El juez Benedicto
Correa, del Quinto Juzgado de Instrucción, inhibió económicamente al abogado
Santiago Raúl Graffigna (55). Es la primera vez en siete años, desde que se
inició el escándalo de las expropiaciones, que la justicia toma esa medida para
con el abogado procesado como presunto jefe de una asociación ilícita integrada
por abogados, ex jueces y funcionarios que inflaban ilegalmente causas de
expropiaciones y mediante sentencias judiciales saqueaban las arcas del Estado
Provincial.
La inhibición
económica implica que de ahora en adelante el abogado no podrá vender nada que
tenga a su nombre como tampoco adquirir algo a su propiedad.
La medida responde
a un planteo del abogado Diego Manuel Sanz, en representación de Margarita
Esquivel, una de las 12 víctimas del abogado Graffigna. Se trata de una humilde
familia del departamento Iglesia a la que Graffigna le sacó ilegalmente el
dinero que el Estado les había pagado por un juicio de expropiación de una
propiedad para la construcción del dique Cuesta del Viento.
Lo más lejos que la
justicia había podido llegar con Graffigna en el plano económico desde el 2010,
cuando nació el escándalo de las expropiaciones por una denuncia hecha por el
gobierno provincial, fueron embargos millonarios, de más de 35 millones de
pesos, trabados a través de los cuatro autos de procesamientos que dictaron
distintos jueces.
El otro avance
económico que le hizo la justicia al abogado Graffigna fue cuando recuperó la
libertad por estar tres años en prisión sin juicio. Para excarcelarlo le
exigieron que pusiera una caución real y el abogado puso la propiedad de su
suegro.
Graffigna se había
declarado insolvente. Pero en el Juzgado Federal lo investigación por una
presunta evasión impositiva. Ésa causa despertó sospechas de que el abogado
tenía fondos de inversión de los que la justicia se podía agarrar.
El objetivo final
de la inhibición económica es que la presunta víctima, en este caso Margarita
Esquivel, tenga de dónde recuperar su dinero en el caso de que Graffigna sea
encontrado culpable en el juicio penal y también en la demanda civil.
