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SUSCRIBITEEl caso estalló en los medios porque personal de la fiscalía allanó oficinas del Centro Cívico y las imágenes del operativo trascendieron. Con qué argumentos el fiscal Grassi descartó la investigación.
Después de haber estado en el ojo de la tormenta, las empleadas de Desarrollo Humano que estaban sospechadas de destruir documentación fueron desligadas de la causa penal que las tenía bajo la lupa tras confirmarse que no cometieron ningún delito. Así lo resolvió el fiscal Iván Grassi, quien desestimó la promoción de la investigación contra Graciela Armand y Fabiana Tejada.
Acorde detallaron fuentes judiciales, el funcionario del Ministerio Público desistió de continuar la acusación contra las mujeres en función de los descargos que realizaron las autoridades de la repartición y la documentación hallada, ya que n había nada que incumpliera con ninguna normativa.
Las conductas de las entonces sospechosas no constituyeron una afección a ningún bien jurídico protegido y, por tanto, desde la Unidad Fiscal de Delitos Especiales desecharon el caso con una resolución con fecha del 16 de febrero. En palabras más simples, se confirmó que no hubo delito por parte de las sospechosas defendidas por Agustín Idemi y Guillermo Toranzo.
Sin perjuicio de ello, de encontrar alguna irregularidad administrativa, el fiscal Grassi manifestó que tal cuestión debería ser resuelta en el ámbito correspondiente, como así también deberá ser evaluado por las autoridades que entienden en el tema.
A pesar del revuelo que se generó, cuando el 3 de enero de este año personal de la fiscalía irrumpió en las oficinas del Centro Cívico para allanarlas y secuestrar documentos, el expediente no había sido formalizado. Es decir, la ex funcionaria y la empleada que estaban bajo la mira nunca fueron imputadas por un delito, ni tampoco debieron sentarse en el banquillo de los acusados frente a un juez de Garantías.
Todo ocurrió en las oficinas de la cartera social, cuando Tejada y Armand fueron observadas en una actitud que generó sospechas. Las mujeres habían explicado que se encontraban sacando sus pertenencias para desocupar el sitio para el nuevo personal que allí cumpliría funciones. Sin embargo, su contestación no resultó suficiente y dos funcionarios -la subsecretaria de Emergencia y Políticas Alimentarias, Gabriela Rodrigo y el secretario de Promoción Social, Ramiro Pavone- activaron el proceso judicial.
En un principio intervino Flagrancia, aunque más tarde y frente a la sospecha de la naturaleza del delito, fue la UFI Delitos Especiales la que tomó las riendas del asunto. Finalmente, las bolsas de consorcio llenas de papeles contenían nada más que basura.
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