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SUSCRIBITE Una fiscal se opone a que un presunto pedido de plata por parte de tres policías al padre de Cristina Olivares, la mujer que fue asesinada de 163 puñaladas, quede en la nada con el sobreseimiento, por prescripción o, mejor dicho, por considerar vencido el plazo para investigar y condenar a un sospechoso.
Es por eso que la fiscal pidió a la Corte que revisara el fallo, lo revierta y haga urgente el juicio ya que, si no ocurre antes del 3 de agosto, el caso deberá ser archivado, según fuentes judiciales. Es así que los policías acusados podrían zafar.
Según los investigadores, el caso ocurrió el 23 de mayo de 2006 cuando César Humberto Lucero (49), Fernando Felipe Segura (41) y Alberto Marcos Galdeano (53), trabajaban en Robos y Hurtos. Allanaron la casa de Federico Antonio Olivares, padre de Cristina, en la Villa Constitución, Pocito. Buscaban un televisor robado y no lo hallaron, pero sí un fusil y un rifle calibre 22, y lo secuestraron. Luego Federico los denunció porque aseguró que los efectivos le habrían pedido 1.000 pesos para no armarle una causa por tenencia ilegal de un arma de guerra. Y se habría armado un operativo con un juez y un fiscal para darles 300 pesos marcados. Los tres llegaron a juicio, libres, acusados por el delito de concusión.
Ahora los jueces Ernesto Kerman, Juan Carlos Peluc Noguera y José Atenágoras Vega, de laSala II de la Cámara Penal, debían hacerles juicio, pero dijeron que deben ser sobreseídos por prescripción.
Sin embargo la fiscal Leticia Ferrón de Rago opinó que la causa aún no prescribe porque el plazo estuvo suspendido mientras eran empleados estatales, dijeron fuentes del caso. Los tres imputados fueron policías hasta el 3 de agosto de 2011 y la prescripción se había suspendido hasta ese día por ser funcionarios públicos, trascendió.