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Naranjo vs. Fornasari

A 16 años de la historia de película que sacudió a San Juan, ¿qué pasó con las causas inconclusas?

Todo comenzó con un brutal ataque, una víctima que sobrevivió de milagro y una guerra judicial que todavía no termina. Tres causas abiertas, parsimonia judicial y uno de los involucrados ¿prófugo?

Por Luz Ochoa 27 de mayo de 2022 - 06:55

Un 27 de mayo como hoy -pero de 2006- sucedía uno de los ataques más brutales de la historia criminal de San Juan, cuando el contador Hugo Naranjo fue sorprendido por dos matones que ingresaron a su oficina céntrica y le propinaron una paliza que lo dejó al borde de la muerte. Sin embargo, sobrevivió y apuntó contra el empresario Eduardo Fornasari que, bajo la sospecha de tentativa de homicidio, pasó 400 días preso hasta que fue sobreseído.

Este violento episodio quedó registrado por los medios de comunicación casi en vivo y en directo, puesto que después de recibir cinco balazos en la frente, el rostro, el cuello, el pecho y en un brazo, y luego de haber sido prendido fuego, Naranjo se dirigió moribundo hasta la vereda (en Mitre 169 Este) y un móvil de televisión que pasaba de casualidad por allí así lo encontró.

El resto fue historia. Las imágenes tras el atentado sacudieron a la opinión pública sanjuanina y ese fue el inicio de una guerra judicial que todavía no termina. Si bien la causa penal por el ataque se cerró con una condena, un sobreseimiento y un suicidio -sí, uno de los agresores se quitó la vida-, quedaron otras causas pendientes que aún no encuentran resolución.

Tiempo de San Juan repasó los acontecimientos que se desencadenaron luego del incidente y habló con protagonistas que detallaron en qué quedaron las investigaciones judiciales sin resolver y que podrían concluir con finales inesperados.

El ataque, un caso cerrado

Está claro que Hugo Naranjo fue el principal damnificado, al menos en un principio. A pesar de haber señalado directamente a Eduardo Fornasari como autor intelectual de un crimen por encargo, ya que mantenían diferencias por negocios, la justicia no logró acreditar tal acusación y el empresario automotriz fue librado de culpa.

Los autores materiales del hecho, el comisario retirado Agustín Alejandro Pereyra y el ex policía Ricardo Páez, fueron rápidamente identificados, aunque sólo uno de ellos recibió una sentencia. 'El Yeta' Páez, acorralado por las pruebas en su contra, apareció ahorcado tres días después en las oficinas de su abogado defensor -César Jofré-. Tenía la recomendación de entregarse, pero la presión fue más fuerte y se quitó la vida.

Con una confesión que dejó el ex uniformado en la que sostuvo que él sólo actuó como 'campana' durante el ataque y que 'Pajarraco' Pereyra hizo el trabajo sucio, el juez Guillermo Adárvez procesó a Pereyra y a Fornasari por homicidio en grado de tentativa agravado por alevosía.

El primero llegó a juicio y el 17 de agosto del 2008 los jueces Félix Herrero, Juan Carlos Peluc y el subrogante Arturo Velert, de la Sala II de la Cámara Penal, lo condenaron a 17 años de prisión.

El segundo, por su parte, apeló la decisión de procesamiento con prisión preventiva y el 6 de julio de 2007 recuperó la libertad. Un año más tarde, el 21 de abril de 2008, la Corte de Justicia le dictó falta de mérito y fue sobreseído. Así, Fornasari fue desvinculado de toda sospecha y esto le abrió juego para iniciar sus demandas en la justicia: contra el Estado y el mismo Naranjo.

La denuncia contra Naranjo, sin resolución

Quien primero encarnó el rol de víctima, en un vuelco de 360 grados, se convertiría quizás en el villano de la historia luego de que Fornasari lo denunciara en la justicia penal por estafa. En la causa que se había cerrado, los investigadores señalaban que Naranjo había llevado acciones fraudulentas en perjuicio de Fornasari y por ello éste lo mandó a matar. No obstante esta hipótesis no prosperó en ese expediente.

Donde sí hubo lugar para esa sospecha fue en la causa que Fornasari inició en febrero de 2009 y el entonces Quinto Juzgado de Instrucción de María Inés Rosselot -que investigó la acusación- procesó a Naranjo por administración fraudulenta.

El imputado fue acusado de intentar quedarse con un patrimonio de 5 millones de dólares por el pago mínimo de 200 mil pesos. La firma Escobar Sacifi -encabezada por Fornasari- fundó una sociedad comercial para explotación agropecuaria y crianza de cerdos y, con 5 millones de dólares, compró un terreno de 71 hectáreas en 9 de Julio como base territorial de otras inversiones.

Cuando la empresa Campo Fértil SA vendió sus acciones a Grupo Agropecuario Argentino, supeditando la entrega al cumplimiento del pago de cuotas, el fiscalizador de las operaciones fue Naranjo. El hombre era de confianza y velaría por el cumplimiento del acuerdo, por lo que se le otorgó un poder amplio y absoluto de administración, concediéndole todas las facultades excepto la venta. Sin embargo, esa cláusula misteriosamente fue eliminada y tras ello Naranjo se vendió a sí mismo esa propiedad por apenas 200 mil pesos.

Por ese motivo, Fornasari lo demandó y pidió la nulidad de esa escritura, aunque el denunciado siempre lo negó ya que su firma no figuraba en el contrato de compra-venta. En primera instancia, la justicia lo procesó y la causa fue elevada a juicio. Sin embargo, por una serie de incidentes judiciales, hasta ahora no tuvo fecha de inicio para el debate.

El abogado que representa a Naranjo en esta causa, Cayetano Dara, le dijo a este diario que a fines de 2020 presentó el pedido de nulidad a la Sala I de la Cámara Penal -donde permanece el expediente- y pidió el sobreseimiento de su cliente por prescripción de la acción penal. Como ya pasaron más de diez años, el letrado confía en que la autoridad se expedía pronto al respecto.

Fernando Castro, letrado que representa los intereses del denunciante, le confirmó a este medio que todavía no hay fecha de inicio de juicio ni señal alguna, tras los incidentes que se presentaron a lo largo del proceso.

Consultado por las demoras que se sucedieron desde el comienzo, Dara atribuyó el retraso al sistema judicial sobre todo en el último tiempo, cuando la Sala fue blanco de varias reformas. "Los abogados hacemos nuestro trabajo, no nos pueden culpar a nosotros de la parsimonia que hay en la justicia", indicó.

Aunque evitó dar precisiones sobre la actualidad y el paradero de Naranjo, que se fue de la provincia y poco se sabe de él, el abogado defensor aclaró que mantiene contacto con su cliente. Algunas versiones sostienen que se radicó en Chile, en Reñaca, mientras que otras hablan de que su estancia está en Mendoza. Lo cierto es que la causa que lo tiene en la mira y lo transformó en el malo de la película podría caerse por la mora judicial.

Otra causa contra Naranjo, ¿prófugo?

Fuentes allegadas le dijeron a Tiempo de San Juan que Naranjo fue denunciado por no cumplir con el pago que debía a uno de sus abogados e, incluso, que habría sido declarado prófugo por no comparecer en el proceso judicial.

Es que la justicia resolvió una ejecución de honorarios en favor de quien fuere su defensor, el Dr. Javier Cámpora, a quien nunca le habría abonado por sus servicios. Sin embargo, las fuentes indicaron que hasta el momento no se logró que Naranjo salde su deuda, quedando así impune.

La disputa de Fornasari contra el Estado

La tercera y última causa que todavía no halla resolución es la que también impulsó Eduardo Fornasari contra el sistema judicial que lo llevó a estar más de 400 días preso, de manera injusta puesto que nunca se demostró su autoría intelectual en el ataque a Naranjo.

Con el argumento de que el fallo de Adárvez fue arbitrario porque no existían elementos de prueba para encerrarlo tras las rejas durante un año y un mes, el empresario demandó al Estado el 19 de noviembre de 2010 por daño moral y lucro cesante y, el 19 de junio de 2020, el Juzgado Contencioso Administrativo le dio lugar a su reclamo.

La jueza Adriana Tettamanti emitió un fallo en el que le ordenaba al Estado a pagarle una indemnización de 1.185.625 pesos, ya que sostenía que la detención que sufrió Fornasari fue un agravio porque no había elementos de prueba concretos.

Con ese mismo argumento, la Corte de Justicia lo absolvió y también el Fiscal General Eduardo Quattropani respaldó esa decisión, tras señalar que en la instrucción hubo una evidente falta de rigor en cuanto a la prueba indiciaria.

Pese a la decisión de Tettamanti, la Fiscalía de Estado apeló la sentencia y, en septiembre del año pasado, la Sala IV de la Cámara Civil rechazó la condena al Estado por la detención de un empresario.

Los jueces entendieron que la prisión preventiva a Eduardo Fornasari no fue irregular ni arbitraria, como sí lo sostuvieron las autoridades penales, y que el año y un mes que permaneció en el Servicio Penitenciario fue un tiempo que no excedió el plazo razonable de dos años.

Tras el revés de la Cámara Civil, Fornasari acudió a la instancia superior. No obstante, la Corte no se expidió sobre el tema y será esa la autoridad que tenga la última palabra al respecto.

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