Después de que un ex candidato a diputado departamental denunciara al ex intendente de Jáchal por malversación de fondos, la Justicia rechazó la presentación y desvinculó a Miguel Vega de las sospechas, al igual que a los otros funcionarios de su gestión que estaban en la mira.
Es que el fiscal de la UFI Norte, Gastón Salvio, desestimó la denuncia impulsada por Jorge Morales por malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes del funcionario público. El funcionario del Ministerio Público manifestó en su resolución que no se encontraron actos ilegítimos en los funcionarios y aseguró que no estaban forzados por ley para dar explicaciones sobre la utilización del Fondo Anticíclico del municipio.
"No existe una obligación legal en la contestación de un pedido de informes por parte del Consejo Deliberante (en relación al uso y/o gasto financiero de una cuenta), de acompañar documentación respaldatoria ni extractos bancarios que demuestren movimientos contables", sostuvo.
La denuncia señalaba que las autoridades municipales usaron la totalidad del Fondo, que para enero de 2023 era de $371.308.792,86, para obras de pavimentación, erradicación de letrinas, compra de módulos habitacionales, entre otros. Mientras que sostenía que el fondo se creó “con el objeto de prever situaciones económicas – financieras con efectos negativos y produzcan la caída de los ingresos fiscales producto de ciclos económicos adversos”.
Además, el fiscal enunció: "Este Ministerio no desconoce el deber constitucional que tiene todo funcionario público de informar, por aplicación del principio de la publicidad de los actos de Gobierno como elemento esencial del sistema republicano; pero en el caso traído a estudio no se omitió informar, sino que al parecer la información brindada no cumplió con las expectativas del denunciante o de algunos concejales, ya que en el escrito de denuncia se manifestó que la misma fue genérica y/o con pocos detalles".
Es por ello que al no existir delito en el ejercicio de las funciones por parte de Vega y Máximo Páez, secretario de Gobierno; Rubén Rueda, secretario de Hacienda y Finanzas; y Mauricio Muriel, secretario de Obras y Servicios, desestimó la denuncia impetrada en los términos del artículo 249 del Código Penal.
En relación con la acción interpuesta y ampliada a los funcionarios (concejales) Cintia del Valle Aballay, Jorge Ortega y Rubén Godoy, el fiscal manifestó que debía seguir el mismo curso y también desestimarse, en virtud de los mismos argumentos expuestos con anterioridad, a los cuales me remito por coherencia jurídica y congruencia procesal.
Según publicó diario Huarpe, el denunciante pidió que se revise la desestimación de la denuncia de corrupción contra el ex intendente de Jáchal.