Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEl acusado fue declarado culpable por disparar contra una casa donde había una mujer y sus hijos, arrojar una bomba molotov y tener un arma ilegal. La Justicia revocó una pena anterior y deberá cumplir un año y seis meses de cárcel efectiva.
Un grave caso de violencia armada ocurrido en el departamento Chimbas terminó con una condena de cumplimiento efectivo para Lucas Felipe Molina, quien fue hallado penalmente responsable por una serie de ataques contra una vivienda en la que se encontraban una mujer y sus dos hijos menores de edad.
El fallo se conoció este 15 de enero, cuando el juez de Garantías Mariano Carrera hizo lugar al acuerdo de juicio abreviado presentado por el Ministerio Público Fiscal y dictó sentencia contra el imputado, en el marco de una audiencia de revisión de medida cautelar.
Según se acreditó en la investigación, el primer hecho ocurrió el 7 de noviembre de 2025, cerca de las 22 horas. Andrea Terrera se encontraba en su casa del barrio Los Toneles, en Chimbas, junto a sus hijos, cuando escuchó al menos siete disparos de arma de fuego frente a su domicilio. Al mirar por la ventana, observó una motocicleta roja y negra con dos ocupantes, identificados luego como los hermanos Molina. Los proyectiles impactaron contra la ventana y la puerta de ingreso, atravesaron el interior de la vivienda y provocaron daños en una pared y un espejo.
El segundo episodio, aún más grave, se registró el 16 de noviembre alrededor de las 3:50 de la madrugada. Terrera volvió a ser víctima de un ataque cuando un sujeto en motocicleta arrojó una bomba molotov y efectuó disparos contra el frente de su casa, generando un foco de incendio. Vecinos señalaron directamente a Molina Lucas como el autor, quien se dio a la fuga en una moto Daelim roja. Los disparos atravesaron una ventana e impactaron en la pared de la cocina.
El tercer hecho que complicó la situación judicial del acusado se dio el 28 de noviembre, durante un allanamiento en una vivienda del barrio Valle Grande, en Rawson. Allí, personal policial secuestró un pistolón calibre 32, apto para el disparo, que se encontraba en poder de Molina. El arma no estaba registrada y el imputado no figuraba como legítimo usuario, según el informe del RENAR.
Con todas estas pruebas, la Justicia lo condenó a un año de prisión efectiva por amenazas agravadas por el uso de armas, daños y tenencia ilegal de arma de fuego. Además, el juez resolvió revocar una condena condicional previa dictada en septiembre de 2024 y unificar ambas penas, por lo que Molina deberá cumplir una pena única de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
La causa fue investigada por la fiscal Daniela Pringles, quien subrogó al fiscal Achém, junto a la ayudante fiscal Belén Sánchez y la auxiliar Micaela Fernández. El fallo puso fin a un caso que mantuvo en vilo a los vecinos de la zona por la violencia de los ataques y el riesgo al que fueron expuestos una mujer y sus hijos.