue atrapado por la Red 24/7 y, aunque el caso recién se formalizó, durante la audiencia el imputado pareció reconocer parte de la acusación. Cómo quedó al descubierto el joven de 19 años.
Un joven de 19 años de Chimbas fue acusado de compartir imágenes de explotación sexual infantil, luego de que la Red 24/7 detectara actividad irregular a través de su IP. Se trata de Joaquín Contreras Bazán, quien se sentó en el banquillo de los acusados este viernes frente al juez de Garantías Pablo Leonardo León y el fiscal Guillermo Heredia.
El sujeto que fue defendido por las abogadas Yamila Piozzi y Fabiana Figueroa permaneció en silencio, aunque en algunos pasajes del relato del representante del Ministerio Público pareció reconocer lo que decía. El fiscal sostuvo que en mayo de este año, a través de su cuenta de X, el sospechoso compartió 5 archivos con contenido de menores siendo víctimas de explotación sexual.
El funcionario de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos detalló cómo la red internacional que lucha contra la pornografía infantil detectó la actividad ilegal y cómo, una vez realizado el alerta, se solicitó oficios a la red social, a Google, a Movistar y demás entidades que colaboraron con la identificación del autor del delito previsto en el artículo 128 del Código Penal.
La figura penal señala que recibirá prisión de 3 a 6 años al que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.
El fiscal indicó que en una de las interacciones, Contreras Bazán comentó que en una imagen se hallaba su prima, por lo que la investigación condujo a comprobar si esto era cierto. Si bien ello se pudo certificar, mediante testimoniales claves, se descartó que las imágenes más sensibles, en las que aparecían los genitales de niñas fueran de la menor en cuestión.
Ante la posibilidad de que la menor familiar hubiere sido víctima de un delito más grave y frente a la cercanía que la misma tenía con el imputado, la investigación solicitó que fuera sometida a una Cámara Gesell. Sin embargo, la entrevista videograbada no se pudo llevar adelante por la edad de la menor, que no permitía obtener un relato contundente. Por ello, el proceso quedó para más adelante.
Luego de que tomara intervención la fiscalía, en noviembre se procedió con un allanamiento en el domicilio del sospechoso y se ejecutó el secuestro de elementos como el teléfono celular, una notebook y una computadora de escritorio con la que se habría llevado adelante la comisión del aberrante delito.
El juez decretó un año para la Investigación Penal Preparatoria y, aunque no le fijó la prisión preventiva, el imputado quedó en libertad y con el compromiso de respetar las medidas coercitivas. Por esa razón, no podrá salir de la provincia sin autorización judicial, deberá presentarse en la comisaría de su jurisdicción una vez al mes y fue obligado a someterse al proceso y no entorpecer la investigación.
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