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SUSCRIBITEEl hecho está en manos de la Justicia, pero todavía no hay denuncias formales radicadas. El caso ocurrió este domingo en un conocido local bailable ubicado por Avenida Libertador.
Imagen ilustrativa
La Justicia provincial investiga los entretelones de la clausura de una fiesta presuntamente clandestina que tuvo lugar este domingo por la mañana en un reconocido boliche de Avenida Libertador, en Capital. El procedimiento, que terminó con el desalojo de alrededor de 100 personas cerca de las 11:00 horas, derivó en una trama compleja que ahora incluye acusaciones cruzadas de violencia y el secuestro de material fílmico clave.
Según fuentes vinculadas al caso, el operativo policial se inició tras constatar que el establecimiento continuaba funcionando fuera del horario permitido bajo la modalidad de "after". Al momento del arribo de los efectivos, un centenar de jóvenes permanecía en el interior del local bailable; según el parte policial.
Lo que comenzó como un acta de infracción y posterior clausura derivó en incidentes que alteraron la calma de la mañana dominical. De acuerdo con las primeras informaciones, la tensión escaló rápidamente entre los uniformados y los asistentes al evento, dejando un saldo de presuntas lesiones en ambas partes.
La novedad más relevante en las últimas horas gira en torno a las medidas de prueba ordenadas por los investigadores. Se han levantado las cámaras de seguridad del local con el objetivo de realizar las pericias correspondientes y reconstruir, paso a paso, cómo se desencadenaron los hechos dentro y fuera del boliche.
El análisis de estos videos será fundamental para determinar la veracidad de las dos versiones que hoy se contraponen. Se investigan las supuestas lesiones que habrían sufrido algunos de los agentes de la fuerza de seguridad durante el desalojo y la resistencia de los presentes. También se presume la existencia de apremios ilegales por parte del personal policial en perjuicio de un joven que se encontraba en el lugar.
El joven civil involucrado asistió al médico legista de la UFI CAVIG (Unidad Fiscal de Investigación de Capital, Atención a la Víctima y de Género) para hacer constatar sus lesiones físicas. Hasta el momento, el resultado de dicho informe todavía no se dio a conocer.
A pesar de la gravedad de las acusaciones institucionales y civiles, desde el ámbito judicial expresaron de manera oficial que todavía no hay ninguna denuncia formal radicada por ninguna de las dos partes intervinientes.