Dos ordenanzas del Centro Cívico quedaron detenidos y ahora son investigados por el robo de equipos de computación del primer piso del edificio. En realidad, están sospechados de hurto dado que supuestamente aprovechaban que tenían acceso a ciertos lugares para sustraer, sin violencia, algunos artefactos cuando no había nadie en las oficinas.
El más complicado es Cristian Santillán, de 33 años, informaron fuentes del caso. El otro es Sergio Cardozo, de 45, compañero y presuntamente cómplice del primero. Ambos fueron detenidos el miércoles último por pedido del fiscal Francisco Micheltorena, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales, por las denuncias realizadas por dos directivas del Ministerio de Haciendas y Financias a raíz de la desaparición equipos de computación, revelaron fuentes del caso.
Funcionarios comentaron que en el mes de agosto descubrieron la desaparición de tres monitores de computadoras -esto en distintos días- de la Subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Haciendas y Finanzas. Algo similar sucedió en Oficina Central de Contrataciones del mismo ministerio, de donde se perdieron dos notebooks, una CPU y un micrófono de computadora. Estas oficinas están en el primer piso.
La reiteración de estos hechos hizo suponer que alguien había sustraído estos artefactos, fue así que pidieron a los encargados de la seguridad del edificio que revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad los días en que se esfumaron esos equipos. Ahí se dieron con la sorpresa de que en las imágenes aparecía Santillán. En al menos cuatro veces es captado haciendo movimientos extraños, sacando bultos a escondidas y llevándolos a un vehículo, según las versiones. En otra aparece Cardozo, señalaron.
Estas serían las pruebas a partir de las cuales personal de UFI de Delitos Especiales pidió sus detenciones el miércoles último. Por el momento están presos en la Central de Policía. Justamente este viernes a la tarde, ambos serán llevados a Tribunales para la audiencia de formalización en la que se los imputa del delito de hurto en perjuicio contra la administración pública.