Cuál es la prueba que puso en pie de guerra a la Iglesia con la Fiscalía

Se trata de un escrito de puño y letra que redactó el denunciante y que se hallaba guardado en los archivos de la Iglesia. Ese papel, que fue secuestrado en el procedimiento judicial, es la evidencia que demuestra que las autoridades eclesiásticas tenían conocimiento sobre el presunto abuso de Bustos. Sin embargo, no acudieron a la Justicia para denunciarlo.

Monseñor Jorge Lozano se mostró molesto por el proceder del fiscal de CAVIG, Mario Panetta, y firmó el acta del procedimiento en disconformidad. Además expresó, a través de un comunicado, que la Iglesia siempre estuvo a disposición de la Justicia y que de una forma más cordial los funcionarios del Ministerio Público habrían conseguido los documentos requeridos.

Fue por ello que el Fiscal General, Eduardo Quattropani, arremetió con un comunicado en el que manifestó que el disgusto que expresó la autoridad religiosa "se hubiese evitado poniendo, espontáneamente, a disposición de la investigación, la documental en cuestión, así como el testimonio de quienes tuvieron conocimiento de la ocurrencia de hechos relevantes".

Según informaron fuentes judiciales, la carta del denunciante narra cómo era el vínculo entre el joven y el sacerdote. El documento formaba parte de la investigación interna que la Iglesia había iniciado (Proceso Penal Canónico) tras conocer la situación. También había declaraciones testimoniales, como las del propio Bustos, e incluso conclusiones a las que había arribado el instructor de la investigación, el Presbítero David Gómez, designado como el juez eclesiástico del proceso.

Todo ello se encontraba en un legajo, con actas firmadas y fechas consignadas. Es por eso que fue secuestrado por los fiscales del caso y por estas horas el material está siendo analizado por los agentes del MPF.

Lozano, que sostuvo el enfrentamiento en la conferencia de prensa del lunes por la mañana con declaraciones contra la Fiscalía, indicó que esa información estaba lista para ser presentada. No obstante, previamente, los investigadores desconfiaron de la autoridad religiosa y dieron marcha al allanamiento.

Ahora bien, ¿sabía el fiscal con qué podría encontrarse?; ¿le solicitaron información al Arzobispado y la entidad se negó a brindarla? Las fuentes consultadas aseguraron que el escrito de puño y letra fue todo un hallazgo y el fiscal Panetta desconocía su existencia. Explicaron que, si bien a través del relato de la presunta víctima y de un testimonio importante se sospechaba que podrían haber documentos concretos de la cuestión, recién tuvieron la certeza en el allanamiento.

Las fuentes señalaron que para Quattropani, al igual que para Panetta, la supuesta colaboración de la Iglesia difiere con las pruebas encontradas y son una muestra de todo lo contrario, ya que con tanta información en ningún momento se acercaron a una fiscalía para denunciar el hecho, aún cuando las leyes ya habían cambiado y tenían el marco jurídico para hacerlo.

"Mientras se lo investigaba a Bustos por el abuso en el seno familiar, esa información habría sido valiosa para la instrucción de la causa. Sin embargo, decidieron no darla a conocer", remarcaron las fuentes. Al mismo tiempo, recordaron que la investigación canónica avanzó sin problemas, al punto que fueron a tomarle declaración al cura cuando se encontraba preso -con prisión preventiva- en el Penal de Chimbas.

A su defensa, el abogado del Arzobispado, Rubén Lloveras, argumentó que por disposición del Derecho Canónico, las partes implicadas en la investigación interna estaban impedidas de acudir a la Justicia, ya que el proceso requiere secreto sumario de parte de los actuantes. En otras palabras, sus leyes eclesiásticas se contraponían con las leyes penales que rigen en el país.

La fecha que no cierra y ¿un escándalo en puerta?

Lo que por estas horas resulta curioso para los investigadores es la fecha del manuscrito del denunciante que fue incautado en el allanamiento. "La fecha no parece original", destacaron las fuentes sobre la "confesión" de la presunta víctima de abuso fechada el 24 de octubre de 2018.

Pero, ¿por qué hace ruido? Es que casualmente, un día después, el 25 de octubre de 2018, entraba en vigencia la ley que obliga a todos los ciudadanos argentinos a denunciar los abusos sexuales contra menores. Antes de esa fecha, no era una obligación y es por ello que desde el Arzobispado argumentaron que no radicaron ninguna denuncia.

Las fuentes confirmaron que hay fuertes sospechas de que esa fecha fue agregada y, por tanto, la Justicia se valdrá de los conocimientos de un perito, un especialista en caligrafía, para confirmar o descartarlas. "No se puede hablar de una figura en penal, lo que sí hace ruido y por eso se indagará al respecto", dijeron.

Si bien las fuentes evitaron hablar de la comisión de un delito como obstrucción de la justicia, sí destacaron que en la Iglesia no estaban obligados a denunciar el abuso en la Justicia, pero tampoco estaba prohibido y se preguntaron: "¿Y si al momento en que Bustos recuperaba la libertad, con los conocimientos que tenían las autoridades religiosas, volvía a cometer un abuso? ¿Se podría hablar de complicidad?"