INFORME ESPECIAL / BUROCRACIA JUDICIAL

Por segunda vez, liberarán al minero que abusó de sus hijos

Es porque se cumplen los 3 años de prisión preventiva, el máximo legal permitido para tener detenida a una persona sin sentencia firme. La demora: un incidente menor en la Cámara Penal que tardó 7 meses en resolverse. Por Gustavo Martínez Puga
sábado, 17 de octubre de 2015 · 11:52

El viernes 30 de octubre próximo. Ésa es la fecha en que Alfredo Gabriel Villegas Montaño será puesto en libertad por segunda vez injustamente, al menos desde un punto de vista social, no jurídico. Es que el obrero minero de 42 años está procesado por delitos sexuales aberrantes en contra de tres de sus hijos biológicos, pero la justicia sanjuanina no fue capaz de llevarlo a juicio y dictarle una sentencia en el máximo tiempo legal previsto: 3 años.

A continuación una cronología precisa de un caso de burocracia judicial que impacta directamente en la familia de María Angélica Andrada, hija de un desaparecido en la última dictadura militar y ex pareja de Villegas, la madre de las tres víctimas.

El caso de Villegas ya había conmovido a los sanjuaninos: el martes 19 de agosto último, después de estar detenido durante 22 meses, la Corte de Justicia lo liberó al declarar nulo el procesamiento que le habían dictado porque la policía lo había detenido en la Terminal de Ómnibus a las 3.35 del 30 de octubre de 2012, cuando bajaba de una mina, y la orden judicial escrita había sido emitida horas después por el entonces titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, José A. Vega.

LA RE-INVESTIGACIÓN

Aquél sacudón social duró seis días: Villegas fue detenido nuevamente el 25 de agosto de 2014, escondido en un departamento interno de la calle Pedro Echagüe y España, porque la fiscal de primera instancia Teresa Ravetti de Ramet consideró que era peligroso para la investigación que estuviera libre.

Luego, el sujeto fue procesado nuevamente por el juez Benito Ortiz (subrogando el Quinto Juzgado de Instrucción), por delitos muy graves: abuso sexual reiterado, en perjuicio de sus dos hijas mujeres; y abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de su hijo varón.

Eso fue rápido: el auto de procesamiento del juez Ortiz fue dictado el viernes 31 de octubre de 2014, dos meses después de que Villegas cayera preso por segunda vez.

LA SALA II

A partir de ahí fue cuando la causa se estancó. Eso ocurrió en la Sala II de la Cámara Penal, donde el procesamiento llegó el 2 de diciembre de 2014 por la apelación que había presentado el abogado defensor de Villegas, Eduardo Eugenio Flores.

Tras integrar un nuevo tribunal, el cual quedó compuesto por los jueces Raúl Iglesia, Eugenio Barbera y Eduardo Gil, la causa de Villegas se paralizó porque los jueces no se ponían de acuerdo en un incidente al que se puede calificar de menor, si se tiene en cuenta que la cuestión de fondo era el abuso sexual sufrido por tres menores, tal como se probó en Cámara Gesell.

Sucede que el escrito con los argumentos del abogado defensor de Villegas, en el que fundaba los motivos de su apelación, no tenía la firma de ese abogado.

Eso fue advertido por el defensor oficial Carlos Reiloba, quien representa en el proceso judicial a la madre de las tres víctimas como parte querellante, por lo que calificó de "inexistente” el recurso de apelación de Villegas. Eso le permitió solicitar al tribunal de la Sala II que diera por caída la apelación y que dejara firme el procesamiento que el juez Ortiz le había dictado al minero Villegas.

Según fuentes judiciales, había criterios distintos entre los camaristas Iglesia, quien le daba la razón al defensor oficial Reiloba, y Barbera, quien decía que sí era válido el recurso de apelación.

En ese momento, el defensor oficial Reiloba presentó un escrito en la Sala II de "advertencia” de los tiempos en la causa Villegas.

No se sabe públicamente qué fue lo que ocurrió internamente en ese tribunal, pero lo concreto es que tomar una decisión les llevó 7 meses a los camaristas Iglesia, Barbera y Gil. El 10 de julio de 2015 ése tribunal de la Sala II de la Cámara Penal sacó una resolución, con el criterio del camarista Iglesia: declaró inexistente el recurso de apelación y dejó firme el auto de procesamiento.

Como era de esperar, el abogado defensor Flores metió un recurso de casación para ir ante la Corte de Justicia, porque entendía que se estaba afectando el derecho a defensa de Villegas. Ese nuevo recurso tiene fecha el viernes 31 de julio de 2015.

LA CORTE

De ahí la causa de Villegas volvió a subir a la Corte de Justicia. El martes 18 de agosto, el máximo órgano judicial provincial dio por admitido el recurso de queja. Tenía que resolver si la falta de la firma del abogado defensor de Villegas era o no motivo por dar por caída la apelación.

En esa instancia, el defensor oficial Reiloba pidió a la Corte que le diera "prioridad” a la causa de Villegas, por el tipo de delito y porque no iban a dar los tiempos para llegar al juicio con el procesado detenido.

Dos fuentes judiciales, precisaron que la demora en la Cámara Penal irritó a la Corte de Justicia.

El lunes 5 de octubre de 2015, la Sala II de la Corte de Justicia emitió su resolución: le dio la razón al planteo inicial del defensor Reiloba, el cual había terminado siendo aceptado por el tribunal de la Sala II, y declaró "inexistente” el recurso de apelación. De esa forma, el procesamiento inicial del juez Ortiz quedó firme.

El miércoles 14 de octubre último, ésa decisión de la Sala II de la Corte de Justicia, junto a toda la causa de Villegas, volvió al Quinto Juzgado de Instrucción.

LO QUE FALTA

Pero ya es tarde. Muy tarde. El caso Villegas volvió al juzgado de origen a 16 días de que venza el plazo máximo de la prisión preventiva, ya que el viernes 30 de octubre próximo se cumplen los 3 años de que Gabriel Villegas cayó preso, por lo que legalmente no puede estar ni un día más privado de su libertad. La ley 24.660 dice que una persona puede estar hasta dos años en prisión sin una sentencia. Y, en casos excepcionales, se puede prorrogar un año más para casos complejos. Eso fue lo que ocurrió con Villegas. Pero al tercer año de detención sin sentencia firme, se debe liberar al detenido.

Eso le permitirá a Villegas llegar en libertad al juicio por haber abusado sexualmente de sus tres hijos biológicos, debido a que es prácticamente imposible que en dos semanas se den todos los pasos para llegar a una sentencia firme:

*Ahora se debe clausurar la etapa de instrucción (se le debe correr vista a la fiscal Ravetti de Ramte y el juez Benedicto Correa debe emitir una resolución).

*La causa debe elevarse nuevamente a la Cámara Penal. Y un tribunal debe constatar todo lo realizado, comunicarle a las partes y ver qué testigos quieren ofrecer. Y recién luego fijar una fecha para el juicio.

Todo esto sin contar, como ocurrió hasta el momento, que el abogado defensor de Villegas no siga presentando nuevos recursos que dilaten en el tiempo la llegada a juicio de su cliente.

El principal temor que ya se percibe en la familia víctima y en Tribunales: que Villegas se fugue y nunca sea juzgado.

 

Antecedentes

No es la primera vez que la Justicia de San Juan tiene que liberar a personas sospechadas de cometer graves delitos por no haber podido realizarles un juicio en el máximo tiempo legal previsto. Estos son solo algunos casos:

En abril de 2013, los hermanos Ariel y Darío Ríos fueron puestos en libertad por llegar al tercer año en prisión sin un juicio. Estaban acusados de matar a cuchillazos a un hombre. Sin embargo, como no reunieron algunos requisitos, siguieron en prisión.

También en abril de 2013, Antonio Garay Pontoriero también fue puesto en libertad por llevar más de dos años en prisión sin sentencia firme. Estaba acusado de matar a su vecino. Llegó libre al juicio, donde lo condenaron y terminó en prisión.

En octubre de 2013, la Corte de Justicia ordenó liberar a Deolinda Godoy y Gerardo Riveros, por el crimen del niño kevin Borques, por pasar más de dos años sin una sentencia firme. La Sala II les había prorrogado por un año la prisión preventiva, pero la Corte dijo que no era un caso excepcional.

En abril de 2014, Nicolás Agüero y Sonia Romero fueron excarcelados por un tribunal integrado en la Sala II de la Cámara Penal por haber pasado más de dos años en prisión sin sentencia. Estaban acusados de matar a una beba de la mujer. Y antes habían estado 7 meses prófugos.

El fuero federal no es la excepción en estas situaciones. En marzo de 2013, "Manteca” Agüero, un oficial de Policía y un empleado del Poder Judicial de San Juan debieron ser liberados por llegar al tercer año de prisión sin una sentencia.


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