El caso de Jorge Roberto Plaza, el profesor de la Escuela de
Enología preso por cuatro denuncias de abuso sexual en contra de niñas de 11 y
12 años, encendió las alarmas: si bien no tiene condenas firmes por delitos
sexuales, requisito que exige el registro de violadores, en esa escuela y en
Educación advirtieron que no tenían forma de saber si el sujeto tenía o no
antecedentes similares. Eso hizo saltar a la memoria el legislado, vigente y
nunca puesto en vigencia registro de violadores que San Juan tiene desde 2009.
El Registro de Identificación Genética de Autores de Delitos
contra la Integridad Sexual fue creado el 5 de noviembre de 2009. Es la Ley N°
8.062. Se publicó en el Boletín Oficial el 7 de diciembre de 2009, por lo que
entró en vigencia. A partir de ahí, según el artículo 1, era el Poder Judicial
de San Juan quien tenía que organizar y poner en funcionamiento ese registro. Nunca
se hizo.
El espíritu de la legislación era tener un banco de datos
genéticos de las personas con condenas firmes por delitos sexuales. Incluso, se
iba a incorporar los datos genéticos de agresiones sexuales en los que sus autores
eran civilmente desconocidos.
En Mendoza, Córdoba y Salta ese registro funciona. Pero dicen
que no tuvo un buen resultado porque el registro se limitaba a la provincia que
lo tenía y no contemplaba a criminales de otras provincias.
En el 2013 el gobierno nacional sancionó una ley para crear
un registro nacional de violadores. Pero el Ejecutivo nacional nunca lo puso en
práctica.
Ahora el gobierno de Macri reglamentó esa ley. Fue después
del caso de Micaela García, la adolescente violada y asesinada en Gualeguay,
Entre Ríos.
La diferencia entre la gestión kirnchnerista y la macrista
pasaba por la base de datos del registro nacional. Los kirchneristas no querían
el sistema estadounidense y los macristas sí.
Ese sistema se llama CoDIS (Combined DNA Index Systems). Es la
base de datos nacional de Estados Unidos que creó y que mantiene el FBI.
Contiene tres niveles de información: sistema de índice de
ADN locales (donde se originan los perfiles genéticos); sistema de índice de
ADN estatales (permite a los laboratorios de un mismo estado compartir
información); y el sistema de índice de ADN nacional que permite a los
diferentes estados compartir información entre ellos.
La intención del Ministerio de Seguridad de la Nación es que
haya un sistema federal y que todas las provincias adhieran para que haya un
mapa nacional con el ADN de personas con condenas firmes por delitos sexuales.
El fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani, junto al
subsecretario administrativo de la Corte de Justicia de San Juan, Mauricio
Cereso, tienen previsto viajar en los próximos días a Mendoza y a Córdoba para
empaparse del funcionamiento de los registros de violadores para que San Juan
adhiera al registro nacional de violadores.
Hoy en día la provincia cuenta con un gran punto a su favor
que antes no tenía: "El edificio del Laboratorio Forense que hizo la Corte de
Justicia es un lujo nacional. En otros lugares los bancos genéticos funcionaban
en lugares que no reunían los requisitos mínimos para tener el banco genético”,
informó el fiscal Quattropani.
Hoy por hoy Córdoba es la única provincia del país que tiene
los laboratorios y la infraestructura adecuada que le permitió tener
funcionando el sistema estadounidense CoDIS. ¿Podrá San Juan?
