Un perito frenó el escándalo de la coima filmada frente al Centro Cívico

La imagen de un empleado del gobierno escrachado por el lente de una cámara oculta de la Justicia, en el preciso momento que pedía una coima de 20.000 pesos en una confitería, aún no tiene avances en la investigación, a pesar de que pasaron tres meses y medio. Ahora el freno fue pisado por un perito, el cual ya fue intimado oficialmente.
El juez Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción, intimó a un perito del Poder Judicial para que le entregue la desgrabación de las escuchas telefónicas que habían hecho, para poder avanzar con la investigación, según precisaron fuentes judiciales.
Por ahora se desconocen qué motivos tuvo el perito para demorar la entrega de las desgravaciones, para las cuales tuvo tres meses y medio de tiempo para entregarlas y aún no lo hace.
Esa desgravación es importante tanto para el juez Flores como para la fiscal Ana Lía Larrea, ya que en base a ese contenido también podrían hacer preguntas a la hora de que el contador imputado continúe su declaración indagatoria.
Carlos Alejandro Correa había empezado a declarar y fue interrumpido por un cuarto intermedio. Eso fue hasta principios de julio. Luego llegó la feria judicial de invierno en el Poder Judicial y se esperaba que, en cuanto finalizara –el 22 de julio- se retomara esa indagatoria. Pero eso no ocurrió.
Por ese motivo, el juez Flores intimó oficialmente al perito del Poder Judicial que tiene los equipos de audio necesarios para hacer las desgravaciones de las escuchas telefónicas.
Desde la defensa del contador Correa, a cargo del abogado Adrián Riveros, informaron que la voluntad de este empleado de la Tesorería de la Provincia es dar su versión de los hechos.
Desde un primer momento trascendió que Correa, delegado fiscal en el Ministerio de Gobierno, dijo ser víctima de una trampa de la otra contadora imputada, Mariela Fernández Achem. Ésta profesional era contadora del Ministerio de Gobierno y también de una empresa de fumigaciones.
Ambos contadores cayeron por la denuncia del dueño de una empresa que quería prestar servicios en el Servicio Penitenciario Provincial y, según denunció, le pedían una coima de 20.000 pesos para allanarle el camino en la licitación pública.
La denuncia del empresario movilizó al ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, a denunciar el hecho ante la fiscal en turno en ese momento, Ana Lía Larrea. La fiscal se puso en contacto con el juez Flores y ambos organizaron el operativo, que incluyó escuchas telefónicas y cámaras ocultas.
El viernes 14 de junio, al mediodía, Correa fue filmado en una confitería de la avenida España, frente al Centro Cívico, recibiendo el dinero marcado de la coima. En ese preciso momento, la policía interrumpió el acto, lo detuvo y estalló el escándalo.
En horas de la siesta de ese viernes cayó presa la otra contadora, Mariela Fernández, en un allanamiento en su domicilio. Luego la justicia allanó las oficinas del Centro Cívico para secuestrar documentación. Y, días después, ambos contadores fueron excarcelados.
Desde entonces el escándalo de la coima filmada a dos empleados del gobierno empezó a enfriarse. Ahora en Tribunales confirmaron que la demora está dada en que un perito no entrega las desgravaciones de las escuchas telefónicas.

Datos
El juez Flores intimó al perito del Poder Judicial para que le entregue las desgravaciones de las escuchas telefónicas.

Desde principios de julio, cuando empezó a declarar y se pasó a un cuarto intermedio, el contador Carlos Correa espera para poder completar su indagatoria.

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Un perito frenó el escándalo de la coima filmada frente al Centro Cívico

El caso estalló el 14 de junio último. Y todavía el contador imputado, Carlos Correa, delegado fiscal en el Ministerio de Gobierno, no termina de declarar. Un juez intimó al perito. Por Gustavo Martínez Puga

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