Tal como se preveía, el juez Pablo Flores, a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción, será indagado por el su par Juan Pablo Ortega, del Primer Juzgado Correccional -por pedido de la fiscal Claudia Salica-, por el delito de incumplimiento en los deberes de funcionario público.
Pidieron que sea indagado después de que se conociera que fue él quien entregó el vehículo secuestrado -una Toyota Hilux- al comisario Padilla, actualmente preso por el supuesto uso indebido de esa movilidad, a la que utilizaba, no sólo para realizar cuestiones típicas de sus funciones, sino también para sus actividades personales.
Desde el Ministerio Público Fiscal creen que el juez Flores se la cedió de manera irregular, que paralizó la investigación que había entorno a ese vehículo y que, además, no envió las actuaciones investigativas al fuero Federal, como lo debería haber hecho. Por ello, el juez Ortega será quien decida si el titular del Segundo de Instrucción deba ser juzgado por un Jurado de Enjuiciamiento compuesto por un miembro de la Corte de Justicia provincial (Horacio de Sanctis), dos abogados (Guillermo Medawar y Miguel Dávila Saffe) y dos diputados provinciales, Pablo García Nieto y Amanda Díaz.
El juez del Segundo Juzgado de Instrucción quedó en el ojo de la tormenta después de que el comisario Gustavo Padilla afirmara que fue el propio juez Flores quien le entregó esa camioneta por la cual ahora está detenido. Es una Toyota Hilux que estaba en el depósito judicial de 9 de Julio y que la tenía el jefe policial, supuestamente, para uso personal. Por esto último fue que lo denunciaron. Y el juez Juan Pablo Ortega, del Primer Juzgado Correccional, ordenó detener al comisario Padilla y secuestrar el rodado por los presuntos delitos de falta a los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad.
El cuestionamiento surgió porque solamente la Corte de Justicia es la que autoriza y entrega vehículos secuestrados en calidad de depositarios judiciales a particulares o personas ajenas a la causa original –por la cual incautaron ese rodado-. En este caso, no fue así y el juez Flores aceptó que salteó ese trámite. “Debo decir, y asumo como tal, que hubo un paso o una autorización que debía pedir a la Corte de Justicia y no lo hice. A mí se escapó hacer ese trámite y salió esa resolución de depositario. Pero no se ha causado un perjuicio a nadie. Es cierto que cometí una falta y sobre la cual tendré que responder, pero no se perjudicó a ninguna persona. Es más, es una decisión revocable o inclusive, llegado el caso, la Corte de Justicia puede ratificar lo que hice por las razones que justificaron la medida”, explicó el juez a este medio.