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SUSCRIBITEFuentes allegadas indicaron que en los últimos meses, tanto la Policía como el Juzgado de Paz intervinieron en al menos 7 episodios en los que el descontrol en las canchas fue el denominador común.
La violencia en el futsal de Caucete se ha convertido en un problema cada vez más complejo para la Justicia y la Policía, que en los últimos meses debieron intervenir de manera constante para intentar frenar una escalada que ya dejó al menos siete episodios graves. Clausuras, suspensiones, multas severas, prohibiciones de ingreso y partidos a puertas cerradas son algunas de las medidas que se vienen aplicando, aunque el conflicto parece lejos de resolverse.
Lo más llamativo del fenómeno es que, a diferencia de lo que suele ocurrir en otros espectáculos deportivos, el problema no radica en el público. Según una alta fuente que intervino directamente en los procedimientos junto al Juzgado de Paz de Caucete, a cargo de la jueza Luciana Salvá, los hechos de violencia se originan principalmente dentro de la cancha, protagonizados por jugadores, cuerpos técnicos e incluso árbitros.
Uno de los casos más resonantes ocurrió en julio, cuando se dispuso la clausura del Club Centro Impulso. Oficialmente fue por falta de habilitaciones, pero el trasfondo fue mucho más grave: se estaba disputando una semifinal sin adicionales policiales, algo obligatorio por reglamento para garantizar la custodia de los árbitros. La clausura se levantó de manera excepcional para que se jugara la otra semifinal, pero al día siguiente debió volver a cerrarse el club luego de que el arquero de Centro Impulso golpeara a un menor.
Tras presentar la documentación correspondiente y abonar la multa, el club recuperó la habilitación, aunque el conflicto no terminó allí. Centro Impulso y Barrio Ruta 20 fueron señalados como los dos clubes más conflictivos del futsal caucetero. Para no perjudicar a los cientos de chicos que asisten a entrenar, en el caso de Centro Impulso asisten alrededor de 500 menores en distintas disciplinas, se dispuso una habilitación parcial, con capacidad reducida y solo para entrenamientos, sin permitir eventos deportivos.
Sin embargo, la violencia volvió a estallar. En un cruce entre Centro Impulso y Ruta 20, los disturbios se iniciaron entre jugadores dentro de la cancha, lo que obligó a suspender el partido, que aún sigue sin reanudarse porque los clubes no pagaron la infracción correspondiente. Como consecuencia directa, la otra semifinal, disputada al día siguiente por clubes que no habían generado incidentes, debió jugarse a puertas cerradas, provocándoles importantes pérdidas económicas.
Para equilibrar la situación, el Juzgado de Paz resolvió aplicar una sanción económica a los dos clubes responsables de los disturbios. Según detalló la fuente, ambos habían recaudado cerca de 800 mil pesos en entradas, por lo que se les impuso una multa de 400 mil pesos a cada uno, dentro de los parámetros que fija la Ley 941. Hasta el momento, ninguna de las dos instituciones abonó el monto, por lo que la semifinal continúa suspendida y tampoco está definida la final del torneo.
Además de las multas, se espera que la Liga local avance con sanciones disciplinarias que incluyen suspensión de jugadores, prohibición de hacer de local y otras restricciones que deberán cumplir cuando comience el torneo 2026.
En algunos episodios, la situación fue aún más grave: se demoró a jugadores y cuerpos técnicos para verificar antecedentes penales, y se prohibió el ingreso a las canchas a personas ya individualizadas como iniciadoras de disturbios, no solo en su club, sino en cualquier partido de fútbol. Como consecuencia, los deportistas fueron a parar a los calabozos.
“La situación ya se tornó inmanejable”, reconoció la fuente consultada. “Nosotros esperábamos problemas con las hinchadas, pero en Caucete no tenemos inconvenientes con el público. El problema es con los jugadores, los cuerpos técnicos y los árbitros. Son los que deberían brindar el espectáculo y terminan suspendiéndolo a las piñas, peleándose entre ellos, golpeando a árbitros y hasta a la Policía”, sostuvo.
Desde la Justicia advierten que todos los fines de semana surge un conflicto distinto vinculado a la violencia en el futsal. No es la primera vez que se llega a este punto: años atrás, la disciplina fue directamente prohibida durante un año, medida que logró calmar las aguas durante un tiempo. Sin embargo, tras casi tres temporadas sin mayores incidentes, los problemas reaparecieron con más fuerza este año.
El dilema es profundo. Clausurar un club implica dejar a cientos de chicos sin un espacio de contención y exponerlos a la calle, algo que las autoridades buscan evitar. Pero, al mismo tiempo, la reiteración de hechos violentos protagonizados por adultos obliga a pensar en sanciones cada vez más duras. “Ya no les importa si hay menores, si hay que golpear a un chico. Es una situación muy pesada y vamos a tener que tomar otro tipo de acciones si no empiezan a comportarse”, advirtió la fuente.
Por ahora, el futsal de Caucete sigue en pausa, con semifinales y final suspendidas, mientras la Justicia y la Policía intentan encontrar un equilibrio entre castigar la violencia y no castigar a los chicos que solo quieren practicar deporte. Un equilibrio cada vez más difícil de sostener.