"La demora es incomprensible e inadmisible. Ahora lo que voy hacer es pedir que se notifique a la familia con anticipación a la liberación de Villegas y que le pongan medidas restrictivas; también voy a pedir custodia policial. Y voy a solicitar al juez que garantice la presencia de Villegas en el juicio y que no se fugue”, adelantó el defensor oficial Carlos Reiloba, quien representa a la madre de las tres víctimas.
Por ahora, Villegas deberá ser puesto en libertad por el juez Benedicto Correa, del Quinto Juzgado de Instrucción, donde está actualmente su causa para ser clausurada y elevada a juicio.
Seguramente ése juez le impondrá a Villegas la prohibición de acercarse a la vivienda de su ex mujer y de sus hijos.
Resta por saber si también pondrán custodia policial a las víctimas, tal como ocurrió la vez anterior, cuando la Corte liberó a Villegas y el Ministerio de Gobierno decidió de oficio poner policías por el temor que tenían en la ex mujer y los hijos de Villegas.
Lo que por ahora no está claro es si le podrán o no poner como medida preventiva el uso de la pulsera electrónica, el sistema que hace dos semanas licitó el Poder Ejecutivo y puso a disposición de los jueces.
La ley 26.813, vigente desde el 16 de enero de 2013, la cual modifica la Ley de Ejecución Penal que rige el cumplimiento de las personas con condenas firmes, obliga a los jueces a poner este tipo de dispositivos electrónicos a los condenados por agresiones sexuales.
La duda en el caso de Villegas es que está procesado, pero no condenado.
Si bien habría jurisprudencia nacional de casos de procesados a los que un juez obligó a usar la pulsera electrónica para controlar el lugar en el que se encuentra, por ahora es un misterio saber qué decidirán con el minero procesado por abusar sexualmente de sus tres hijos.
