La Justicia sanjuanina volvió a condenar a Alejandro Nahuel Pérez Molina, un sujeto que ya había sido castigado en 2022 por delitos vinculados al uso de material de abuso sexual infantil. Esta vez, la jueza Flavia Allende lo halló culpable tras un juicio en el que se expusieron pruebas contundentes sobre la tenencia y distribución de contenido de extrema gravedad, en los que aparecían niños y bebés, y le impuso una pena única de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Si bien la fiscalía había solicitado 9 años de pena, la magistrada que declaró al imputado autor penalmente responsable de los delitos de distribución y tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, agravados por involucrar a víctimas menores de 13 años, le rebajó la pena dos años.
En un primer término, se le fijó una pena de 6 años de cárcel, pero el fallo también revocó la condena condicional de un año que había recibido en junio de 2022 por un hecho similar. De esta manera, ambas penas fueron unificadas en una condena única de 7 años, que deberá cumplir en el Penal de Chimbas.
Además, el tribunal dispuso su inhabilitación absoluta, el decomiso de los dispositivos electrónicos secuestrados, entre ellos celulares y una computadora, y el mantenimiento de las medidas de coerción hasta que la sentencia quede firme. También rechazó el pedido de reparación del daño formulado por la fiscalía, por lo que será interesante conocer los fundamentos del fallo que serán expuestos el próximo 13 de mayo.
El caso había llegado a juicio tras una investigación encabezada por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, con el fiscal Guillermo Heredia al frente, acompañado por Federico Pereyra y Federico Martínez. En el arranque del debate, el representante del Ministerio Público Fiscal describió el contenido hallado como “aberrante”, al revelar que el acusado poseía un verdadero “arsenal” de imágenes y videos de explotación sexual infantil, incluyendo material que involucraba a bebés.
La pesquisa se inició en octubre de 2024, luego de que el sistema de monitoreo internacional detectara el envío de dos videos con contenido ilegal a través de Instagram. A partir de allí, los investigadores lograron identificar la dirección IP del sospechoso y avanzar con allanamientos autorizados judicialmente.
Durante esos operativos, personal policial incautó dispositivos que, tras ser peritados, revelaron la existencia de más de 1.500 archivos de abuso infantil, entre fotos, videos y dibujos. Según la acusación, el material estaba almacenado con fines de distribución, incluso mediante aplicaciones fuera del circuito de control internacional.
El juicio también puso de relieve que Pérez Molina habría mantenido conversaciones con presuntos menores, haciéndose pasar por adolescente para solicitar imágenes íntimas. Sin embargo, esa línea investigativa no prosperó judicialmente por no haberse podido acreditar la identidad de los interlocutores.
Con esta nueva condena, la Justicia endureció su respuesta frente a un imputado reincidente en delitos de extrema gravedad, cuya conducta ya había sido objeto de una sanción previa que no logró evitar la reiteración delictiva.
