"Se advierte con meridiana claridad que los encartados
hacían del contrabando una actividad habitual; conducta disvaliosa que ha
quedado prima facie acreditada por la periodicidad con que viajaban a Chile y
la corta permanencia en el vecino país, sin lograr justificar hasta el momento,
el motivo de sus salidas e ingresos, no logrando conmover las versiones
aducidas por el imputado Fernando Reyes”, dice una de las conclusiones del auto
de procesamiento por contrabando agravado que dictó el juez federal Leopoldo
Rago Gallo, a través de la secretaría penal que dirige María Laura Farina,
contra Fernando Víctor Reyes (40), su hijo Gonzalo Gabriel (18), su pareja
Eugenia Inés Senatore (37) y el piloto de motos Gerónimo Alberto Zapata Bacur
(20). Todos están presos y con un embargo de 800.000 pesos cada uno.
Más allá de esa resolución, la investigación federal sigue
abierta y se están tomando medidas, por lo que no se descarta que hayan más
personas imputadas con el avance de la causa.
Ese párrafo del juez federal es la confirmación de uno de
los eslabones sueltos que aún tiene la causa por el contrabando de motos enduro
marca KTM desde Chile hacia San Juan, atravesando la cordillera de los Andes.
Ese eslabón suelto apunta al contacto en Chile que deben
haber tenido los sanjuaninos para poder comprar las tres motos que traían
escondidas en la caja de la camioneta Toyota Hilux, con las cuales intentaron
escaparse de Gendarmería Nacional en Iglesia, después de huir del control de
Aduana en el control del lado chileno.
Sucede que un ciudadano argentino no puede comprar un
vehículo en el país vecino y cruzarlo. En primer lugar, para poder hacer la
compra, debe tener un RUT (Rol Único Tributario), es un número único con el que
se pueden hacer operaciones comerciales.
Si bien es cierto que también hay un RUT para extranjeros
que quieran comercializar en Chile, en el caso de las motos requería de la
intervención de una persona habilitada para hacer trámites de importaciones y
exportaciones. Eso siempre que se quiera hacer la compra y la importación de
una moto legalmente. A todo eso, además, se deben pagar impuestos en ambos
países.
Nada de eso hizo Fernando Reyes, quien llegó a Junta del
Toro, en Chile, diciendo que tenía un mueble en la caja de la camioneta. Cuando
Carabineros levantó la carpa vio que llevaban motos desarmadas. Ahí fue cuando
Reyes, junto a su hijo y a Zapata Bacur, emprendieron una alocada fuga que
terminó al otro día en medio del campo en Bella Vista, una localidad de
Iglesia, y con decenas de gendarmes y policías buscándolos por todo San Juan.
LA PATA CHILENA
Pero un dato es concreto: para poder comprar las tres motos
KTM debieron tener un contacto, una persona en Chile que sí pudiera hacer la
operación comercial.
En el Juzgado Federal están avanzando sobre ese punto de la
investigación.
Por ahora están cruzando información a través de las aduanas
de ambos países y por las fuerzas de seguridad. Pero no descartan tener que
recurrir a la cancillería de ambos países, en el caso de que lleguen a
confirmar la participación de una persona que viva en Chile.
En ese sentido, aún desde Chile no llegó al Juzgado Federal
un pedido oficial solicitando el traslado de los cuatro sanjuaninos procesados
con prisión.
A simple vista no hay un motivo para que Chile avance en ese
sentido: para los chilenos no habría más que una irregularidad comercial por
parte de los Reyes y de Zapata Bacur. Es más, si ellos dejaban las tres motos
cuando fueron descubiertos por Carabineros, simplemente habrían pagado una
infracción y habrían perdido la inversión en las tres motos, pero no habrían
terminado presos y protagonizando una persecución cinematográfica.
Pero por lo que sí Chile podría iniciar una causa penal es
por la evasión agravada y resistencia a la autoridad. En un principio se informó
que habían roto la barrera, pero ahora la información oficial es que
violentaron algunos de los conos puestos sobre la Ruta Nacional 41 del país
vecino. Y se resistieron a la orden de detención de Carabineros.
TARJETAS AZULES
No es la primera vez que Fernando Reyes tenía problemas en
Chile.
El antecedente no es de la magnitud del contrabando de motos
pero sí terminó influyendo. Sucede que en uno de sus numerosos viajes al país
vecino el piloto de rally protagonizó un accidente de tránsito que provocó daños
en el otro rodado.
Su abogado le sugirió que cuando volviera a Chile no
condujera, porque si lo paraban en un operativo de tránsito lo iban a detener y
podían secuestrarle el vehículo para cobrarse la deuda del otro damnificado.
Esa puede ser la explicación a por qué Reyes le había hecho
dar una tarjeta azul a su hijo de 18 años. Y lo que más llama la atención es
que también le hizo dar una tarjeta azul al piloto de motos Zapata Bacur.
Judicialmente presumen que ambos podrían haber sido llevados
por Reyes para conducir la camioneta en Chile.
En ese punto es que también se vio complicada la mujer de
Reyes, Eugenia Senatore: ella firmó las autorizaciones de las tarjetas azules
para el hijo de Reyes y para el conocido de la familia, Zapata Bacur.
Hay otros dos hechos que complicaron a Eugenia Senatore:
como adelantó Tiempo de San Juan, ordenó por teléfono a un chofer Farías de la
empresa de transportes de Reyes que sacara los cuatriciclos que tenían en un
taller sobre calle Pueyrredón y los tirara o los quemara. Es porque no tenían
la documentación de los mismos.
Antes, Senatore recibió un llamado de su pareja Fernando
Reyes, quien le informó que eran perseguidos por la policía.
Esas fueron malas señales de Senatore hacia la justicia
federal. Por esos motivos, más la posibilidad de que entorpezca la
investigación, el juez federal ordenó la prisión preventiva para la mujer,
empleada en una escuela pública.
¿MÁS IMPUTADOS?
El otro motivo que argumentó el juez federal para negar la
excarcelación para los cuatro sanjuaninos es que la investigación sigue y no se
descarta que haya más personas imputadas.
Ante esa posibilidad, y para asegurarse el éxito de la
investigación, ordenaron que Reyes, su hijo, su pareja y el piloto Zapata Bacur
queden privados de su libertad en el pabellón de los detenidos por delitos de
Lesa Humanidad en el Servicio Penitenciario Provincial.
