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SUSCRIBITEUn provocador que recibió su merecido, una causa que marcó a la justicia local y dos debates que llegaron a su final fueron los hechos más destacados del año. Mirá por qué.
La justicia sanjuanina se vio sacudida este 2025 por diversos hechos, aunque hubo cuatro casos que se destacan sobre el resto. Un polémico personaje, dos juicios históricos con una sentencia y una causa que dio y seguirá dando de qué hablar son los sucesos que marcaron la agenda local y representaron un cimbronazo para Tribunales y sus alrededores.
Un nombre controversial que fue noticia en los últimos tiempos fue Ariel Omar Pérez, alias “El Guascazo”. Su figura, violenta, provocadora y desafiante, se convirtió en un símbolo incómodo que convivió, casi en paralelo, con algunos de los procesos judiciales más calientes y trascendentes de la provincia: el histórico fallo por las expropiaciones, la absolución en el caso Raúl Tellechea y la polémica resolución que se registró en la causa por la muerte de Lucía Rubiño.
Todos atravesados por un denominador común: decisiones judiciales que dejaron huella, expusieron grietas y sacudieron a la opinión pública. Por un lado, la crueldad en su máxima expresión en una sola persona, y por el otro, los casos muestran tensiones más complejas: prueba, poder, tiempo y credibilidad.
Ariel Omar Pérez no fue solo un imputado más por femicidio. Fue y es el personaje más polémico que pasó por los tribunales sanjuaninos, al menos este año. Condenado a 35 años de prisión sin beneficios por el femicidio de Yanina Pérez, asesinada a puñaladas en febrero de 2024 en la puerta del cementerio de Angaco, su derrotero judicial exhibe con crudeza las fallas de un sistema que llegó tarde.
Antes de matar, Pérez ya había sido denunciado, condenado y beneficiado por interpretaciones legales que minimizaron cinco puñaladas como “lesiones leves”. Antes de matar, hostigó, amenazó y fue señalado como un riesgo latente. Antes de matar, la víctima pidió ayuda y no fue escuchada. Sin embargo, la historia no terminó ahí porque, después del crimen, llegó el espectáculo.
Es que encarnó intentos de agresión en audiencias, amenazas, insultos, escenas de violencia frente a fiscales y jueces. Incluso evitó escuchar su propia sentencia montando un nuevo escándalo. “La mataría 50.000 veces más”, llegó a decir. No fue una frase aislada: fue la confirmación de un perfil que la Justicia conocía y que, aun así, no logró frenar a tiempo.
Si el caso Pérez expuso el rostro más brutal de la violencia, el juicio por la desaparición de Raúl Tellechea mostró el costado más frustrante del sistema penal. Es que no sólo fue para la familia por el resultado del debate, sino también para los imputados que estuvieron más de dos décadas señalados sin razón.
A 21 años de la desaparición del ingeniero, el Tribunal Oral Federal absolvió por unanimidad a los diez imputados por no haberse probado el delito de desaparición forzada ni la complicidad del Estado. La sentencia fue contundente desde lo jurídico, pero devastadora desde lo social. “La decisión se toma sobre los hechos y no sobre las personas”, dijo la jueza Eliana Rattá.
Sin embargo, el fallo dejó una certeza incómoda: Tellechea sigue desaparecido y nadie fue condenado. Es por ello que la familia se mostró invadida por el dolor y sin las respuestas que esperaba. Al cabo de tantos años de espera, se quedaron con las manos vacías y con la duda que pesa en toda la sociedad.
El tribunal reconoció el dolor de la familia, ordenó continuar la búsqueda y admitió que la desaparición es real. Pero la absolución marcó un antes y un después. Para muchos, fue el cierre judicial de una causa emblemática; para otros, la confirmación de que uno de los grandes misterios de San Juan sigue sin respuesta.
El juicio por la megacausa de expropiaciones fue, sin dudas, el proceso penal más voluminoso y complejo de la historia provincial. Tras 15 años de espera, el veredicto llegó con penas de prisión efectiva para nueve imputados, la devolución de más de 13 mil millones de pesos a la Provincia y la confirmación de una asociación ilícita que funcionó dentro del propio engranaje judicial.
Santiago Graffigna, Horacio Alday y otros imputados, entre ellos exfuncionarios, peritos y profesionales, quedaron condenados por fraude, estafa y asociación ilícita. Aunque ninguno fue a prisión inmediata, puesto que el fallo no está firme, las restricciones, inhabilitaciones y el impacto político del fallo fueron enormes.
Como era de esperar, el caso no terminó con la sentencia, sino que tuvo consecuencias inmediatas, aunque no en el proceso judicial, sino con una disputa impensada. La sanción impuesta al abogado defensor de Graffigna -Marcelo Fernández- desató una polémica institucional inédita: penalistas denunciando “disciplinamiento”, jueces hablando de ataques a la independencia judicial y un Colegio de Magistrados que salió a defender al tribunal. El fallo histórico derivó en una guerra abierta entre actores del sistema judicial.
La causa por la muerte de Lucía Rubiño, la adolescente atropellada el 15 de octubre de 2023, fue otro de los expedientes que encendió los ánimos. El sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, hijo de un juez federal, Hugo Echegaray, desató una tormenta política y social.
La fiscalía pidió su desvinculación, luego de que la pericia marcara que el imputado no tuvo responsabilidad en la tragedia, y el juez de Garantías avaló el pedido. La querella denunció arbitrariedad, anunció que apelará y habló de privilegios. Afuera, en las escalinatas de Tribunales, más de 150 personas se manifestaron contra la decisión, señalando al joven y al magistrado que lo benefició.
Aunque el principal imputado sigue siendo el menor que conducía el vehículo que atropelló a Lucía, la sensación de desigualdad ante la ley quedó instalada. La causa todavía no está cerrada, pero ya se convirtió en uno de los casos más sensibles y observados por la sociedad sanjuanina.
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