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SUSCRIBITE El caso que tenía en la mira a un inspector de la Municipalidad de Caucete, acusado de pedir coimas para no multar a vecinos del barrio Ruta 20, ofreció un giro inesperado para la Fiscalía que había solicitado 3 años de prisión efectiva, ya que la jueza de Garantías lo absolvió de los cargos que le imputaban.
Según explicó el abogado defensor de Eduardo Orozco, Leonardo Villalba, fue un planteo que él realizó lo que habría sido determinante para que su patrocinado quede librado de toda sospechas. Si bien los fundamentos de la sentencia que dictó la jueza Gema Guerrero se conocerán el 2 de marzo, para el letrado fue la ausencia de los tres denunciantes en el debate lo que pesó.
Antes de conocer el fallo, Villalba cuestionó que las tres supuestas víctimas no estuvieran en las audiencias del juicio, puesto que no pudo interrogarlas y ello, acorde destacó en los alegatos, afectó el ejercicio de la defensa de su defendido y "violentó el debido proceso".
Además, remarcó que ninguno de los testigos que sí declararon en el debate oral que se desarrolló en las salas de audiencias de Tribunales complicó a Orozco. "En los testimonios todos dijeron que no habían escuchado que Orozco pedía coimas", indicó.
Fuentes judiciales apuntaron que para que haya una sentencia en contra de un acusado, se tiene que vencer con pruebas el estado de inocencia que prevalece sobre todos al principio de una investigación, dado que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. "En este caso puntual, fueron más que incongruencias en los testimonios", señaló una fuente allegada.
En los argumentos formales de la magistrado que se conocerán el próximo mes se sabrá a ciencia cierta cuáles fueron los motivos que la llevaron a absolver al ex empleado municipal de Medio Ambiente denunciado por el delito de exacciones ilegales.
El fiscal Francisco Micheltorena, de la UFO Nº4 de Delitos Especiales, advirtió que analizarán los fundamentos y luego decidirán si impugnan el dictamen o no. En caso de apelar, la causa recaería en manos de un juez de Impugnación que puede respaldar a la jueza de primera instancia y descartar su fallo.
Orozco había sido denunciado por los vecinos a quienes supuestamente les había exigido una suma de dinero a cambio de no labrarles multas por cometer infracciones con la poda del arbolado público. Según su relato, el inspector les pedía 2 mil pesos para no accionar en su contra. Si bien fueron dos vecinas las que lo denunciaron en la Comisaría 9na, cuando se abrió la investigación, una tercera persona sumó una la acusación.