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SUSCRIBITE No se descarta que en la escuela María Luisa Villarino del Carril hayan adulterado un acta con la supuesta intención de ayudar a la maestra jardinera Cecilia Márquez (44), denunciada por dos casos de abuso sexual a niños de una salita de nivel inicial de un aula vecina a la suya.
Se trata de un acta que hicieron en la escuela ubicada en Sargento Cabral y Paula de Sarmiento el día de la detención. Al documento lo hicieron circular por entre los padres para que firmaran. Y luego la entregaron a la justicia para demostrar la opinión positiva que en la comunidad educativa tenían sobre la docente.
Pero grande fue la sorpresa en el Tercer Juzgado de Instrucción cuando uno de los padres dijo y aseguró en el juzgado de Guillermo Adárvez que él nunca dijo opinar que Cecilia Márquez tenía "una imagen intachable".
Si bien reconoció su firma entre la de los padres, el hombre dijo que él nunca habría firmado ese contenido porque había tenido problemas con la maestra Márquez por el trato que tenía para con los niños y para con su hijo. Y aseguró que por ese motivo lo sacó de la salita que tenía a Márquez como maestra y lo llevó a otra.
El padre dijo que todo eso puede probarse porque está documentado en la escuela.
De esa manera, el padre despertó un mar de dudas en el Tercer Juzgado de Instrucción sobre qué fue lo que pasó con esa acta. Y se hacen varias preguntas: ¿adulteraron el contenido? ¿hicieron firmar a los padres y después pusieron lo que quisieron?
El escándalo estalló el jueves 14 de septiembre, cuando la división Seguridad Personal de la Policía llegó pasadas las 13 horas y se llevó presa a la maestra jardinera. Un día después era excarcelada. Y ahora esperan el informe sicológico del centro ANIVI para ver las medidas a tomar en el Tercer Juzgado de Instrucción.
El caso desató una fuerte reacción por parte de los docentes apoyando a la maestra jardinera. Hasta el gremio de los docentes publicó una solicitada repudiando la detención. Y el ministro de Educación dijo sentirse "sorprendido" porque no le habían avisado que iban allanar la escuela.
El caso de la docente siguió el mismo camino que cualquier otro caso de abuso sexual: recepcionaron dos denuncias en el centro ANIVI, el fiscal en turno en el lugar entendió que podía ser un hecho grave y el juez Adárvez ordenó el allanamiento y la detención para asegurarse la comparencia de la sospechosa y evitar que se entorpeciera la investigación.