Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE El caso del cura Walter Bustos, que desató una guerra impensada entre la Iglesia y la Justicia por el allanamiento en el Arzobispado, también dejó en el ojo de la tormenta a un sacerdote sanjuanino, de alto perfil y mano derecha del obispo. Se trata del Presbítero David Gómez, quien fue el encargado de investigar para la institución religiosa los abusos denunciados en Valle Fértil.
Su primera aparición mediática por la causa de Bustos ocurrió días atrás, durante la conferencia de prensa que ofreció el Arzobispo Jorge Lozano y sus abogados. Allí reconoció haber sido él quien llevó adelante el Proceso Penal Canónico y que debió guardar secreto sumario, no sólo por las leyes penales que regían en ese entonces en el país, sino también por las regulaciones de la propia Iglesia que impone silencio mientras dura el proceso.
Pese a haber dado la cara y haberse expuesto a las preguntas de los periodistas, no fue la primera vez que afrontó las cámaras. Y es que en otras oportunidades oficializó como vocero de la Arquidiócesis San Juan de Cuyo por diversas actividades de su comunidad, aunque también lo hizo como un ciudadano más que concurre a manifestaciones.
En febrero de 2015, el padre David Gómez encabezó una protesta en la que reclamaba justicia por Alberto Nisman, a un mes de su misteriosa muerte. Vestido de sacerdote, tomó la palabra y leyó una carta firmada por Monseñor Alfonso Delgado, en la que se pedía por el eterno descanso del fiscal.
Además de figurar en la nómina de sacerdotes de la provincia (Bustos no aparece, quizás por la suspensión), su nombre se encuentra dentro de Curia Arquidiocesana liderada por el Obispo Lozano y lleva el rótulo de Vicario Judicial.
En julio de 2022, monseñor Lozano lo eligió de entre los sacerdotes miembros del Consejo Presbiteral para formar parte del Colegio de Consultores, lo que sería una innovación del Código de Derecho Canónico y un grupo más reducido en el que fuera más sencillo reunirse y con el que el obispo diocesano tratara los temas más reservados.
Como juez instructor del Tribunal Diocesano, Gómez fue designado para investigar internamente el caso que se expuso contra Walter Bustos. Acorde la instrucción del Ministerio Público, fue quien se reunió con la presunta víctima para tomarle la denuncia formal ante la Iglesia, una confesión manuscrita de parte del adolescente.
También fue quien, según el expediente judicial, le tomó declaración a Bustos cuando se encontraba tras las rejas en el Penal de Chimbas. Fue quien llevó adelante el Proceso Penal Canónico y por tanto, no sólo contó con testimonios para la creación del legajo que fue enviado al Vaticano, sino también arribó a conclusiones. Sin embargo, ni él ni otras autoridades acudieron a la Justicia.
A su defensa, aseguró que no estaba obligado por el Código Penal Argentino a denunciar el hecho en fiscalía y que estaba forzado por sus propias reglas a guardar silencio, hasta que existiera una resolución desde Roma. Es por ese rol, dentro de toda la trama, que quedó en el ojo de la tormenta y el fiscal Mario Panetta analiza si lo hará declarar como testigo o, bien, lo hará como posible imputado.
Consultado por este diario, Panetta evitó referirse a la posible comisión de un delito de parte de Gómez y cualquier otra autoridad eclesiástica. "No se puede hablar de una figura penal por el momento", aseguró. No obstante, según Diario de Cuyo, fuentes allegadas al caso dejan la puerta abierta a una presunta coacción de parte de aquellos que se reunieron con el denunciante.
Según el chico que radicó la denuncia finalmente en la Justicia, Gómez y compañía le hicieron jurar por la Biblia que guardaría silencio. Pero, en la conferencia de prensa, los implicados aseguraron que eso no sucedió así y deslizaron que quizás el joven malinterpretó la situación porque quienes debían callarse eran ellos -como lo obliga el proceso- y dijeron que, por lo único que se juró en esa oportunidad, "fue por decir la verdad".
El nombre de Gómez, que cumpliría funciones en Santa Lucía, apareció también entre los curas que hicieron una vaquita para pagar el abogado defensor de Bustos. En el allanamiento de la fiscalía, encontraron los registros de la recaudación de fondos que habían hecho los religiosos y en la que también se hallaba monseñor Lozano.
Fue condenado a un año y 8 meses de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple y, por tanto, debía quedar en libertad. Sin embargo, como la nueva denuncia contra el sacerdote irrumpió durante el juicio, por esa causa se dictó prisión preventiva por 45 días hace un mes atrás y fue a parar tras las rejas, en la Seccional 2da.
Este jueves, su abogada Sandra Leveque peleará ante el Tribunal de Impugnación para que su patrocinado recupere la libertad antes del tiempo estipulado por el juez de Garantías Diego Manuel Sanz.
Contenido especial