Por Gustavo Martínez Puga
Los presos deberán costearse un teléfono celular o una conexión de telefonía fija para poder usar una pulsera electrónica que ayude a las autoridades a controlar que no se evadan. Es uno de los requisitos indispensables, según precisó a Tiempo de San Juan Matías Hugo De Sanctis, director nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia de la Nación.
El sistema de control electrónico será aplicado en el corto plazo a las personas con prisión domiciliaria. Y, más adelante, harían lo mismo para los que tienen el beneficio legal de las Salidas Transitorias.
La Nación firmó un convenio con la Provincia para proveer 30 pulseras electrónicas en el corto plazo y por un año de duración. El monitoreo estará a cargo de una empresa privada y la provincia instalará el control en el Centro de Operaciones de la Policía de San Juan.
Los únicos presos que legalmente tienen que usar unos de estos dispositivos son los que abusaron sexualmente, de acuerdo a la ley 26.813. Como esa ley entró en vigencia en el 2013, los penados condenados antes de esa fecha no están obligados a utilizar esas pulseras cuando salgan.
En este momento en la provincia hay dos internos condenados por abuso sexual que están en deberían usar las pulseras para poder gozar de las Salidas Transitorias. Ambos tendrían ese beneficio desde agosto próximo, según precisaron en el Juzgado de Ejecución Penal, a cargo de la jueza Margarita Camus.
Para el año que viene, el 2017, son cinco los penados por abusos sexuales que deberían usar un dispositivo electrónico para poder salir provisoriamente de la cárcel.
En este momento son 21 los internos condenados por abuso sexual que deberán usar una pulsera o una tobillera electrónica para poder tener salidas. De ese total, tres son mujeres. Y todos, los 21, abusaron sexualmente de niños.
Pero no solamente la jueza de Ejecución Penal puede autorizar el uso de esas pulseras electrónicas. También lo podrán hacer los jueces de primera instancia que priven a una persona de su libertad al momento de iniciar una investigación y tengan dudas de que vayan a violar la prisión domiciliaria.
Fuera de los penados por abusos sexuales, quienes tienen arresto domiciliario y usarían las pulseras son mujeres que son madres de niños menores de 5 años, discapacitados o ancianos.
"El uso de la pulsera es una herramienta que el juez tiene. No quiere decir que, para los arrestos domiciliarios, estén obligados a usarla. Sí es necesario que el preso tenga energía eléctrica y un teléfono celular o una conexión de telefonía fija en su domicilio”, aseguró Matías De Sanctis.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, agradeció la colaboración de la Nación en la provisión de estos dispositivos y precisó que el sistema de pulseras electrónicas anunciado en octubre pasado "se cayó por su alto costo”.
Las pulseras electrónicas están controladas por GPS y deben funcionar con un aparato fijo que se instala en la casa del preso. La empresa SURELY S.A. fue contratada por la gestión del presidente Macri para la provisión de los dispositivos y el monitoreo.
