Los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo salieron a inspeccionar todos los frentes de obra de la construcción de la red cloacal con la orden precisa de clausurar si los obreros no cuentan con las condiciones de seguridad laboral, informó el Roberto Correa Esbry, a cargo de esa dependencia.
En la última edición gráfica Tiempo de San Juan publicó un relevamiento periodístico en el que quedó a la luz que el caso del obrero muerto en febrero último en Rawson no es un caso aislado: en los últimos 23 años se produjeron por lo menos seis muertes mientras se construía la red sanitaria en distintos puntos de la provincia.
Correa Esbry pidió oficialmente a OSSE que informe cuáles eran todos los frentes de trabajo en los que se están construyendo las cloacas. Con ese listado en la mano, los funcionarios salieron a revisar si los obreros contaban o no con las medidas de higiene y seguridad.
"La intervención es preventiva. No hemos tenido ninguna denuncia previa, pero no queremos que vuelva a ocurrir una tragedia por falta de los elementos de seguridad de los trabajadores. Las empresas son las responsables de esas consecuencias, pero estamos tratando de evitar otra desgracia”, informó el subsecretario Correa Esbry.
Hasta el cierre de la edición las inspecciones que realizaron los inspectores de Trabajo no concluyeron en la suspensión de ninguna obra de construcción de cloacas.
El subsecretario Correa Esbry fue el primer funcionario que confirmó públicamente que los obreros que trabajaban en la obra ubicada en General Acha y Progreso, en Rawson, no tenían los elementos de seguridad para hacer las soldaduras que hacían, a cuatro metros bajo tierra.
Eso provocó que se quedaran sin oxígeno y tres de ellos sufrieran descompensaciones. Uno de ellos murió en esas circunstancias. Se llamaba Rodrigo Sánchez, tenía 24 años y era músico cuartetero.
Su superior inmediato, el capataz Guillermo Ariel Videla, y el supervisor de la empresa LBESA, un ingeniero colombiano que tenía la responsabilidad de controlar a las empresas subcontratadas, son quienes quedaron presos.
Sánchez trabajaba para la empresa puntana Félix SA, cuyo dueño, Rubén Molina, había sido detenido y quedó libre con una fianza de 300.000 pesos.
Los tres imputados penalmente que tiene el caso hasta ahora es por el delito de homicidio culposo, cuya pena es excarcelable.
Por las seis muertes que hubo en 23 años de construcción de cloacas en la provincia, sólo hubo una condena: al capataz de una empresa constructora que en 1993 hacía una red troncal en Paula A. de Sarmiento y diagonal Viamonte, en Capital.
